Poco se habla todavía en América Latina del acoso sexual en el trabajo,  sin embargo sus víctimas, particularmente numerosas, están perdiendo el miedo a denunciarlo, y en algunos países de la región ya se dispone de leyes para combatirlo

 

Por acoso sexual en el medio laboral la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT) entiende la práctica reiterada de diversas conductas de connotación sexual (en una escala que va desde chistes y piropos a chantajes, asalto y “tocamientos”) por parte de una persona (en especial un “superior jerárquico”) hacia otra que no lo desea. Las mujeres son, de lejos, las principales víctimas de estas prácticas.

 

La OIT estima que entre 30 y 50 por ciento de las trabajadoras han sido objeto en su vida laboral de diversos grados de acoso sexual.

 

Antiguo si lo hay, y arraigado, el fenómeno ha comenzado a ser estudiado (y combatido) a nivel internacional hace relativamente escaso tiempo.

 

En América Latina se están dando recién los primeros pasos en ese sentido. Brasil, Costa Rica y Ecuador son algunos de los países del área que ya han adoptado algún tipo de legislación. Argentina, ubicado al tope mundial en la materia junto a Francia, y Uruguay están en la misma vía.

 

Las últimas mediciones de “nivel de acoso” en el trabajo realizadas por la OIT son viejas, datan de 1996. En ellas se hablaba de una media mundial de dos por ciento, con países que rayaban particularmente alto. En Argentina, más de 16 por ciento de las trabajadoras denunciaban entonces haber sido objeto de diversos tipos de acoso.

 

En otros países se dispone de cifras actualizadas. Es el caso de España, donde un informe del Instituto de la Mujer de Madrid señala que 10 por ciento de las trabajadoras fueron acosadas en su lugar de labor en el correr del último año.

 

En Chile una encuesta reciente realizada bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Trabajo reveló que 20 por ciento de las mujeres interrogadas dijo haber sido acosada “alguna vez” en su medio laboral. La mayoría de los victimarios eran superiores jerárquicos inmediatos.

 

Tanto en Argentina como en Chile se han adoptado o se está a punto de adoptar dispositivos legales para intentar contrarrestar el fenómeno. El Senado argentino ya dio media sanción a un proyecto de ley que incorpora el delito de acoso sexual en el medio académico y laboral al Código Penal.

 

El texto, que será discutido en Diputados en 2007, donde se descuenta su aprobación, castiga a quien, “abusando de una relación de superioridad jerárquica laboral, docente, o de índole similar, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño en el ámbito de esa relación”. Las penas previstas oscilan entre cuatro meses y cuatro años de prisión. La gradación del delito va desde leve (chistes, piropos, acercamiento excesivo) hasta muy grave (tocamientos, chantaje sexual), pasando por grave (insinuaciones reiteradas, pedir sexo desembozadamente sin llegar a la presión).

 

En Chile, el Parlamento aprobó a mediados de 2005, tras once años de deliberación, la incorporación de un capítulo sobre acoso sexual al Código Laboral. Según comentó la Directora Nacional de Trabajo de ese país, Patricia Silva, hubo diputados que objetaron la idea de modificar la legislación porque se “estaría limitando el aspecto cariñoso natural del chileno”.

 

En Uruguay se está todavía muy lejos de adoptar una ley nacional sobre el asunto. La institución pública que más ha avanzado en la materia es la alcaldía de la capital, que en 2003 incorporó la figura de acoso sexual a sus estatutos y está discutiendo un reglamento para el tratamiento de los casos. El Ministerio de Trabajo acaba de lanzarse en esa misma vía, pero consideraciones del titular de la cartera, Eduardo Bonomi, en un seminario realizado pocas semanas atrás en Montevideo, fueron recibidas con molestias por integrantes de organizaciones femeninas y mujeres integrantes del gobierno.

 

Bonomi dijo en ese encuentro que el acoso sexual es más un problema de poder que de género, ya que también hay casos de mujeres “acosadoras” una vez que alcanzan posiciones de jerarquía.

 

Tanto para la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, como para la directora del Instituto Nacional de las Mujeres Carmen Beramendi, si bien en teoría es cierto que el acoso “no tiene género” la realidad lleva a que sean las mujeres las que lo sufren en proporción infinitamente más grande que los hombres.

 

El caso de Chile es ilustrativo al respecto. El 98 por ciento de las denuncias por acoso sexual en el trabajo recibidas en ese país en 2005 provinieron de mujeres.

 

“Cuando entra una mujer a un ambiente de trabajo se considera la entrada de un cuerpo, cuando el que entra se llama Juan es la entrada de un señor llamado Juan”, dijo Beramendi en el seminario, según recogió el matutino uruguayo La Diaria.

 

Arismendi recordó a su vez que cuando era senadora (antes de la asunción del actual gobierno, en 2005) durante diez años intentó que el tema se discutiera en el parlamento, sin éxito alguno y ante la ironía de algunos legisladores hombres.

 

“Tenemos que desnudar un tema que la sociedad oculta”, destacó la ministra y dirigente comunista.

 

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