sociedad

Adiós al trabajo

Alrededor del 30%-40% de las jubilaciones que tienen lugar en España son anticipadas (menores de 65 años). Existe, además, un flujo anual de entre 50.000 y 60.000 prejubilados, cuya situación legal no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico.

 

Viven en una especie de limbo: se han despedido del trabajo, pero lo han hecho a una edad -en torno a los 50 años- a la que no tienen derecho a pensión de la Seguridad Social. En ambos casos, el único delito cometido es el de haberse hecho mayores, ya que, a diferencia de la reconversión industrial de principios de los 80, sus empresas gozan, en general, de una salud envidiable. Estamos, así, alimentando los desequilibrios del envejecimiento de la población: se pierden recursos productivos y la situación financiera del sistema público de pensiones se hace más insostenible.

El secreto de este temprano abandono no se halla en los incentivos financieros. Tampoco responde a un repentino triunfo de la simpática idea del derecho a la pereza. La explicación se encuentra en la presión ejercida por las empresas sobre unos trabajadores de edad avanzada, forzándoles a tomar una decisión, mayoritariamente, en contra de su voluntad. Y lo que mueve a aquéllas a actuar así es el aumento de la competencia, inducido, en este caso, por las nuevas tecnologías y por la globalización de los mercados. A veces se olvida que la lógica de nuestro sistema económico descansa en la maximización del beneficio, lo cual significa que cualquier amenaza sobre los márgenes empresariales debe corregirse reduciendo costes. No deja de ser significativo, a este respecto, el júbilo con que las bolsas reciben los anuncios de expedientes de regulación de empleo.

La diferencia en el caso español reside en que, ante la ausencia de un régimen especifico, se ha transformado en jubilados a quienes son simplemente desempleados. La aceptación social de este artificio no es ajena al apoyo prestado a la idea del reparto del trabajo -sustitución de trabajadores maduros por jóvenes-, que parte del erróneo principio de que la demanda del factor trabajo es fija (es variable, en función del precio). La casuística de las prejubilaciones es muy extensa, dependiendo fundamentalmente de la participación de la empresa en la cobertura económica del trabajador. Aunque la condiciones se han ido deteriorando con el paso del tiempo, por lo general, la empresa, además de la indemnización, se hace cargo hasta la jubilación de las cuotas de la Seguridad Social y de un complemento del sueldo (55%-75% de su valor actual).

Las consecuencias de este estado de cosas no se han dejado esperar: la tasa de participación de los trabajadores de entre 55 y 64 años se ha reducido 25 puntos porcentuales desde 1970. Por otra parte, mientras la esperanza de vida ha aumentado casi ocho años desde 1960, la edad media de jubilación se ha reducido en nueve. Esta tendencia a anticipar la partida del trabajo ha coincidido con un progresivo atraso en la incorporación de los jóvenes al mismo: la edad media de finalización de los estudios se ha elevado tres años desde 1990. A su vez, este acortamiento de la vida laboral tiene lugar en contexto de acelerado envejecimiento de la población: la tasa de dependencia de las personas mayores -de 65 y más años con relación a las que tienen entre 15 y 64- no dejará de aumentar en el futuro; en 2050 será más del doble de la actual.

En el ámbito empresarial, las prejubilaciones han servido para abaratar con fondos públicos el coste del despido o, caso de la banca, para encubrirlo, financiándolo con reservas de libre disposición. A más largo plazo, probablemente lo que se gane en flexibilidad se pierda en compromiso de los trabajadores con la empresa. De momento, dada la holgada oferta de jóvenes cualificados, no parece que esa pérdida haya dañado la acumulación de capital humano. Pero puede que lo haga en el futuro si, como es verosímil, obstaculiza la renovación de conocimientos de una fuerza laboral cada vez más envejecida, cuyo horizonte profesional se reduce a un retiro temprano. Un riesgo agravado por una formación insuficiente, a la que la mayoría de las empresas no dedica más de 10 horas por trabajador y año.

Cualquier solución duradera al despilfarro de las jubilaciones anticipadas requiere, como paso previo, la reforma del mercado laboral. El artificio de hacer recaer las rigideces de este ultimo en el sistema de pensiones no es sostenible a medio plazo. Sólo en ese contexto liberalizador podrá compatibilizarse voluntariamente, sin las cortapisas actuales, trabajo a tiempo parcial y pensión parcial. El paso del trabajo a la jubilación no debe ser un cambio brusco y excluyente, sino una opción de tránsito que permita, a aquellos que lo deseen, seguir aportando su grano de arena al bienestar de la comunidad.

El Correo / COMFIA - CCOO

9 de marzo de 2004