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Según las nuevas autoridades, hasta ahora se contabilizan 342 fallecidos y 95 desaparecidos, y más de 1,2 millones de damnificados. Viviendas destruidas o con daños estructurales superarían las 300 mil y los costos de la catástrofe alcanzan, se dice, los 30 mil millones de dólares. A algo más de un mes del terremoto y maremoto que afectó al país, poco a poco Chile se levanta

El cataclismo evidenció el fracaso del modelo neoliberal. No sólo naufragaron los sistemas de alarma temprana y sistemas de comunicación, colapsaron los servicios básicos en manos de corporaciones privadas y transnacionales. Mientras la Armada negaba el riesgo de tsunami evacuaba sus bases navales de Talcahuano, en la Región del Bío Bío. Una hora después del terremoto -ocurrido la madrugada del 27 de febrero-, la entonces presidenta Michelle Bachelet afirmaba que “no había riesgo de tsunami”. Pero el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alarma para las costas del centro sur de Chile apenas diez minutos después de ocurrido el cataclismo.

Chile no estaba preparado para una emergencia. “Fue elocuente ver a Hillary Clinton entregar un celular satelital en la mano a la presidenta Bachelet. Se han gastado miles de millones de dólares en submarinos y aviones F-16 y no disponemos ni de lo básico para comunicarnos en caso de crisis. Nuestra seguridad nacional está en manos de mercachifles y diletantes”, señala el periodista Francisco Marín, corresponsal de la revista Proceso de México.

Las grandes corporaciones no perdieron ni perderán. Recibirán ingentes subsidios para “la reconstrucción”. En la televisión lavaron descaradamente su imagen. Los millonarios fondos que “donaron” finalmente los descuentan de sus ganancias. Las inmobiliarias y constructoras quedaron al desnudo, pero no hay ningún empresario detenido. “Hubo decenas de edificios destruidos e inservibles, cuya construcción coincide con el relajamiento de las exigencias de constructibilidad realizado en 2005, en el gobierno de Lagos, y bajo la presión de la derecha”, agrega Marín.

Las autoridades sostienen que la tragedia no podía evitarse. Justifican deficiencias e ineptitudes apelando al carácter impredecible de catástrofes como éstas. Pero en marzo de 2007 varios geólogos, incluidos algunos del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, presentaron el artículo “Interseismic strain accumulation measured by GPS in the seismic gap between Constitución and Concepción in Chile”, publicado en el Journal Physics of the Earth and Planetary Interiors. Allí concluían que el área de Constitución y Concepción sería afectada por un terremoto de magnitud 8 a 8.5. El gobierno y quienes podían tomar decisiones o precauciones simplemente no hicieron nada. Tras el desastre, además, de súbito se hizo visible una catástrofe social.

“¿Dónde estaban los ciudadanos de este Chile democrático y moderno? Al parecer, el gobierno no confió en ellos o simplemente de facto reconoció que se trataba solo de una imagen publicitaria. En efecto, en vez de apelar a la ciudadanía, casi de inmediato se hizo eco de los aullidos de la derecha que aprovechó la manipulación mediática para transformar la desesperación social en pánico colectivo y así reducir toda acción colectiva popular en acción de pillaje y delito.

El gobierno, una vez más, se hizo cómplice de la derecha y el capital, ambos esforzados en legitimar la vuelta del autoritarismo encarnado en las Fuerzas Armadas que, dicho sea de paso, no tuvieron empacho en afirmar que regresaban a la escena por el clamor popular”, señala el académico Rafael Agacino.

A lo anterior se agregan las palabras del sociólogo peruano Héctor Béjar, quien desnuda nuestra realidad: “Como no existe organización social sino individualismo nadie sabe qué hacer. Como el Estado no sabe ayudar a los ciudadanos sino a las empresas tampoco sabe qué hacer… Faltan el agua, el techo, los alimentos y la luz… Los supermercados están llenos de agua envasada, medicinas y alimentos, pero permanecen cerrados. Hambre y sed en la calle, abundancia bajo llave. No saben ayudar sino vender. Se acusa a los hambrientos y sedientos de saqueo… Como no hay electricidad para que funcionen las cajas registradoras, los dueños de los supermercados y de Chile prefieren que se muera de hambre y de sed la gente antes que abrir sus repletas tiendas. La Marina sabía que venía un tsunami pero ‘olvidó’ advertir a la gente. Mueren cientos, miles por esta falta de advertencia. La vida vale poco o nada en ese tipo de mentalidad militar. Mientras tanto, en Santiago, igual que en Concepción, caen inexplicablemente edificios de lujo que deberían estar perfectamente construidos. Han sido edificados para hacer negocio, no para proteger a la gente… No hay acción colectiva sino pasmo y pasividad. La ciudadanía ha desaparecido en el que dicen que es el país más democrático del continente”.

Centenares de muertes son atribuidas a la Armada de Chile que, con toda su tecnología, fue incapaz de alertar del tsunami. Tras el desastre, sólo hubo excusas y acusaciones mutuas.

Luego del escándalo se depuso al director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y renunció la directora de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI). Pero el gobierno del empresario derechista Sebastián Piñera, sigue centrando la atención en los negocios que harán sus amigos y socios empresarios y en la represión.

En varias regiones persiste el toque de queda, como en dictadura. Decenas de pobladores siguen detenidos, tras los saqueos a supermercados horas y días después del cataclismo, denunciando incluso torturas y malos tratos de parte de la Armada y militares. En Concepción, la capital de la Región del Bío Bío, miles de pobladores abrieron las bodegas del supermercado Líder, de la cadena Wal Mart, saqueando productos de primera necesidad. Lo mismo ocurrió en el puerto de Talcahuano y otras ciudades de la VIII Región. Algo similar sucedió en la Región Metropolitana, Valparaíso, O’ Higgins, Maule y La Araucanía.

La tragedia dejó al descubierto la crisis social y la desvergüenza empresarial. Las normas antisísmicas simplemente no se cumplen. Decenas de hospitales están colapsados o en el suelo. Pobladores optan por dormir a la intemperie en carpas en plazas públicas y calles. Las autoridades aún no poseen registro oficial de las consecuencias medioambientales del cataclismo.

El terremoto azotó la zona centro y sur y provocó varios maremotos que arrasaron con caletas costeras de regiones como Maule, Bío Bío y La Araucanía. “No sabemos qué pasó con los emisarios submarinos de residuos domiciliarios, con las piscinas de acopio de las plantas de celulosa que guardan productos químicos, con los relaves de la mineras, con los propios rellenos sanitarios, si están filtrando o no las napas subterráneas”, advierte la ecologista Flavia Liberona, de Fundación Terram.

Las secuelas del desastre demorarán años o décadas en superarse. Según Manuel Cabieses, director de Punto Final, el nuevo gobierno marcha a tropezones, desmitificando la aureola eficientista y profesional de que intentaba revestirse el gobierno de la derecha: “El presidente Sebastián Piñera aparece hasta ahora más preocupado de producir efectos mediáticos que de gobernar racionalmente. Su actitud incesante ante cámaras y micrófonos está lejos de la sobriedad en los gestos, la profundidad en las palabras y la calma necesaria para adoptar medidas que beneficien a los sectores más modestos que han sufrido lo peor del desastre…

Hablar de ‘unidad nacional’ es una burla en un país donde la desigualdad entre ricos y pobres es una de las mayores del mundo. Un país en que los ricos pagan menos impuestos que los pobres, donde una minoría vive como millonario texano y los pobres vegetan en medio de la precariedad, agobiados por las deudas y la incertidumbre del desempleo, las enfermedades y las catástrofes.

El gobierno se propone entregar la reconstrucción al sector privado, convirtiéndola en un negocio y no en una tarea solidaria y patriótica. La electricidad, el agua potable y las telecomunicaciones, todas en manos privadas, se han revelado como fuentes de grave inseguridad y abuso para los usuarios.

Caminos, puentes y autopistas concesionadas se han agrietado o derrumbado por responsabilidad de sus constructores. Se tolera, incluso, la estafa que significa la venta de departamentos que no se pueden habitar y por cuyas fallas nadie responde. Las empresas constructoras o inmobiliarias se disuelven al poco tiempo y sus dueños desaparecen o se convierten en ‘indigentes’ que han cedido su patrimonio a terceros”, concluye Cabieses.