La discusión económica de las últimas semanas ha estado
centrada en el alza de los combustibles. Con 700 pesos el litro de bencina
(gasolina), los automovilistas han levantado la voz, al igual que
transportistas y camioneros. Los gremios presionan con fuerza para terminar
con el impuesto específico, que representa más del 20% del costo de la
bencina. Además, estos aumentos ya repercutieron en el bolsillo de la
mayoría de los chilenos, especialmente en el precio del pasaje de la
locomoción colectiva.
Pese a que la cuestión se
ha convertido en debate nacional, el Gobierno y el ministro de Hacienda,
Andrés Velasco, demuestran nuevamente la misma falta de creatividad e
innovación que han caracterizado los primeros 100 días de la administración
Bachelet. La única
respuesta desde el Ejecutivo fue proponer el mantenimiento del Fondo de
Estabilización del Precio de los Combustibles, cuyos resultados favorables
están en serio cuestionamiento, dado que no entrega un beneficio que sea
visible a los consumidores y que constituya un verdadero alivio al creciente
problema energético que se está viviendo.
Por eso, las demandas de la
oposición y de los analistas, que tanto abundan estos días, van dirigidos a
la derogación del impuesto específico. Sin embargo, la presidenta ya ha
anunciado que la estructura impositiva a los combustibles no se tocará. El
IVA más los impuestos específicos de las gasolinas explican más del 40% de
la suma cancelada para adquirir un litro de combustible. Por esta razón, hoy
el que realmente gana con el aumento en los precios de los combustibles es
el fisco, ya que en el año
2005 recaudó más 1.540 millones de dólares por el mayor IVA cancelado en las
ventas de bencina. La actual estructura impositiva a los combustibles tampoco
fomenta el cuidado al medioambiente, pues grava menos al combustible más
contaminante: el diesel.
El alto precio de los
combustibles afecta de sobremanera a los más pobres, que son quienes
destinan el mayor porcentaje de sus bajísimos salarios al transporte. Por
ello, ya que se mantendrá el impuesto específico, es indispensable que esta
mayor recaudación se destine a una fuerte inversión y subvención del
transporte público y de productos como el pan o la leche que se ven
afectados también por el alza de los combustibles.
Una medida de esta
naturaleza también desincentiva el uso del automóvil privado, lo que
contribuye a la descontaminación y a desatorar el flujo vehicular. Si el
gobierno subvenciona el transporte público, sería una forma eficaz de
redistribuir riqueza, de descontaminar la ciudad y de devolver a los menos
favorecidos los altos costos que pagan por el IVA y por la fuerte carga
tributaria que deben sobrellevar.
Por Marcel Claude
Convenio
La Insignia / Rel-UITA
30 de
junio de 2006