Las últimas investigaciones sobre la historia reciente de nuestro país y la documentación que aportan, aun siendo insuficientes y restando mucho por hacer, permiten revitalizar la reflexión sobre la magnitud que alcanzaron, hacia fines de los años sesenta y principios de los setenta, los proyectos de cambios revolucionarios en Uruguay.

Dicho de otra manera, a partir de una tragedia –presente en los datos de la represión contenidos en los documentos del Estado– es posible aproximarse a una visión más de conjunto y por áreas de actividad, por grupos políticos y por personas, a determinar qué niveles de adhesión tenían dichos proyectos en la época.

Sin analizar los mecanismos represivos ni las razones de su eficacia ni tampoco hacer una valoración sobre las distintas estrategias revolucionarias aplicadas, su viabilidad y errores, sí importa rescatar para el análisis el objetivo contrarrevolucionario del golpe de Estado y la dictadura: destruir la “percepción de amenaza” a la dominación que realmente significaba la adhesión a las ideas del cambio social y los altos niveles de participación y organización popular.

Por eso mismo, la represión se ejerció en forma masiva, contra grandes colectivos humanos o sectores de población –como durante la huelga general de 15 días declarada por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) contra el golpe o, antes, en la militarización de los trabajadores bajo medidas prontas de seguridad, y después, bajo dictadura, a través de las categorías de ciudadanos A, B y C y en los 7 mil profesores de la enseñanza destituidos. También la represión se ejerció en forma individualizada, a través del seguimiento a personas, recopilando los datos acerca de sus vidas, grupo familiar, amistades, domicilio, viajes.

La represión estatal, tanto en sus formas policiales como militares, tuvo un carácter eminentemente político, y uno de sus objetivos centrales fue la desarticulación de los partidos y grupos de la izquierda uruguaya y la persecución de sus militantes, tanto en el país como en la región. A través de sucesivas secuencias y operativos represivos, fueron golpeados el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, la Federación Anarquista del Uruguay, la Resistencia Obrero Estudiantil, la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, el Frente Estudiantil Revolucionario, el Partido Comunista Revolucionario, los Grupos de Acción Unificadora, el Partido Socialista, la Agrupación de Militantes Sociales, el gudi 26, los Montoneros (militantes argentinos radicados en Uruguay), y otros.

Asimismo, la represión se orientó hacia la vigilancia y el control de las más diversas áreas de actividad de la sociedad uruguaya: sindical, enseñanza, cultura, medios periodísticos; y hacia las organizaciones, dirigentes y militantes representativos de las mismas, en particular la CNT y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

Los datos de los 6 mil presos políticos durante la dictadura permiten constatar con más propiedad no solamente lo involucradas que estaban las jóvenes generaciones en los procesos de cambios sino, también, la participación de personas con un amplio espectro de edades y, sobre todo, de profesiones, oficios, empleos y niveles educativos. Las más de 700 presas políticas procesadas y recluidas en el penal de Punta de Rieles también son un dato por demás elocuente de la participación de la mujer en los proyectos de transformación en la época.

El carácter sistemático, la dureza de los métodos y la extensión en el tiempo de la represión durante los 11 años de dictadura, también hablan de la permanente resistencia al régimen. Por otra parte, éste debió combinar formas públicas y formas clandestinas dentro de su propia institucionalidad estatal –así como extender su accionar extraterritorialmente, sobre todo en Argentina– para desmantelar a la oposición antidictatorial y disminuir los efectos de la solidaridad internacional.

Aun con el carácter provisorio que tienen los datos recabados, los resultados de esa represión estatal arrojan 167 ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos, más tres menores de edad, y alrededor de 110 asesinados o muertos por razones políticas entre 1973 y 1985. De ese período de terrorismo de Estado también son los centros clandestinos de detención, los traslados ilegales de presos, los vuelos de la muerte.

El golpe de Estado y la dictadura tuvieron un objetivo a largo plazo: reestructurar las relaciones sociales y las formas de convivencia entre los uruguayos a los efectos de un “Nunca más” a los intentos revolucionarios. Pero también cumplieron una finalidad inmediata, de carácter contrarrevolucionario, a los efectos de destruir el proceso de acumulación de fuerzas y los avances de la izquierda hasta 1973.

Aunque los datos sean conocidos, conviene recordarlos a partir de los propios documentos oficiales, no sólo para ayudar a reconstruir esa visión de conjunto acerca de las causas del golpe y la dictadura, sino también porque el fuerte discurso hegemónico impuesto en la etapa posdictadura descentró buena parte de los ejes de las explicaciones históricas, exculpando así las responsabilidades institucionales respecto a los crímenes de Estado y culpabilizando nuevamente a quienes ayer fueron las víctimas directas de la represión estatal.