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La comisión de amnistía
del Ministerio de Justicia brasileño comenzó, ayer y continúa hoy, a conceder
las primeras indemnizaciones a campesinos que hace más de treinta años fueron
detenidos y torturados por el ejército.
Todo eso ocurrió durante operaciones de combate a la
guerrilla instalada en la región del río Araguaia, Pará, en la Amazonia. La
ceremonia en la localidad de San Domingos deberá contemplar a 40 víctimas.
Alrededor de 240 casos fueron llevados al análisis de la comisión de amnistía,
que ya se definió por 120, considerando que “quedó más que comprobado” que los
crímenes fueron efectivamente cometidos por las fuerzas armadas. A nombre del
Estado brasileño se pedirá formalmente perdón a los moradores de aquella región.
Los militares brasileños siempre insistieron en que no quedó
ningún registro oficial, ningún archivo, nada de nada sobre las operaciones
contra la guerrilla del Araguaia, llevada a cabo por el Partido Comunista do
Brasil (PcdoB), de tendencia maoísta. De paso, rechazaron siempre
-clasificándolos de fantasía izquierdista- relatos sobre mutilaciones,
degollados, torturas y violaciones llevadas a cabo por la tropa. Al no existir
ninguna información oficial es imposible encontrar el lugar en que se enterraron
los cadáveres de las víctimas y, menos aún, saber cómo se dieron las operaciones
en el Araguaia. Al no haber registro, no hay cómo determinar sus responsables.
Entre 1972 y 1975 operaciones conjuntas del ejército, la
marina y la fuerza aérea se dedicaron a aniquilar los focos guerrilleros. Los
números oficiales indican que murieron en combate 59 militantes, 16 militares y
diez moradores de la región. Hay causas judiciales requiriendo información sobre
22 desaparecidos, casi todos pequeños agricultores. Sobrevivientes de la
guerrilla aseguran que los muertos fueron muchos más, inclusive entre las tropas
del ejército. Las fuerzas armadas insisten en los números oficiales, reiterando
siempre que los archivos ya no existen.
Sin embargo, la casualidad -la simple casualidad- comprobó
que, al contrario de lo que dijeron y dicen los altos mandos militares, los
documentos sí existen. Lo probó un trámite burocrático banal, iniciado en 1990
por un teniente retirado llamado José Vargas Jiménez. Luego de recordar
sus tiempos de tropa, él concluyó que bien se merecía una condecoración.
Solicitó nada menos que la Medalla del Pacificador en su grado máximo.
Empezado el trámite de rutina, Jiménez recibió en su
casa, y por equivocación (al fin y al cabo, había solicitado nada más que una
medalla), varios documentos con el sello de “secreto” con todas las
informaciones que supuestamente no existían. Son registros de operaciones, y
comprueban que al menos veinte guerrilleros fueron llevados a bases militares
con las manos esposadas y luego aparecieron como “muertos en combate”. Hay
nombres y fechas, además de la trascripción de los testimonios prestados en los
interrogatorios bajo tortura. El guerrillero Antonio de Pádua da Costa
llegó vivo a una base del ejército el día 24 de enero de 1974, según el registro
firmado por quien lo detuvo, el mismo Vargas Jiménez. El guerrillero
Antonio de Pádua da Costa murió en combate el 5 de marzo de 1974,
según el registro oficial de la marina, que lo mató. Entre una fecha y otra,
quedó a disposición de las fuerzas armadas. Hay inclusive fotos de ese período.
Entre los documentos entregados a Vargas Jiménez
estaba el “Plan de Búsqueda y Aprehensión” producido por el ejército, que
señalaba a 17 campesinos como cómplices de la guerrilla. Uno aparece en la lista
oficial de muertos en combate. Los otros 16 integran la relación de
desaparecidos. Sus nombres constan en las listas de la comisión de amnistía del
Ministerio de la Justicia y sus familias serán indemnizadas.
José Vargas Jiménez
fue jefe de grupos de combate responsables por la muerte de al menos 32
guerrilleros en el Araguaia entre octubre de 1973 y febrero de 1974. “Las
órdenes eran claras: disparar primero, preguntar después. Entramos para
destruir, para matar, no para hacer prisioneros. La cuestión era clara:
exterminar. Y no veo por qué ocultar que hubo tortura y que estamos hablando de
exterminio”, dice. Y cuenta más: muchos de los cuerpos fueron dejados a la
intemperie, para ser devorados por animales. Recuerda el caso de tres
guerrilleros que fueron degollados y tuvieron sus manos amputadas. Recuerda
haber participado en la muerte del ex diputado Mauricio Grabois,
principal líder de la guerrilla, en el día de Navidad de 1973. Y también de la
muerte de Maria Lucia de Souza, la temible “Sonia”, que hirió a tiros a
dos oficiales antes de ser destrozada por ráfagas de ametralladora disparadas
por los militares que la detuvieron, Vargas Jiménez entre ellos.
A tiempo: al teniente retirado le fue concedida la Medalla
del Pacificador en su grado más elevado. Ahora, él contó lo que sabía y
reprodujo parte de la documentación recibida en un libro llamado Memorias de un
guerrero de la selva.
Enfrenta un juicio del ejército por divulgar documentos
secretos. Los mismos documentos que, según el ejército, no existen. Y que por
primera vez circulan a la luz del día, en una edición pequeña, casi imposible de
encontrar, y que el autor, con su grado de Pacificador, pagó para imprimir.
Eric Nepomuceno*
Página 12
25 de abril de 2008
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