Ernesto Guevara, otra figura excepcional, predicó y fue ejemplo de lo que definió como “propaganda de la conducta”. “No hay cosa que convenza más –explicó en 1962 en conferencia a los estudiantes de la Facultad de Tecnología de Cuba– que el ejemplo propio puesto para expresar o defender cualquier idea”. José Pedro Cardoso explica en su libro Política uruguaya, que los socialistas no sólo deben distinguirse por los ideales que profesan sino, además, por su conducta, que, al tratar de que sea la más solidaria y consecuente en cada militante, es la que define, colectivamente, al socialismo.

En la etapa actual de América Latina, en la que las fuerzas que luchan por una transformación profunda integran un polo encabezado por Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, y por otro lado hay gobiernos en una línea progresista, que también se han comprometido con los cambios, la izquierda en su conjunto enfrenta dos desafíos fundamentales: que la acción institucional apunte hacia objetivos revolucionarios en el sentido de transformaciones profundas, para lo cual las reformas, como señala Marta Harnecker*, deben ir acompañadas por un esfuerzo paralelo por fortalecer el movimiento popular y, sobre todo, demostrar, en los hechos, una participación política diferente.

La corrupción política, el nepotismo, las designaciones tomando en cuenta la adhesión partidaria más que la capacidad, las irregularidades en las adjudicaciones de obras, habían llegado a tales extremos que políticos y hasta partidos identificados con esas prácticas terminaron repudiados por la opinión popular. Con los cambios de gobierno se aspira, junto a reformas de fondo, a que se tomen medidas para romper con lo que fueron prácticas tradicionales en fuerzas de la derecha.

Ningún partido político o sector social está libre de que alguno de sus integrantes se desvíe hacia caminos de corrupción o beneficio personal. No hay vacunas contra la corrupción. En Brasil, por ejemplo, donde el presidente Lula encabezó los cambios con el Partido de los Trabajadores, antes de finalizar su primer período presidencial debió tomar medidas radicales y separar del gobierno a implicados en casos de corrupción. El objetivo de la izquierda y de los sectores progresistas es culminar, en todo lo posible, con normas concretas, un largo proceso que viene desde tiempo atrás.

En Uruguay, por ejemplo, cuando se estableció el voto secreto, en la Constituyente que elaboró la segunda Constitución, en 1917, el doctor Emilio Frugoni planteó que si es doloroso contemplar a las muchedumbres obreras padeciendo los abusos de la explotación capitalista, también es doloroso verlas cómo el capital exige que continúen sirviéndolo fuera del taller o la oficina, en un renunciamiento forzoso de la dignidad del ciudadano para contribuir al triunfo de sus enemigos de clase. Frugoni invitó a los constituyentes a presenciar el triste espectáculo de trabajadores o peones que deben concurrir, el día de elecciones, a clubes partidistas desde donde los envían a las mesas receptoras de votos, “o a presenciar el cuadro de aquellos pobres padres de familia que al día siguiente de las elecciones son arrojados a la miseria por el delito de haber querido ser fieles a sus íntimas convicciones partidarias".

Durante décadas se han registrado en Uruguay múltiples denuncias de aprovechamiento de la administración pública con fines electorales, procedimientos corruptores, como pactos para repartirse el período legislativo, o ingreso a cargos públicos sin otro mérito que la adhesión política. Hubo etapas en que la seguridad social (jubilaciones, etc.) se gestionaba a través de los clubes. Para sintetizar estos aspectos, que sería posible documentar con nombres de políticos, las prácticas de clientelismo, las tarjetas de presentación y recomendación como procedimiento "institucionalizado" por la costumbre, basta un ejemplo, entre muchos posibles.

En el libro Veredicto: libertad perpetua, Julio Aguirre Zabala, un exdelincuente convertido al cristianismo, cuenta, además de sus delitos y etapas de prisión, cómo a pedido de un amigo se unió a un club de la lista 351 del Partido Nacional. “Allí -relata- obtuvimos el derecho de que se nos adjudicara cierto número de recomendaciones para conseguir empleos públicos, en su mayoría para el Ejército y la Armada, la Policía, el puerto y otras dependencias del Estado”. Al entrar en contacto con ese mundo, expresa, “no pude menos que comparar a mis delitos anteriores con travesuras”.

En este momento la Cámara de Senadores del Uruguay deberá considerar un pedido del Poder Judicial que solicita la suspensión de los fueros de dos legisladores, ex integrantes de un ente autónomo por cuya gestión se les acusa de presuntas irregularidades. Más allá del caso concreto, para cuya definición no se contará con los votos exigidos por la Constitución, lo importante es que se promuevan acuerdos entre las fuerzas políticas para establecer garantías legales en temas como los siguientes:

• Ingreso a la administración en condiciones de igualdad para todos los aspirantes que tengan méritos para ello (concursos, procedimientos de selección).

• Designar al que pruebe más capacidad para el cargo, sin priorizar la adhesión partidaria.

El actual gobierno tiene algunos ejemplos al respecto. El hasta hace poco director de la Dirección General Impositiva, contador Zaindensztat, que pertenece a un partido de oposición, recibió del presidente Tabaré Vázquez el pedido especial de que continuase en ese cargo, para el cual había demostrado particular talento y honradez. Y cumplió con lealtad. Otro ejemplo ha sido la designación del doctor Álvaro Garcé como Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, a partir de una rigurosa selección por una Comisión de la Asamblea General Legislativa, integrada por diputados y senadores de todos los partidos, que acordaron previamente ir tomando con todas las garantías y por unanimidad sus resoluciones.

Entre otras medidas el Senado podría superar el tema de los pedidos de suspensión de fueros marcando el camino para alcanzar normas concretas que aporten, hacia el futuro, transparencia administrativa, y mecanismos para que las versiones o acusaciones puedan ser desmentidas o confirmadas por quien tenga interés en ello. Acordar sobre las soluciones que superen ese tipo de problemas en el futuro, prestigiará en primer lugar a las instituciones, consolidando la democracia. Se impone, pues, cambiar algunas reglas de juego, evitando caer en prácticas políticas tradicionales, lo que exige el avance de la conciencia en todos los partidos.

Los gobiernos populares -explica Marta Harnecker- deben ser completamente transparentes y estar dispuestos a someterse al control público tanto en lo que se refiere a las finanzas y al uso de los recursos estatales, como en la contratación del personal. Sectores de derecha que no suelen tener la grandeza que exigen también las derrotas, suelen apelar a falsedades o acusaciones sin pruebas. Para enfrentarlas hay que disponer, asimismo, de caminos para demostrar que esos cargos no son exactos. Instituciones como “Uruguay transparente”, el “Procurador del Pueblo” o similares, debieran estar habilitadas para que cualquier gobernante o ciudadano pueda estar seguro de que desempeñar un cargo o militar en política no es similar a tirar la honra a los perros.