La reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha puesto de manifiesto que el constante crecimiento que está experimentando nuestro país desde hace más de una década, la tasa media anual de crecimiento del PIB en los últimos diez años es superior al 3%, está generando un aumento de la desigualdad.

Es decir, tendemos a una sociedad cada vez más dual, propia de países menos desarrollados. Según los últimos datos disponibles, los ingresos del 20% de la población más rica de nuestra país han pasado de significar 5,1 veces los ingresos del 20% de la población más pobre en 2003, a 5,4 veces en 2004. En el año 2004 un 34,7% de los hogares españoles tenía unos ingresos anuales inferiores a 14.000 euros. Esta cifra de ingresos anuales es tan solo ligeramente superior, en cómputo mensual, a la que corresponde a la expresión que se ha popularizado como sinónimo de salarios bajos, el mileurismo, por lo que se puede inferir que cerca de cinco millones de hogares españoles, casi un tercio del total, son mileuristas.

Otro indicador de que el crecimiento económico se está repartiendo de forma muy desigual es el alto volumen de la población española que es considerada como pobre, un 19,8% en 2004. Ya que, más allá de las consideraciones que se puedan hacer sobre los diferentes significados de la pobreza entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, porcentajes tan altos de pobreza como el de España indican una indudable falta de equidad en el reparto de la riqueza generada. Como pobre se considera a la población cuyos ingresos, incluidas las transferencias sociales recibidas, son inferiores al 60% de la mediana de ingresos, esto es la cifra de ingresos que divide a los hogares en dos mitades iguales.

Por tanto el fuerte crecimiento económico de nuestro país no está reduciendo las diferencias sociales, debido a que quien se está beneficiando en mucha mayor medida de él es la población de renta media-alta. Dando lugar a una creciente dualización de la sociedad española: los hogares con unos ingresos superiores a 35.000 euros anuales han aumentado mucho su peso sobre el total de hogares, pasando del 14,7% en 2003, al 16,9% en 2004, pero esto no ha supuesto una reducción sustantiva de los hogares con menores ingresos, los que tienen menos de 14.000 euros anuales han pasado de significar el 35% del total en 2003 al 34,7% en 2004.

La alta precariedad en el empleo, y los bajos salarios a los que va asociada la precariedad, explican, en gran medida, que la población de rentas bajas (hogares con rentas inferiores a 14.000 euros) haya aumentando a un ritmo superior, un 5,4%, que el tramo de población de rentas medias (hogares con ingresos entre 14.000 y 35.000 euros anuales), que lo hizo solo en un 3%.

También se observa en nuestro país una polarización territorial de la pobreza en determinadas comunidades autonomas, Andalucía, Canarias, Castilla-Leon, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla tienen tasas de pobreza significativamente mayores que la media nacional. En el caso de Extremadura, Ceuta y Melilla llega a más de un tercio de sus hogares.

Los últimos datos disponibles que permiten una comparación sobre distribución de la renta entre España y los países de la UE-15 son del año 2001. Aunque están hechos con una metodología diferente a la de la Encuesta de Condiciones de Vida, y por tanto no son comparables con los datos de esta, permiten situar a nuestro país en el contexto europeo: España destaca por ser de los más desiguales. Solamente Grecia y Portugal tienen una distribución de la renta más desigual que la nuestra, que casi llega a doblar los ratios de países como Dinamarca o Suecia.

Que sean los países más pobres de la Unión Europea los que tienen tasas de distribución de la renta más desigual viene a demostrar que la desigualdad es una de las causas principales de un menor desarrollo. La experiencia de los países más desarrollados de Europa evidencia que el reparto equilibrado de la riqueza no sólo es compatible con el crecimiento económico, sino que para garantizar una mejora continua del bienestar de un país es necesario que la riqueza generada se reparta más equitativamente de lo que se esta haciendo en España. Para ello es necesario que se reduzca la precariedad laboral, que se establezcan marcos de negociación colectiva superiores a los de la empresa, lo que mejorará los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores de las Pymes, y que las administraciones públicas hagan frente a los déficit sociales que tiene nuestro país frente a Europa, y muy especialmente a los relacionados con el acceso a la vivienda.

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