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Miles de peruanas y
peruanos no tienen “existencia legal ni social” pues carecen de documento de
identidad, lo lamentable de esta realidad es que en algunos casos la
indocumentación es consecuencia del mal registro efectuado por funcionarios
públicos, descuido que les priva ejercer sus derechos fundamentales, en
particular a mujeres pobres de áreas rurales y de comunidades nativas y
campesinas.
Numerosas personas se encuentran indocumentadas por descuido
de los funcionarios públicos en el acto de registrar y expedir las partidas
de nacimiento, reveló el estudio del Centro de la Mujer Peruana Flora
Tristán, “Barreras en el derecho a la identidad: errores cometidos en el
registro de los nacimientos de las mujeres y niñas rurales en distritos del
Corredor Andino Central y de la Mancomunidad Alto Vicus de Piura”.
El objetivo del estudio, que comprendió el levantamiento de
información y análisis de actas de nacimientos con errores u omisiones entre
1927 y 2007, fue conocer el impacto de este mal registro e identificar
casos emblemáticos de indocumentación para la asistencia legal y
rectificación de los mismos en el Poder Judicial.
Buscaba plantear propuestas y recomendaciones para el restablecimiento y
promoción del derecho a la identidad de las mujeres de la zona rural de
Piura, a 973 kilómetros al norte de Lima, región que, según el XI Censo de
Población y VI de Vivienda del 2007, representa el 1,3 por ciento de la
población que no tiene partida de nacimiento (22.604), proporción que supera
el promedio nacional.
Las piuranas que no cuentan con partida de nacimiento representan el 1,5 por
ciento de la población femenina a nivel nacional, mientras que los piuranos
que no cuentan con este documento constituyen el 1,2 por ciento de la
población masculina peruana.
De acuerdo a la investigación, de los 4.032 casos de
indocumentación identificados, el 83 por ciento puede ser corregido por
mecanismos administrativos, es decir, la persona afectada debe enviar una
solicitud y pagar 78,4 dólares, suma que es difícil de cubrir, en especial
por las mujeres pobres de la zona rural. Los otros casos identificados, el
17 por ciento, debe hacerlo por la vía judicial.
Exclusión y
marginación
“Encontramos que en varias partidas de nacimiento se había
cambiado el sexo de las personas, es decir, algunas mujeres aparecían
anotadas como de sexo masculino. ¿Te imaginas el trauma de una joven al ir a
buscar su partida de nacimiento para hacer el trámite de su Documento
Nacional de Identidad (DNI) y descubrir ese error?, comenta a
Sirel, Elena Villanueva, coordinadora del Programa de Desarrollo
Rural del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
“Es como vivir en un mundo con doble identidad, lo que dice
el papel y lo que en realidad es la persona, pero el colmo es que si bien
los errores fueron cometidos por un funcionario público y en consecuencia el
Estado es responsable, las personas son las que deben solucionarlos e
incluso tenían que pagar por concepto de rectificación”, agregó.
Para Villanueva el
estudio, realizado en 2008 dio a conocer el impacto negativo de las faltas
cometidas por el registrador civil, y cómo afectaban en la construcción de
la identidad de las personas convirtiéndose, a la larga, en un problema de
exclusión y/o marginación étnica y de género.
“La indocumentación femenina rural hace evidente la ausencia
del Estado en muchos lugares del país, especialmente en las zonas rurales, y
evidencia su responsabilidad en la construcción de la democracia, porque
para peruanas y peruanos indocumentados el Estado peruano se encuentras
‘ausente’, y los derechos son ‘abstractos’”, indicó Villanueva.
Sin embargo, señaló que se vienen dando importantes avances
gracias a la acción conjunta de Ministerios y organizaciones comprometidas
como la UITA, que ha contribuido a la recuperación de la identidad de
peruanas y peruanos de las zonas rurales del país.
“La indocumentación es un problema complejo que requiere del
trabajo conjunto de autoridades comunales, organizaciones de base,
organizaciones no gubernamentales, municipalidades, gobiernos regionales,
además de los ministerios concernidos para la facilitación de los documentos
previos al DNI".
Problema nacional
Según el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
en el censo de 2007 se registraron cerca de 18
millones de peruanos adultos, de los cuales el 96,99 por ciento cuenta con
DNI mientras el 3,01 por ciento carece de dicho documento, lo que
representa algo más de medio millón de peruanos.
En Lima Metropolitana, según el RENIEC, organismo
encargado de mantener el registro de nacimiento, matrimonio, divorcios y
fallecimientos de todos los peruanos, alrededor de 100 mil personas mayores
de edad no cuentan con DNI, condición que los expone a la marginación
social ya que no pueden conseguir trabajos formales, acceder a los servicios
y programas sociales del Estado, están impedidos de ejercer su derecho a
votar, entre otras desventajas.
Durante 2008 la Defensoría atendió 4.606 casos de personas
que enfrentaron problemas para acceder a su derecho a la identidad, de los
cuales 613 fueron quejas contra instituciones públicas que vulneraron este
derecho.
Los problemas más recurrentes son las restricciones en la
obtención del certificado de nacido vivo, lo que impide la inscripción de
niñas y niños en los registros civiles en los plazos previstos, los cobros
indebidos en los procedimientos de inscripción, errores en las inscripciones
al consignarse datos errados en las actas de nacimiento, dificultad de
obtener actas de nacimiento, entre otros.
Frente a esta realidad la Defensoría del Pueblo ha sugerido
mayor capacitación de los registradores, supervisión conjunta a las
entidades que expiden la partida de nacimiento, más plazos extraordinarios
de inscripciones y mayor colaboración de la sociedad en la difusión de las
poblaciones más alejadas, para que el RENIEC acuda a esas zonas.
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