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Expertos que
promueven los derechos de los niños coinciden
en que queda mucho
camino por recorrer.
Sin embargo, la puesta en marcha de la Convención sobre los
Derechos del Niño hace veinte años supuso un primer paso para el compromiso
de los Estados en ese sentido. El objeto: la aplicación efectiva de leyes
para garantizar las necesidades básicas y ampliar las oportunidades de los
menores para que puedan desarrollar al máximo su potencial humano y buscar
la felicidad.
La ratificación de 193 miembros de Naciones
Unidas convierte a la Convención sobre los Derechos del Niño en el tratado
internacional de derechos humanos con más amplio reconocimiento. Sólo
Estados Unidos y Somalia no lo han ratificado.
La no-ratificación del país norteamericano, uno de los más
activos impulsores de la creación del tratado, demuestra que en los Estados
recae no sólo la responsabilidad de promover, sino también la de proteger y
respetar los derechos humanos. En Estados Unidos, los jueces pueden
dictar cadena perpetua por un delito cometido en minoría de edad, prohibido
por la Convención, como prohibida está también la pena capital en los mismos
supuestos. Hasta hace cuatro años, 39 Estados del país norteamericano
aplicaban la pena capital por delitos cometidos antes de la mayoría de edad.
No faltan voces que comparan los derechos reconocidos y
hechos efectivos en Estados Unidos con los de otros países que han
ratificado el tratado. Pero más que competir en el número de derechos
cubiertos, se trata de desarrollar al máximo un mecanismo vinculante con el
fin de mejorar las condiciones de vida de los niños en todo el mundo.
Para Ann Veneman, directora de UNICEF, un
factor que impide a la Convención alcanzar su verdadero potencial es la
falta de estructuras efectivas de algunos países para castigar el
incumplimiento de leyes destinadas a la protección de los derechos de la
infancia. Las leyes existen muchas veces, pero el control del cumplimiento
se limita a los informes que presentan cada año los países, sin que existan
mecanismos para sancionar a quienes no los cumplen.
“La pregunta más bien debería ser: ¿castigamos a un gobierno
o le obligamos a penar a los que incumplen las leyes?”, responde la
directora de UNICEF cuando le preguntan si estos mecanismos deberían
existir.
Más de cinco millones de niños mueren de
hambre o por enfermedades relacionadas con la desnutrición cada año. Las
diarreas por falta de saneamiento y acceso al agua potable se cobran muchas
vidas. Esto no
implica una falta de compromiso de los Estados con la parte de la Convención
que reconoce el derecho intrínseco a la vida de los niños; la crisis ha
agudizado las hambrunas y el acceso al agua potable, sobre todo de los más
vulnerables de su población. Sí demuestra que la “democratización” de los
derechos humanos ha sido una de las consecuencias de la diversificación y
fragmentación en la escena internacional. Pero no la única.
Nuevos actores determinan la distribución de alimentos, la
venta de armas, la financiación de actividades paramilitares y la
proliferación del crimen organizado en beneficio de intereses privados y de
grandes corporaciones. Esta tendencia ha minado la responsabilidad de los
gobiernos a la hora de proteger los derechos humanos de la infancia.
Sin embargo, los Estados aún tienen la clave de la mayor
parte de estos problemas y un amplio margen de maniobra. No sólo para
legislar a favor de los derechos que reconoce la Convención, sino para
hacerlos efectivos. De poco le sirve a una familia con niños enfermos que
México haya firmado y ratificado el tratado si el gobierno no hace
efectivo el derecho a la salud de los menores, menos aún sin tener acceso a
los tribunales para exigirlo. Lo mismo sucede en materia de educación.
El respeto y la protección de los derechos humanos ya no es
monopolio del Estado, pues cada vez juegan un papel más importante las
organizaciones internacionales y las de la sociedad civil. Naciones Unidas
les ofrece a los Estados mecanismos por los que pueden pedir asesoramiento.
Al mismo tiempo, será fundamental el apoyo de los grupos de trabajo de
Naciones Unidas a los Estados para el fortalecimiento de instituciones
encaminadas a proteger y hacer efectivos los derechos de los niños, futuro
de nuestra humanidad.
CCS
20de
noviembre de 2009
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