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El gobierno de Paraguay
recibió un duro tirón de orejas de un comité especializado de la
ONU por la pobreza que reina
en este país, la falta de tierras para campesinos e indígenas, el uso
indiscriminado de agroquímicos y la persistencia de prácticas
discriminatorias contra la mujer.
Los cuestionamientos fueron emitidos por el
Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
con sede en Ginebra, tras el análisis de un informe presentado por el
gobierno de Nicanor Duarte
sobre el cumplimiento del Pacto Internacional que vela ese cuerpo de la
ONU (Organización de las Naciones Unidas).
El documento no satisfizo a los miembros del
Comité, que lamentaron que "la mayor parte de las recomendaciones hechas en
la anterior sesión (en 1996) no se hayan aplicado en su totalidad".
"El Estado parte no abordó de un modo efectivo
los motivos de preocupación en relación con su informe inicial y que
continúan válidos", sentenció el Comité en un texto divulgado este martes
por organizaciones no gubernamentales en Asunción, y que recoge las
observaciones finales del 39 periodo de sesiones, celebrado entre el 5 y el
23 de noviembre.
El Comité observó con "preocupación", que "pese
al crecimiento económico del Estado parte en los años recientes, el número
de personas que viven en la extrema pobreza ha ido en aumento".
Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO),
la cantidad de paraguayos indigentes pasó de 778.500 en 1997 a más de 1,2
millones en 2007, lo que representa 21 por ciento de los más de seis
millones de habitantes de este país sudamericano.
Los 18 expertos independientes que integran el
Comité también lamentaron la lentitud para ejecutar una reforma agraria y la
situación que viven comunidades campesinas e indígenas que no tienen acceso
a la tierra.
Las observaciones del organismo de la ONU están
reunidas en un documento de 36 puntos entre los que resaltan la preocupación
por la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, el alto
porcentaje de población excluida de toda protección social, el elevado
número de niños trabajadores y la falta de garantías para el acceso a la
salud.
El Comité fue conformado en 1985 por el
Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas (Ecosoc) para
supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en cada país.
La expansión
de la soja
El organismo, que funciona en la órbita de la
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, alertó también de que la
expansión del cultivo de soja "ha traído aparejado el uso indiscriminado de
agrotóxicos, provocando muertes y enfermedades de niños y adultos,
contaminación del agua, desaparición de ecosistemas y afectación de recursos
alimenticios tradicionales de las comunidades".
Los cuestionamientos cayeron como un balde de
agua fría para el gobierno, en medio de la campaña para las elecciones
generales de abril de 2008.
Ningún funcionario del
Ministerio de Relaciones Exteriores
aceptó comentar las conclusiones del Comité para IPS.
Los representantes de organizaciones no
gubernamentales, en cambio, celebraron el resultado.
"Es como una victoria, porque son reclamos
históricos que el gobierno desatiende y (de los) que ahora la comunidad
internacional se hace eco", dijo a IPS
Idalina Gómez,
abogada del Comité de
Iglesias para Ayudas de Emergencia
(Cipae), una de las 20 entidades paraguayas que denunciaron la situación
mediante un informe alternativo presentado en Ginebra.
El informe de la sociedad civil giró en torno de
cuatro principios consagrados en el Pacto: los derechos a la alimentación, a
la vivienda, al acceso al agua y a la tierra.
"Queríamos demostrar que uno de los problemas
principales de los sectores rural, donde se concentra 42 por ciento de la
población, e indígena, es la tenencia de tierras", dijo a IPS
Marcial Gómez,
de la Federación Nacional Campesina.
Para las organizaciones sociales, la firmeza de
los cuestionamientos del Comité es también una respuesta a la ligereza con
que Asunción asumió la elaboración del informe oficial.
“Presentación lamentable”
La abogada del Cipae consideró "lamentable" la
presentación efectuada en Ginebra por la delegación gubernamental. "Sólo fue
una compilación de información sin seguir las pautas para la elaboración del
informe, sin cifras reales, ni estadísticas fiables. El informe oficial
paraguayo no cumplió las expectativas y estaba lleno de fallas", criticó.
El Comité hizo también recomendaciones al Estado
paraguayo, como abatir la pobreza extrema y mejorar las estrategias de
desarrollo social a través medidas fiscales para distribuir mejor la
riqueza, tanto en áreas urbanas como rurales.
El Comité también recomendó mayores esfuerzos
para acelerar la demarcación y recuperación de territorios ancestrales de
los pueblos indígenas, y acompañar la entrega de predios a campesinos con
asistencia técnica, créditos e infraestructura básica.
Se instó además a Asunción a adoptar medidas para
garantizar la igualdad de condiciones de trabajo entre el hombre y la mujer,
y a reducir urgentemente el desempleo y la economía informal, en la que
labora 80 por ciento de la población económicamente activa.
Otra medida de carácter urgente recomendada por
los expertos es el control de las plantaciones de soja y del uso de
agroquímicos.
"Además de garantizar la observancia de la Ley de
Agrotóxicos, el Estado parte debe crear un marco legal efectivo de
protección contra el uso de estos productos y realizar inspecciones eficaces
y frecuentes", sentenció el Comité.
Las organizaciones sociales
aguardaban que el Comité enviara observadores a Paraguay, algo que
finalmente no se logró.
David Vargas
IPS
14 de diciembre de 2007
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