A más de un mes del fatal desenlace del desalojo de cinco mil nativos amazónicos en una carretera al nororiente del país -que cobró la vida de 24 policías y 10 nativos- las represalias en contra de los dirigentes se han puesto de manifiesto en una denuncia por el delito contra la tranquilidad pública en agravio del Estado, en la modalidad de apología de la sedición y motín, presentada por la fiscal Silvia Sack Ramos contra cinco representantes de las etnias amazónicas.

Las demandas de los pueblos amazónicos afectaron el modelo económico neoliberal del gobierno que intentaba facilitar la entrega de los recursos naturales a los grandes grupos capitalistas.

La titular del 37° Juzgado Penal de Lima, Carmen Arauco, abrió proceso penal con mandato de detención a la presidenta Cornesha de la Federación Unión de Nacionalidades Ashaninkas y Yanesha, Teresita Antazú López, al ex presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango Chota así como a los dirigentes Marcial Mudarra Taki, Saúl Puerta Peña y Cervando Puerta Peña.

Según la fiscal, los dirigentes en una conferencia de prensa realizada el 15 de mayo en el local de AIDESEP “emitieron un discurso con el fin de convulsionar el clima que hasta ese momento existía en el oriente peruano” y aleccionaron a los indígenas que protestaban contra las “leyes de la selva”, los decretos legislativos 1090 y 1064, que finalmente fueron derogados por el Congreso de la República, después del brutal desalojo realizado en la provincia de Bagua, el pasado 5 de junio, que enlutó a 34 familias peruanas.

Ante esta denuncia y la apertura del proceso penal los organismos de Derechos Humanos, las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres, los organismos defensores del medio ambiente y de la preservación de la vida y el ecosistema, y diversas organizaciones sociales exigen el cese a la persecución de Teresita Antazú y de los dirigentes de AIDESEP.

En un pronunciamiento público señalan:

1º Expresamos nuestra preocupación y rechazo ante la injustificable e ilegítima orden de detención dictada por la juez provisional del 37º juzgado penal de Lima Dra. Carmen Arauco, contra la dirigente indígena, Presidenta Cornesha de la organización de la unión de nacionalidades Ashaninkas y Yanesha, Teresita Antazú López. A ella, madre de 7 hijos que fuera la primera dirigente femenina de AIDESEP pero que ahora no desempeña cargo nacional alguno, se le imputa el  delito de haber acompañado al Presidente de AIDESEP y a otros dirigentes nacionales en la conferencia de prensa del 15 de mayo pasado reclamando la derogatoria de diversos decretos legislativos lesivos a los pueblos amazónicos del Perú.

2º Informamos al país que Teresita Antazú al igual que otros dirigentes indígenas amazónicos rindieron su manifestación  ante la citación hecha por la 44º Fiscalía Provincial Penal de Lima. Teresita Antazú lo hizo el 4 de junio pasado, sin eludir la convocatoria. Una nueva denuncia, sin citación alguna, sustentó el absurdo mandato de detención, así como la apertura de instrucción por los delitos de apología agravada de sedición y motín, cuando, además, la Sra. Antazú pertenece a una organización de la selva central y no ha participado en ningún hecho de sangre.

4º Contrastamos indignados e indignadas  el trato dado a corruptos y responsables de delitos de lesa humanidad, que se  encuentran en sus propios domicilios y tienen toda clase de privilegios, mientras se persigue y maltrata la dignidad de los pueblos indígenas amazónicos y de las personas que los integran. Advertimos de la ilegitimidad de una negociación que se pretende dar en condiciones de persecución de los dirigentes representativos o buscando la división de la organización nacional y las organizaciones regionales que han defendido con valentía los derechos de sus pueblos y del país.

5º Demandamos el cese de la persecución policial, judicial y política contra los y las dirigentes de los pueblos amazónicos.  Ello es condición indispensable para que puedan participar en libertad y con garantías en las Mesas de Negociación y Diálogo propuestas por el gobierno central como parte de la solución al doloroso conflicto vivido por el atropello a sus derechos y el incumplimiento de la consulta previa establecida en el Convenio 169 de la OIT y la declaración de las ONU sobre Derechos  de los Pueblos Indígenas.

APRODEH

CMP FLORA TRISTAN

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

22 de julio de 2009