En Estados Unidos se vive una ola de rechazo a los inmigrantes. Pero esta vez es más aguda y agresiva que hace 10 años, cuando el entonces gobernador republicano de California, Pete Wilson, agitó el tema para lograr su reelección.

Ahora, además de la retórica de costumbre, se han llevado a cabo acciones precisas: en Arizona se aprobó una propuesta que limita los beneficios sociales de los indocumentados, y un grupo de vigilantes voluntarios patrulla la frontera con México. El actual gobernador californiano, Arnold Schwarzenegger, aplaude a los vigilantes y los invita a expandirse por toda la frontera.

Los argumentos son los mismos: el costo social de esta inmigración. Y se exhiben cifras aparentemente convincentes, como el supuesto costo en materia de salud en comparación con los impuestos que pagan los indocumentados. En otras palabras, reciben más de lo que pagan.

Esto ocurre no sólo en Estados Unidos. La migración de la mano de obra a centros de mayor desarrollo económico es un fenómeno viejo. Este desplazamiento de trabajadores puede ocurrir dentro de un mismo estado, o cruzar fronteras internacionales; la ley de oferta y demanda de mano de obra no se preocupa por fronteras.

El argumento del precio económico de la inmigración es una manipulación: se oculta una parte fundamental del aporte de esta mano de obra. No se trata solamente de los impuestos que pagan ni que realizan las tareas que otros no quieren hacer. Se trata de la plusvalía que aportan a la sociedad, algo que deliberadamente se omite.

Tomemos un ejemplo. Una cuadrilla de 10 obreros construye en California una casa en tres meses que tiene un valor de mercado de 300.000 dólares. Cada uno aporta 30.000 dólares, pero recibe un salario de 8.000; es decir: cada obrero contribuye con una plusvalía de 22.000; y además, paga impuestos. Si este mismo obrero trabaja todo el año, puede ayudar a construir cuatro casas iguales y recibir un salario anual de 32.000 dólares, de los cuales pagará unos 7.000 dólares de impuestos; pero su aporte real a la economía sería una plusvalía de 88.000 al año.

Los grupos antiinmigrantes solamente consideran el aporte impositivo de los obreros (en nuestro ejemplo, 7.000 al año), pero dejan de lado, de forma intencionada, ese detalle. Si lo tuvieran en consideración, se podría constatar que aportan mucho más de lo que dicen sus enemigos. Y hay más.

En nuestro ejemplo, el obrero de la construcción que aporta una plusvalía de 88.000 dólares y sólo recibe 32.000 al año, debe comprar comida, ropa, rentar una vivienda, ir al médico. Naturalmente, deberá pagar por estos servicios, incluyendo más impuestos. A su vez, contribuye al ingreso económico de aquellas personas ligadas a estos servicios, quienes también hacen circular el dinero y pagan impuestos. Esta cadena económica es en realidad mucho más compleja que en nuestro ejemplo, pero puede dar una idea del aporte real de los trabajadores.

Y este aporte es característico de todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad o pasaporte. Pero el carácter de "ilegal" de la mano de obra inmigrante agrega un atractivo adicional para las empresas: es más barata, sirve para controlar los salarios y las demandas sindicales y de servicios.

El trabajador "ilegal" vive con el temor a ser deportado, por eso es casi "invisible", no se queja, participa poco en sindicatos, no exige sus derechos. En otras palabras, es el trabajador ideal. Entonces, ¿por qué las quejas? Es una situación que se produce cada vez que la economía entra en recesión. Se contrae, no crece y por lo tanto, se toman medidas políticas poco populares, como recortar el presupuesto educativo, y entonces hay que echarle la culpa a alguien. Es el momento que aprovechan los activistas antiinmigrantes: los indocumentados son usados como excusa. Y sin coste político.

Otro de los argumentos usados contra la inmigración indocumentada es que al cruzar la frontera, incumplen la ley y por lo tanto no merecen "perdón". Como mencionamos antes, la mano de obra va donde están los trabajos. Los empresarios conocen perfectamente este movimiento, incluyendo el aspecto legal, del cual se benefician. En 1986, la reforma a la ley migratoria establecía sanciones para empresas que contrataban indocumentados. Este aspecto legal apenas se desarrolló, y en las nuevas propuestas ni siquiera aparece. Pero a fin de cuentas, ¿quién hace las leyes?

Como en otros tiempos, la actual corriente contra la inmigración no sólo busca responsabilizar a los "indocumentados" por los problemas económicos del momento; también tiene otros objetivos a largo plazo: en primer lugar, crear las condiciones para una nueva ley migratoria "dura", por ejemplo la llamada ley de trabajadores huéspedes; por medio de ésta, los trabajadores podrán venir a trabajar en condiciones fijadas de antemano y después de cumplido en contrato, tendrán que volver a casa. Y éste es el segundo objetivo a largo plazo: controlar el crecimiento de la población hispana, evitando que los trabajadores temporales o indocumentados se establezcan en el país y, más aún, que traigan a sus familias.

Las proyecciones estadísticas que afirmaban que hacia el año 2050 los hispanos serían mayoría en California preocupó seriamente a determinados sectores del poder, que no perdieron tiempo. Ocultar el valor del aporte a la sociedad de los inmigrantes es parte de esa campaña.
 

Eduardo Stanley
Convenio La insignia / Rel-UITA

6 de junio del 2005