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Guallatire es un pequeño poblado aymara en el norte de Chile, a 235 kilómetros de Arica y 4.260 metros sobre el nivel del mar. Tiene apenas 50 casas y en él se vive un infierno.

Emplazado en la actual Reserva Nacional Las Vicuñas, en sus alrededores hay 28 caseríos. La mayoría de sus habitantes, indígenas aymara, cría llamas y alpacas y comercializa subproductos como carne y lana. Aunque la comercialización de la carne de alpaca, actividad ancestral, hoy está prohibida por las autoridades chilenas, los problemas más graves son otros. Han sido despojados de su pueblo y no tienen agua a pesar de las millonarias inversiones del Estado. “Una familia se ha apoderado de Guallatire. Y pretenden desterrarnos del pueblo de nuestros ancestros”, dice Clara Blanco Mamani, presidenta del Comité Pro Defensa del Pueblo de Guallatire.

En los pequeños caseríos alrededor de Guallatire viven aún unos 30 ancianos, en Chirigualla, Japu, Ancuta, Lliza, Vizcachani, Pisarata, Misitune, Ungallire, Viluvio y Chivatambo, entre otros. Guallatire como todo asentamiento prehispánico ordena sus viviendas en apretadas callejuelas. Como ya no pueden ingresar libremente por sus calles, lentamente, desaparecen los pastores que sobrevivían en torno a bofedales* y que acudían al poblado para el carnaval, las fiestas religiosas o los funerales.

“La familia Sánchez dice tener títulos de propiedad sobre la comunidad, pero se niegan a mostrarlos. A partir de los años 80 que se vienen apropiando de terrenos”, dice Rosa Jiménez Mamani, del Comité de Defensa. “Señalan en las oficinas de Arica e Iquique que, como ‘propietarios’ no admitirán ninguna acción que involucre al pueblo sin su previo consentimiento”, agrega Luciano Bráñez, otro miembro del Comité.

Según los dirigentes, la gobernación, el municipio, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Dirección General de Aguas (DGA), entre otras oficinas gubernamentales, están al tanto de las irregularidades cometidas en el pueblo.

Hasta hoy en Guallatire no cuentan con agua potable, a pesar de que en octubre de 2004 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó un proyecto de construcción de agua potable rural. Una inversión de 128.279 dólares destinada especialmente a “regularizar el servicio de agua potable, proveer de un sistema de captación, regulación y distribución bajo condiciones sanitarias para uso doméstico y de bebida”.

Entre los objetivos del proyecto estaba la organización de los usuarios en un comité de agua potable rural. El proyecto señalaba que se utilizarían aguas captadas mediante una noria en el lecho del río Guallatire, próximo a la estación de aforo de la DGA. Incluso el diseño consideró la entrega de 100 litros de agua por habitante al día. Nada de eso pareciera haberse cumplido y el pueblo sigue sin agua potable. “Nos humillaron y nos siguen humillando… Construyeron e instalaron cañerías, medidores y llaves de agua. Y nada de lo que colocaron funciona. Ahí se pueden ver los medidores inútiles, las cañerías rotas, los paneles solares inservibles. Alguien es responsable de esto; nos gustaría saber quién”, señala la aymara Rosa Jiménez.

Según el MOP el diseño del proyecto de agua rural para Guallatire consideraba un período de previsión de 20 años que se cumple en 2024. Incluso se les dijo a los vecinos del poblado que el primer año el proyecto cubriría las 47 viviendas. Clara Blanco relata que “Desde hace más de 25 años que venimos soportado una situación vergonzosa. Nos han quitado nuestro pueblo. Lo peor fue enterarnos de que la propiedad supuestamente sería ‘privada’. Las autoridades, a pesar de haber sido informadas, no han hecho nada. La familia Sánchez Medina aparece como ‘dueña’ y prepotentemente ocupa hoy el pueblo. Pero los indígenas no validamos ningún documento que le arrebate el pueblo a sus legítimos dueños”, advierte.

En el poblado ya no quedan muchas familias. “Los pocos vecinos que permanecen son en su mayoría ancianos”, dice Luciano Bráñez. La mayoría de los lugareños emigró entre 1987 y 1989, durante los últimos estertores de la dictadura militar de Pinochet.

El caso está siendo tramitado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Diego Carrasco, abogado y director ejecutivo del Observatorio de Control Americano de los Derechos de los Migrantes, patrocina a los aymara de Guallatire. “Es imposible -dice- que una familia se apropie de un pueblo. Guallatire y los caseríos que le rodean tienen una antigüedad de más de 270 años; por lo tanto, son un ‘sitio indígena de ocupación ancestral’. Sus habitantes han construido con sus manos la iglesia, el colegio y prácticamente todas las obras de allí. El Estado también ha invertido en infraestructura: retén de Carabineros, sede de Corporación Nacional Forestal, cancha de fútbol, baños públicos y las ‘obras de agua potable’. Hace poco, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobó una partida de dinero para ‘el agua potable’, que, por decirlo de alguna forma, ‘aún no ha llegado a Guallatire’”, señala Carrasco.

Según el abogado, pronto habrá noticias del caso en la CIDH. “Guallatire está en la reserva natural del Parque Las Vicuñas, por lo que debiera ser un área protegida. Por lo anterior, no puede ser objeto de una apropiación particular. La pretendida demanda de una familia que se ha arrogado derechos de dueña y señora del pueblo, no debiera ser permitida por las autoridades chilenas”, dice el abogado.

“Según consta en relatos y testimonios que presentamos ante la Comisión Interamericana -agrega- hubo situaciones de amenaza contra dirigentes indígenas que han sido ‘impedidos’ de circular al interior de la comunidad y del pueblo. Se les ha impedido ingresar a la iglesia porque la ‘familia propietaria’ tiene las llaves… El cementerio está cerrado y no se les permite visitar las tumbas de sus antepasados, etc. No entendemos por qué el Estado permite esto. Es absurdo que digan que ‘el pueblo es de ellos’ y que el cementerio y la iglesia estén cerrados… Ni siquiera pueden reparar sus casas, que se están cayendo, porque no se lo permiten… Es una situación conocida por las autoridades, por lo que creemos que hay responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos de los indígenas de Guallatire y de los caseríos circundantes”, señala.

Según los indígenas y el abogado Carrasco, las autoridades chilenas jamás debieron permitir que particulares se apropiaran de un pueblo que pertenece a la historia de nuestro país, está sindicado en planos militares y, además, está en territorio de frontera. “Lo anterior ha sido de conocimiento de autoridades provinciales y comunales desde mediados de los años 80. Creemos que se ha vulnerado gravemente los derechos humanos y ciudadanos de la comunidad indígena de Guallatire. Lo que ha ocurrido con el agua es otra afrenta contra los indígenas”, dice Diego Carrasco.

¿Cómo es posible que autoridades accedieran a particulares apropiarse de un pueblo? Se consintieron inversiones y trabajos estatales en Guallatire, algunos construidos incluso con trabajo comunitario. Según las organizaciones aymara el caso de Guallatire no es el único. Hay antecedentes de problemas similares en terrenos afectos al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en el lago Chungará y en la construcción de carreteras en General Lagos. Según el Ministerio de Bienes Nacionales, en General Lagos las tierras aymara representan el 95 por ciento de la superficie comunal, mientras en Putre y Camarones apenas son el 45 y 10 por ciento, respectivamente. “Hay varios pueblos altiplánicos con el mismo problema”, dice Clara Blanco.