La industria de agrocombustibles tiene sus ojos puestos principalmente en las mejores tierras, pero de modo intencionalmente confuso se utiliza este término de “tierras marginales”. Desde un punto de vista ecológico no existe la marginalidad. El hecho de que un recurso natural, como lo es el suelo, no esté siendo utilizado para producir un beneficio económico para el mercado globalizado, no significa que no tenga un gran valor ecológico y para las poblaciones locales.

 

Brasil, Colombia o Argentina son considerados como regiones con gran potencial para expandir la producción de agrocombustibles para abastecer a la Unión Europea, en mucha mayor medida de lo que ya se viene dando en estos países. Una de los argumentos que se esgrimen por parte de los defensores de los agrocombustibles es la existencia de extensas áreas de tierra disponibles, a las que se denominan comúnmente como “tierras marginales” o tierras de deshecho, abandonadas, improductivas. Sin embargo, en este artículo sostendremos que el concepto de “tierras marginales” -tierras con un bajo valor productivo es un concepto muy confuso y su uso en el contexto de los agrocombustibles puede resultar peligroso. Esta calificación de “marginal” es introducida por un interés productivo y económico al considerar los suelos. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que un recurso natural, como lo es el suelo, no esté siendo utilizado para producir un beneficio económico para el mercado globalizado, no significa que no tenga un gran valor ecológico y para las poblaciones locales.

 

Desde un punto de vista ecológico no existe la marginalidad. En zonas de poca productividad, la producción de biomasa puede ser baja, o puede ser necesaria gran cantidad de fertilizantes y agua, lo que tendrá otras consecuencias como contaminación de aguas y toxicidad. Las denominadas tierras marginales tienen desde un punto de vista social, una función clave para la subsistencia de comunidades rurales. Así lo destaca un reporte reciente de la FAO. La población rural, y de un modo especial las mujeres, extraen habitualmente de estas áreas, todo aquello que necesitan para su subsistencia, como el alimento, caza, agua y leña. Los planes de expansión de los monocultivos industriales tan sólo extreman el problema de la concentración de tierras, y termina dificultando e incluso impidiendo su acceso a la población que depende de ellas, y así minando su modo de vida.

Muchas áreas naturales en Latinoamérica, como en Brasil la selva amazónica, el cerrado, la mata atlántica y el pantanal, han sido ya gravemente afectados por el boom de la producción de agrocombustibles, y la conversión del uso de las tierras en monocultivos industriales. Millones de indígenas, afrodescendientes y campesinos viven en estos ecosistemas, y dependen de ellos. Muchos han sido ya expulsados de sus hogares, a menudo con violencia. Hoy crece palma aceitera, maíz, caña de azúcar o soja transgénicas en sus territorios ancestrales. Los impactos indirectos del desplazamiento de personas son muy serios y deben ser tomados en cuenta. Estos se encuentran repentinamente obligados a comenzar una nueva vida, casi siempre en condiciones muchísimo peores, en los suburbios pobres de las grandes ciudades o villas miseria.

 

Las preocupaciones de los campesinos y organizaciones sociales y ambientales latinoamericanas deben ser tomados en consideración y respetados no sólo por aquellos que elaboran las políticas globalizadoras, sino también por consumidores y hasta por ambientalistas. Las políticas de la Unión Europea que promocionan ampliamente la introducción de agrocombustibles que deben elaborarse a base de materias primas procedentes de las commodities de estas tierras supuestamente “marginales”, están olvidando o fallando en valorar a las poblaciones rurales de los países del Sur, sus modos de vida y los ecosistemas donde viven y de los que dependen, sus culturas, sus tradiciones, y así también sus derechos. Estas poblaciones no están orientadas al mercado global, sino a la producción de alimentos para sí mismos. Esto es lo que se califica de “marginal” o “deshecho”. En países como Malasia o Indonesia se habla de la existencia de grandes áreas de tierras marginales, donde deberán implementarse las plantaciones de palma africana, pero sin embargo, estos países tienen unas de las tasas de deforestación más altas del mundo. Todos los sistemas de certificación de agrocombustibles que aspira a implementar la Unión Europea para la supuesta utilización de agrocombustibles “sostenibles”, fallan en resolver el problema de las tierras marginales, sugiriendo simplemente que los cultivos para agrocombustibles deben implementarse en estas tierras, sin acertar a definir de un modo claro cuáles son y dónde están.

 

Retomando la reflexión acerca de las tierras marginales, nuestra apreciación en el seguimiento que hacemos de cómo se está desenvolviendo la expansión de los monocultivos, es que la industria de agrocombustibles tiene sus ojos puestos principalmente en las mejores tierras, pero de modo intencionalmente confuso se utiliza este término de “tierras marginales”. Lo que realmente puede observarse, es que la producción de agrocombustibles está teniendo lugar sobre los ecosistemas naturales, los sistemas de agricultura local y sobre las propias comunidades rurales.

 

Hablamos de Argentina, donde niños mueren de hambre diariamente en todo el país, de Colombia, donde la población afrocolombiana está siendo desplazada con violencia y asesinada por encargo de empresas para hacerse con sus tierras para las plantaciones de palma; de Brasil, donde la reforma agraria es el principal motivo de lucha para la población rural. En estos países, ninguna tierra es tierra marginal.

 

Caso Argentina: De la Soja a la Jatropha

 

En Argentina, algunos funcionarios del gobierno y empresas intentan promover la jatropha como cultivo que restaura los suelos y da un aceite reutilizable y no comestible. La planta a partir de la que se produce este aceite, supuestamente crece en “tierras marginales”, con una alta productividad y sin competir con la cadena alimentaria humana ni animal.

 

El Grupo de Reflexión Rural GRR, que se ocupa intensamente de los problemas que ocasiona el agronegocio en el campo argentino, denuncia que estos planes producirán aún más desplazamientos de campesinos, más concentración de tierras y de riqueza en pocas manos, además de añadir miles de hectáreas deforestadas a los ya desaparecidos bosques. “No se limitará a aumentar la pobreza, el hambre, la tuberculosis, el chagas, la leishmaniasis o la fiebre amarilla, sino que además, la especie es extremadamente invasiva y su impacto en áreas de biodiversidad como el Chaco será aún peor que el impacto de la soja transgénica” denuncia un representante del GRR. Esto significa, que como ya ha pasado con otros de los cultivos destinados a la producción de agrocombustibles en Latinoamérica, como la soja, la palma, la caña de azúcar o el maíz, la introducción de jatropha en el sistema económico, “no significará mayor desarrollo para las familias campesinas y para las comunidades, pero incrementará el producto interno bruto que sólo enorgullece al gobierno, confundiendo una vez más crecimiento con desarrollo”. El cultivo de la jatropha curcas está por cierto aún prohibido en Argentina, porque los correspondientes estudios de plagas aún no han sido efectuados en el país.

 

La expansión indiscriminada de los monocultivos de soja y la apertura a la lógica del agronegocio del mercado mundial, han destruido la coexistencia en el campo argentino entre grandes terratenientes, pequeños campesinos e indígenas. Los grandes terratenientes que se asociaron con las multinacionales ganaron la batalla, y miles de campesinos fueron desplazados en los últimos años del campo argentino. Mientras el precio internacional de la soja aumentaba, la soja se extendía más allá de las tierras fértiles, hacia las llamadas “tierras marginales”, en el norte del país. Ahí vivían campesinos que cultivaban alimentos, y comunidades indígenas que luchaban por sus derechos territoriales, de los que dependían para su supervivencia. Esa región tiene además una de las tasas de biodiversidad más altas del país. Un conflicto de tierras enorme, que se desenvuelve con violencia, comenzó con la soja, y continuará con los planes oficiales para implementar la jatropha.

 

Casos muy recientes de comunidades afectadas por las situaciones descritas en el norte de Argentina son la comunidad indígena Wichi, que resiste en contra de la deforestación de los bosques para dar paso a más expansión de más soja en la región del bosque seco del Chaco en la provincia de Salta. O el caso de la comunidad indígena guaraní que fue expulsada violentamente de su tierra por los productores sojeros, con la complicidad del gobierno de la provincia de Jujuy. Estas luchas son sólo ejemplos puntuales, pero para nada únicos.

 

Robo de tierras en Colombia

 

Nada ilustra de una manera más clara los conflictos por la tierra y la inexistencia de las tierras “marginales” que el caso colombiano. En Colombia, existen conflictos gravísimos por la tierra, que implican muerte, robo, ocupación de las tierras, militarización y paramilitarización, y una serie larguísima de violaciones de derechos fundamentales. La revista colombiana Semana, publicó recientemente una sección especial sobre el tema del robo de las tierras, donde se afirma que quienes reclaman sus tierras son asesinados, torturados y amenazados. De las tierras usurpadas apenas se ha devuelto el 1 por ciento. Algunos habitantes del Chocó intentaron regresar a sus tierras encontrándose al llegar con la sorpresa de que su pueblo había sido demolido y en su lugar crecía palma africana. Quince mil personas fueron desplazadas en este contexto, sólo en el bajo Atrato para la implementación del megaproyecto agrícola, cuyo "boom" se basa también en el de los agrocombustibles. Pocos son los que continúan resistiendo desde 1997 en que comenzó este desplazamiento. Las vidas de los demás ya han sido cambiadas para siempre, y la ocupación ilegal de 29.000 hectáreas de tierras por empresarios ha sido reconocida por el Estado colombiano.

 

En Colombia, desde hace ya casi dos décadas, parcelas campesinas vienen siendo usurpadas o sus dueños presionados para venderlas a precios bajos, en un confuso marco jurídico para presentarlos como “legal”. A pesar de este complejísimo contexto, el gobierno colombiano habla de que prevé una expansión potencial de hasta 3.500.000 hectáreas para los cultivos de palma. La pregunta al estado colombiano sería dónde se localizan estos millones de hectáreas, pues se menciona la aptitud de suelo y clima y otros factores de producción, pero no el hecho de que se trata de territorios de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinas. La revista Semana menciona un millón de hectáreas de tierras abandonadas en zonas remotas y conflictivas, que pertenecen a víctimas del conflicto armado; es impensable su ocupación para el agronegocio, ya que deberían ser restituidas a sus dueños legítimos. De este modo, más expansión de la palma en Colombia, sólo podrá significar, al igual que en otras partes de Latinoamérica, más conflictos como los ya existentes sociales, culturales y económicos, además de los ambientales. Este es el peligro que supone la expansión de los agrocombustibles sobre cualquier superficie de tierra, aunque se llame a esta “marginal”.

 

Guadalupe Rodríguez

Tomado de Ecoportal

7 de abril de 2009