La polémica sobre el uso de tierras agrícolas para la producción de agrocombustibles, que afecta la seguridad alimentaria mundial, se reanudará con fuerza en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Rio+20, que se celebrará en Rio de Janeiro a principios de junio del 2012.

 

Varias organizaciones no gubernamentales que participan en la preparación de la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la conferencia oficial, ya se están movilizando para cuestionar el avance de la producción de agrocombustibles en detrimento del uso de tierras agrícolas para la producción de alimentos mediante la agricultura familiar y comunal, así como sus posibles impactos ambientales.

 

Como sede de Rio+20, como lo fue de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Eco-92, en 1992, Brasil está en el centro de la polémica sobre el impacto de la expansión de los agrocombustibles en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria mundial.

 

La controversia comenzó con fuerza en octubre de 2007, cuando el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el sociólogo suizo Jean Ziegler, divulgó un informe que afirmaba que la expansión del etanol, agrocombustible derivado de la caña de azúcar, estaría ayudando a elevar los precios de los alimentos y, con ello, contribuyendo al empeoramiento de la seguridad alimentaria de las poblaciones más pobres.

 

En su informe, Ziegler sugería una moratoria de cinco años para la producción de agrocombustibles fabricados a base de productos alimenticios, tales como la caña de azúcar en Brasil y el maíz en Estados Unidos. Y afirmaba que el 1 por ciento de aumento en los precios de los alimentos significaba el aumento en 16 millones del contingente de personas malnutridas en el mundo.

 

Crimen de lesa humanidad

 

El tono de las críticas a los agrocombustibles se elevó en abril del 2008, cuando Ziegler señaló que la producción en masa de esta fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles representaba un crimen de lesa humanidad, a la luz de sus efectos en los precios mundiales de los alimentos.

 

Las declaraciones formuladas por Ziegler fueron replicadas rápida y enérgicamente por el entonces presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva (2003-2011), quien llegó a afirmar que Ziegler no conocía la realidad de Brasil. El presidente Lula destacó que el aumento de precios de los alimentos no podía atribuirse a los agrocombustibles.

 

La realidad es que las fuertes declaraciones del relator promovieron un gran debate mundial sobre la relación entre agrocombustibles y seguridad alimentaria. En ese momento se atribuyó esa polémica al hecho de que gran parte de la producción de maíz en Estados Unidos se estaba destinando a la fabricación de agrocombustibles, lo que contribuyó a elevar los precios de los alimentos.

 

Pero la preocupación permanece en el ámbito de los órganos de las Naciones Unidas, como indican publicaciones recientes. En el documento “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2011”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dejó en claro su preocupación por el impacto de los agrocombustibles sobre la seguridad alimentaria.

 

La FAO dice en el documento que “es probable que los precios de los alimentos sigan siendo elevados y volátiles. La demanda de los consumidores en los países con economía en rápido crecimiento aumentará, la población continúa creciendo, y si prosigue la expansión de los agrocombustibles el sistema alimentario se verá sometido a demandas adicionales”.

 

El documento destaca también que “las políticas en materia de agrocombustibles han establecido nuevos vínculos entre el precio del petróleo y el de los productos alimenticios básicos. Al aumentar los precios del petróleo se incrementará la demanda de agrocombustibles, lo cual encarecerá los alimentos, y lo contrario cuando disminuyan los precios del petróleo”.

 

El nuevo director general de la FAO, el brasileño José Graziano da Silva, ha argumentado que la producción de agrocombustibles no debe afectar la producción de alimentos. Sin embargo, también ha dicho que cuatro países de América Latina —Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay—, según estudios realizados por la FAO, pueden aumentar la producción de agrocombustibles “sin afectar la seguridad alimentaria”, en función de su disponibilidad de tierras. De hecho, el agrocombustible derivado del maíz es el que más preocupa a la FAO, según Graziano da Silva.

 

Continúa expansión de agronegocios

 

La cuestión de los agrocombustibles está, por tanto, en el corazón del debate global sobre la seguridad alimentaria y sobre las alternativas a los combustibles fósiles que provocan el calentamiento global. En Brasil es clarísima la preocupación de las organizaciones no gubernamentales con la expansión de la producción de agrocombustibles, particularmente el etanol, en zonas ecológicamente vulnerables como el Pantanal y la Amazonia.

 

“Es un crimen ecológico y tiene desventajas enormes en la producción de alimentos”, sostiene el presidente de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria (ABRA), Plínio de Arruda Sampaio. El etanol contribuye solo a “mantener la industria del automóvil, que está condenada a pasar por grandes cambios” en función de cuestiones como el calentamiento global, añade.

 

Brasil tiene 355 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo. Actualmente 9,4 millones de ellas se destinan a la caña de azúcar. Sin embargo, estudios del propio gobierno brasileño indican que en los próximos años continuará la expansión de las áreas ocupadas por la caña de azúcar.

 

El documento “Brasil, proyecciones del agronegocio 2010/2011 a 2020/ 2021”, elaborado por la Oficina de Gestión Estratégica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, indica las proyecciones de expansión de tierras en caña y soja, “dos actividades que compiten por espacio en Brasil”. De acuerdo con el documento, estos dos cultivos juntos “deben presentar en los próximos años una expansión de 7,4 millones de hectáreas: 5,3 millones de hectáreas de soja y 2,1 de caña de azúcar”.

 

“Muchos agricultores, a causa de los precios, van a seguir optando por la caña, y eso es muy malo, inclusive porque sigue empeorando la migración y la sobrepoblación de las ciudades”, dice Sampaio. El avance de la soja y de la caña es, de hecho, señalado por las organizaciones de apoyo a los campesinos sin tierra y pequeños agricultores, como la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), como una fuente del agravamiento de los conflictos agrarios en Brasil.

 

Ahora las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil brasileña están dedicadas en gran medida a acciones encaminadas a influenciar en Rio+20, que discutirá la llamada economía verde —definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como “ aquella que resulta en la mejora del bienestar del ser humano y la equidad social, al mismo tiempo que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica”— y la lucha contra la pobreza, dos temas estrechamente vinculados con la polémica de los agrocombustibles y la seguridad alimentaria.

 

Un documento firmado por una serie de organizaciones, como las brasileñas AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología, y las internacionales EcoNexus, ETC-Group, More and Better y Third World Network, indica las “20 políticas que Rio+20 puede adoptar de inmediato”, como medio para fortalecer la soberanía alimentaria, reducir el daño ambiental y apoyar “el trabajo innovador de los campesinos, productores y proveedores de alimentos a pequeña escala”.

 

Algunas de las iniciativas planteadas en el documento incluyen: Restaurar el apoyo público a la agricultura para enfrentar la crisis alimentaria, convertir las tierras donde se producen agrocombustibles a tierras productoras de alimentos, adoptar políticas que reduzcan la erosión de los suelos para proteger la seguridad alimentaria de largo plazo, y apoyar las estrategias campesinas de conservación.

 

En otro documento, organizaciones como Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe y Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, hicieron un llamamiento para “afirmar nuestros derechos y los de la naturaleza frente a la mercantilización de la vida y el ‘reverdecimiento’ del capitalismo”. Las organizaciones no gubernamentales ambientalistas consideran que la economía verde sería una estrategia de conservación de las estructuras injustas y destructivas del capitalismo.

 

Está claro que la polémica relacionada con los agrocombustibles y la seguridad alimentaria será uno de los puntos fuertes del menú de temas ofrecido por Rio+20 y la Cumbre de los Pueblos. Sampaio, de ABRA, señala que es “perfectamente factible incrementar la producción de otras formas de energía, como la eólica y la solar, además de ser fundamental cambiar el sistema de transportes en el mundo”. Para él, estos desafíos “no pueden ser solucionados en la economía capitalista”