Chiquita es una de las transnacionales bananeras más grandes del mundo. Los trabajadores de sus plantaciones en Costa Rica organizados en el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia (SITAGAH) denuncian que son fumigados con agrotóxicos mientras trabajan, y que cuando se quejan son despedidos por falta grave. Por si fuese poco, los trabajadores alertan también sobre la existencia de persecución sindical y la presencia de una guardia privada que sustituye a la Policía y hasta a la propia Justicia

Apenas comenzaba la mañana del pasado 16 de marzo cuando Miguel Sánchez y otro supervisor -conocido por los trabajadores como “Emilio”- de la finca Coyol, propiedad de la Compañía Bananera Atlántica Limitada (COBAL-CHIQUITA), ubicada en la zona de Sarapaquí, Costa Rica, ordenaron a una cuadrilla que ingresara en una zona de la plantación para aplicar el nematicida Furadán. Allí estaban realizando diversas labores varios trabajadores y parceleros, pero su presencia no impidió la aplicación del potente agrotóxico.

La cuadrilla que venía aplicando el nematicida invadió el área de cosecha por la irresponsabilidad de Sánchez y “Emilio”, como lo reconoció el representante patronal durante la audiencia conciliación que se llevo a cabo el pasado 3 de mayo en el Ministerio de Trabajo, cuando admitió que había ocurrido una descoordinación que resultó en la exposición de los trabajadores al nematicida.

Qué es el Furadán

También conocido como Carbofurán (N-Metil Carbamato) y otros nombres comerciales, es un producto clasificado como “altamente tóxico”, y toda la literatura toxicológica internacional recomienda que en casos de exposición aguda se consulte a un médico de manera inmediata. Los principales síntomas de intoxicación con Furadán son “malestar generalizado, debilidad muscular, mareos y sudoración, dolor de cabeza, hipersalivación, náuseas, vómitos, diarreas, visión borrosa, descoordinación, espasmos musculares, incoherencia. En casos severos, depresión del sistema nervioso central, coma, hipotonía, hipertensión y depresión cardiorrespiratoria. Disnea, broncoespasmo, bronquitis y eventual edema pulmonar”.*

Asimismo, se advierte enfáticamente que los contaminados no deben regresar a sus casas con la ropa de trabajo para evitar la intoxicación de sus familias, y se recomienda un seguimiento médico durante varias semanas.

COBAL-CHIQUITA no sólo expuso a los trabajadores a este peligroso agrotóxico, sino que sustituyó todos sus deberes por una caja de leche, y envió al personal a sus casas con la misma vestimenta contaminada.

Las consecuencias

Todos los trabajadores que se encontraban en el área donde estaban aplicando Furadán sintieron los efectos del nematicida. Alexander Reyes Zúñiga y Jaime Blanco Juárez padecieron fuertes mareos, vómitos y fatiga. Blanco Juárez fue trasladado a un dispensario mientras que a Reyes Zúñiga el supervisor le suministró agua azucarada y una caja de leche, y luego lo envió de regreso a su casa.

Al día siguiente, Reyes se presentó al trabajo pero le comunicó al supervisor que continuaba experimentando los mismos síntomas de intoxicación. Esa mañana había más trabajo que brazos, así que Reyes fue enviado a la plantación como cualquier otro día.

La denuncia y la represalia

Reyes es representante en la zona del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia (SITAGAH), afiliado a la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica (COSIBACR). Junto a Marco Gonzáles Borges, otro de los afectados, Reyes decidió denunciar ante la empresa la temeridad de los responsables de que se hubiese efectuado una aplicación de Furadán con el personal dentro del área de riesgo. COBAL-CHIQUITA, sin embargo, no sólo desestimó  investigar lo ocurrido, sino que acusó a los denunciantes de haber ingresado a trabajar de forma irresponsable en un área restringida. Un mes después del incidente, ambos trabajadores fueron despedidos sin indemnización.

Los antecedentes

La situación no es verdaderamente nueva, aunque esta vez la impunidad de que goza COBAL-CHIQUITA alcanza ribetes extraordinarios. Más aún si se toman en cuenta las denuncias que desde hace varios meses vienen realizando SITAGAH y COSIBACR y que se refieren esencialmente a:

Persecución sindical

Los trabajadores que se afilian al sindicato son amenazados con el despido, con incluir sus nombres y los de sus familiares en listas negras; los discriminan ordenándoles realizar las labores más sacrificadas y peor remuneradas. De esta manera, los trabajadores afiliados al sindicato están bajo una permanente presión psicológica ejercida por los llamados “técnicos laborales”, cuya verdadera tarea dentro de la empresa es ejecutar una política de persecución sindical.

Despidos como represalia

Por medio de los “técnicos de relaciones laborales”, la empresa ha inventado procesos disciplinarios a los que denomina “debido proceso”. Lo curioso es que ella es juez y parte, pues dirige “las investigaciones” y resuelve los despidos; y lo que es peor: a los trabajadores que involucra en estos mal llamados debidos procesos les niega copia de la documentación que supuestamente genera la investigación, lo que significa la imposibilidad de ejercer el derecho a la defensa y a tener un verdadero debido proceso. Obviamente, estos procedimientos no están contemplados en la legislación costarricense, por lo que carecen de cualquier legalidad. No obstante, mediante la aplicación de esta metodología sui generis, en lo que va del año COBAL-CHIQUITA ha despedido a más de 30 trabajadores sin indemnización por el “delito” de ser sindicalizados, y a más de 50 trabajadores con indemnización por la misma causa.

Persecución laboral y salarial

Los trabajadores sindicalizados son sometidos a duras pruebas: se les cambia de trabajo para afectar su salario, a pesar de que realizan sus tareas con igual o mayor cuidado que los demás trabajadores, a ellos se les exige más que a nadie y hasta el más mínimo detalle; se les somete al aislamiento con el único fin de ejemplarizar a los demás trabajadores y evitar el crecimiento de la organización sindical.

Guardia privada

COBAL-CHIQUITA imprime un carácter policial, agresivo y prepotente a las relaciones laborales con sus trabajadores, especialmente a los afiliados al sindicato. Por ejemplo, la guardia privada que mantiene la empresa ha participado en el decomiso de documentos a trabajadores inmigrantes, al mismo tiempo que los amenaza con deportarlos. También amedrenta a los afiliados al sindicato allanando sus viviendas, y en al menos un caso la guardia de la empresa practicó revisaciones corporales a hijos de trabajadores.

Indiferencia ante las denuncias del Sindicato

Existe un documento suscrito por el Sindicato y la empresa llamado “Reglas de procedimiento para la conciliación” según el cual COBAL-CHIQUITA tiene la obligación de atender las requisitorias presentadas por los trabajadores, pero la empresa ignora sus obligaciones ya que existen graves denuncias que llevan hasta un año sin ser respondidas.

Como consecuencia de todo esto, los trabajadores han presentado una denuncia ante la Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En diálogo con Sirel, Ramón Barrantes, coordinador general de COSIBACR, expresó que reclaman “la inmediata apertura de una instancia de diálogo para analizar las condiciones de reintegro de los despedidos Reyes y Gonzáles, y a continuación el inicio de una relación seria, responsable por parte de la empresa con el Sindicato, para que los trabajadores de COBAL-CHIQUITA sean respetados en sus derechos constitucionales, humanos y laborales”.

Gerardo Iglesias y Carlos Amorín

© Rel-UITA

18 de mayo de 2007

* Fuente: http://www.epa.gov/pesticides/safety/healthcare/handbook/Chap05.pdf