agrotóxicos

 Paraguay

Las imágenes periodísticas eran más que elocuentes. Mostraban con total crudeza las terribles marcas en la piel de un niño campesino de apenas 11 años, de nombre Antonio, que habrían sido causadas por la constante exposición a los agrotóxicos utilizados para fumigar los cultivos de soja en la compañía de Santo Domingo, en el distrito de San Pedro del Paraná del departamento de Itapúa.

Esas terribles imágenes causaron la indignación de toda la opinión pública y pusieron al descubierto una vez más la impunidad con que actúan ciertos productores de soja en Paraguay.

Sin ningún tipo de miramientos y respeto a las leyes vigentes, estos productores utilizan en forma indiscriminada y ante la vista gorda de las instituciones estatales, potentes herbicidas como el glifosato y el paraquat para la fumigación de miles y miles de hectáreas de cultivo de soja convencional y transgénica.

En un principio, las autoridades estatales trataron de aplacar la polémica afirmando que el niño en realidad no sufrió los efectos de la contaminación con herbicidas sino que padecería de una enfermedad autoinmune de la piel conocida como “Pénsigo folíaco o fuego salvaje”, muy grave y recurrente y cuya manifestación resultó solo una coincidencia con el tema de los tóxicos. Sin embargo, aunque el pequeño Antonio fue el más afectado, no fue el único. Miembros de al menos 300 familias campesinas, entre las que se encuentran la de Antonio, también sufrieron en mayor o menor medida las consecuencias físicas de la alta exposición a los insecticidas. Otros niños y adultos fueron igualmente internados de urgencia por presentar síntomas tales como escoriaciones en la piel, vómitos, mareos y cefaleas agudas.

INMUNODEFICIENCIAS

Joel Filártiga, médico residente en la ciudad de Ybycuí, condenó a los médicos que trataron a Antonio por mentir sobre los efectos de los agrotóxicos. “La exposición por largo tiempo a herbicidas produce inmunodeficiencia en el organismo, por lo que estas personas tienen mayores posibilidades de contraer cualquier tipo de enfermedad. Ellos (los médicos) están mintiendo. Es una lástima que no tengan la fuerza ética para contar la verdad”, señaló el galeno. Consignó además que la utilización indiscriminada de estos agrotóxicos es producto de la presión ejercida sobre el gobierno por grandes multinacionales como Monsanto y Adventis. El uso de estos agrotóxicos ha sido aprobado por el Tratado del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Anthony Stanley, ex director del Instituto de Tecnología y Normalización (INTN), tiró más leña al fuego al acusar directamente de criminal al Estado paraguayo, por tratar de ocultar una tragedia ambiental, y aseguró que los organismos internacionales competentes deberían ser los encargados de dilucidar tan grave problema ecológico.

FISCALES y JUECES CÓMPLICES

La contaminación de personas y del ambiente en general por agrotóxicos es cada vez más frecuente en Paraguay, y demuestra la desidia estatal por poner freno a los productores inescrupulosos que utilizan ese arsenal para la fumigación de las plantaciones de soja. Para tratar de limpiar su ya deteriorada imagen ante la opinión pública, que desde un principio condenó la catástrofe ecológica, el presidente Nicanor Duarte Frutos señaló ante un gran grupo de campesinos que será implacable con los jueces y fiscales cómplices con el uso indiscriminado de agrotóxicos. “Los fiscales y jueces que sean cómplices de los que están destruyendo el hábitat y la salud de nuestro pueblo serán enjuiciados. Si llevamos a los miembros de la Corte Suprema a juicio político bien podemos destituir a los jueces y fiscales que no respondan a los altos intereses de la República”, sentenció amenazante el primer mandatario. Con estas manifestaciones quiso echar tierra sobre el proceder de los funcionarios sanitarios de su gobierno, quienes desde un principio trataron de minimizar los efectos que sufrieron la cerca de 300 familias campesinas de San Pedro del Paraná, y en especial lo sufrido por el niño Antonio.

Duarte insinuó que muchos de los productores sojeros, algunos de ellos colonos brasileños que residen en el departamento de Itapúa, ni siquiera estarían pagando impuestos por los productos químicos que utilizan en sus cultivos pues los introducirían al país de contrabando. El presidente ordenó una investigación a gran escala sobre este hecho y envió a técnicos a la zona para evaluar la situación. Aseguró también que se indemnizará a los pequeños productores cuyos cultivos para el sustento familiar hayan sido afectados por la contaminación con los agentes tóxicos.

INVESTIGADORES ESPERAN DAR

CON CAUSANTES DE LA CONTAMINACIÓN

Las manifestaciones del presidente Duarte produjeron la reacción inmediata de la Fiscalía General del Estado. El fiscal del Crimen Adriano Ayala ordenó la apertura de una causa penal para determinar las responsabilidades de la intoxicación con agrotóxicos que afectó a siete compañías rurales de los distritos de San Pedro del Paraná y General Artigas. Ya se realizaron varios allanamientos de establecimientos cuyos propietarios, señalados por los pobladores, serían responsables de la contaminación. De acuerdo a la denuncia formulada ante la Fiscalía por los labriegos Alejandro Verdún y Sotelo Rodríguez Maidana, el empleo de “matayuyos” por algunos productores sojeros que tienen sus cultivos en los alrededores causó daños a las plantaciones de poroto, arroz, sandía, tomate y otros productos de manutención de los pobladores.

INDEMNIZACIONES

Como una de las primeras medidas para resarcir a las 300 familias afectadas, el ministro de Agricultura y Ganadería, Antonio Ibáñez, anunció que el Estado entregará gratuitamente semillas para la nueva siembra del 60 por ciento del cultivo de algodón. El porcentaje fue calculado de manera aproximada, porque aún no se conocen oficialmente la cantidad exacta de hectáreas dañadas por los productores sojeros. “Queremos evaluar la situación en el mismo lugar de los hechos. En principio, estamos llevando semillas de diferentes tipos para reemplazar los cultivos que se hayan perjudicado por la excesiva utilización de los plaguicidas”.

Ibáñez indicó también que ya se iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con los culpables del uso irracional de agrotóxicos y llevarlos ante los tribunales.

“CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO”

La otra cara de la moneda muestra al presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, Héctor Cristaldo, manifestando su gran preocupación por lo que considera una campaña de desprestigio contra la producción sojera y la agricultura mecanizada. Cristaldo no supo, sin embargo, precisar de dónde provenían tales intenciones de dañar al sector de la producción e insistió con que los supuestos casos de contaminación con pesticidas dados a conocer últimamente por los medios de prensa no son representativos. “Estamos por el uso correcto y racional de los agroquímicos. Quien los usa de manera irracional debe ser sancionado”, alegó.

Ahora sólo resta esperar para comprobar si la intervención estatal resulta efectiva para dar con los culpables de la catástrofe ambiental.

Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

23 de diciembre de 2003