Durante el seminario se denunciaron los riesgos a los que se exponen los trabajadores que manejan tóxicos, como los que cultivan naranjas en Salto y los que trabajan en cementeras en Lavalleja y las curtiembres en Montevideo. También la forma en que se contaminan y enferman los habitantes que conviven en estas áreas, expuestos a las fumigaciones, sin medidas sanitarias ni información. La Comisión Vive Sin Plomo hizo hincapié en que los casos de plombemia continúan y que los controles médicos no alcanzan el nivel de exigencias de la Organización Mundial de la Salud.

Algunas de las críticas más duras a la situación ambiental de Uruguay las realizó el fiscal Enrique Viana. El funcionario habló del derecho ambiental uruguayo y de la falta de cumplimiento de sus normas y cuestionó muy duramente la actitud del gobierno en el control de las plantas de celulosa Botnia y Ence, a las que calificó de "monstruos".

La directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, podría haber rebatido los argumentos de Viana, ya que integraba la siguiente mesa redonda. Pero Torres no asistió, ni tampoco lo hizo en su lugar ningún otro funcionario de la Dinama.

Según el fiscal, "el Estado uruguayo camina por una avenida, por otra camina el Derecho y por una tercera la sociedad".

Viana dijo que las normas sobre medio ambiente que hoy rigen en Uruguay son contradecidas por las acciones del gobierno.

"Debemos elevar prioritariamente la defensa del medio ambiente, la defensa de los recursos hídricos a partir de octubre (aprobación del plebiscito del agua), el concepto de ‘país natural’, pero obviamente ese camino no se compatibiliza con ciertas políticas de Estado, que van en sentido contrario. Si un país se autocalifica de ‘país natural’, obviamente va a tomar un rumbo distinto a ser un país celulósico", señaló el fiscal.

Además, dijo que existen demasiadas leyes ambientales que "dan pie a que siempre se encuentre alguna coma, algún intersticio legal con el cual producir la excepción y de esa manera violar la regla". Para Viana ese es el caso de la Ley de Impacto Ambiental, a la que llamó como "una trampa que le otorga al Estado la posibilidad de decidir la instalación de determinados emprendimientos industriales y a su vez esa voluntad pasa a ser intocable".

Según Viana, la situación uruguaya en temas ambientales se define como "la anarquía de la norma, que está presente, pero no se aplica". Y agregó que el gran problema que hoy existe en el país es el de cómo hacer para que se respete el derecho ambiental.

"Nos enfrentamos a un problema más complicado: su eficacia y su aplicación. ¿De qué depende su cumplimiento? Depende sólo de la voluntad de algunos hombres, que han seguido un camino lleno de traumas y desilusiones", dijo refiriéndose a los productores y técnicos rurales que denunciaron en el seminario la desprotección ante el uso de agrotóxicos, la falta de información y las enfermedades que han adquirido por la contaminación.

Y agregó: "sigo creyendo en las voluntades espontáneas porque el Estado ha fracasado en el control ambiental".

Según el fiscal, ese fracaso se da en tres niveles. Primero, en las situaciones de emergencia ambiental, como en el caso de la plombemia, que definió como "inercia del Estado". Segundo, en el control establecido en la Ley de Impacto Ambiental de los establecimientos ya instalados. En este nivel dio como ejemplo los problemas de las curtiembres y los arroyos de Montevideo. El tercer nivel de fracaso está en la falta de "imposición del máximo rigor frente a los nuevos emprendimientos industriales de Ence y Botnia".

A continuación Viana realizó un análisis histórico de las políticas ambientales en Uruguay. Una primera etapa ocurrió en la década del 90 con la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Un segundo momento comenzó en la segunda mitad de los 90 hasta el año 2000, cuando se sancionó la Ley de Impacto Ambiental, la ley interpretativa del artículo 47 de la Constitución, que declaró de interés general la protección del medio ambiente, y la sanción de la Ley de Protección de Medio Ambiente.

Para el fiscal la tercera etapa sería la actual, a la que denomina "la invasión de los monstruos". Según él, podría pensarse que las etapas anteriores fueron positivas y generaron un marco legal para prevenir y controlar a las plantas de celulosa. Pero para Viana la realidad es opuesta: "yo los invito a pensar al revés: quizá esta situación fue la preparación de una pista de aterrizaje para que estos monstruos aterrizaran en Uruguay. Lo que menos pensé es que nos iban a invadir los vikingos, que podían renacer y venir por estas tierras".

Y agregó: "la tragedia de nuestra situación es que nos enfrentamos ante un Ministerio que no tiene capacidad para evaluar y controlar. Hemos creado una fachada perfecta, que le permite a estos emprendimientos moverse con total soltura".

La próxima instancia será la del conflicto, vaticinó, cuando las plantas de celulosa ya estén instaladas. "¿Será que teniendo hoy la experiencia de Europa recién reaccionaremos cuando tengamos el agua hasta el cuello?", preguntó.

Viana finalizó su ponencia sintetizando el problema: "hay veces que las cosas son blanco o negro. Enfrentadas las vías del Derecho y la del accionar actual del Estado, cuando la protección del medio ambiente ha sido elevada al rango constitucional de interés general, esa protección significa restricción a otros derechos individuales como el derecho al trabajo. Si eso no nos gusta, el camino no es ignorar la norma, el camino es modificarla".

El seminario fue organizado por el instituto Goethe, la Comisión Vive Sin Plomo y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agrícolas (UITA). Fue auspiciado por la Intendencia de Montevideo. La ponencia de Viana culminó con un fuerte aplauso.

Nausícaa Palomeque

El País

14 de noviembre de 2005