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Por primera vez, productores sojeros argentinos fueron
condenados por la justicia por realizar fumigaciones
clandestinas con agrotóxicos. Aunque los acusados no
marcharon a la cárcel, el avance fue saludado por
organizaciones sociales.
El 21 de agosto no fue un día como los otros de los últimos
diez años para los vecinos del barrio Ituzaingó, en la
periferia de la ciudad de Córdoba.
Ese día, la
Cámara I del Crimen de la provincia condenó a tres años de
prisión provisional (no se debe ejecutar) a un productor
rural y a un piloto por fumigar con glifosato, endosulfán y
otros agroquímicos campos de soja aledaños a zonas pobladas.
La acusación había sido presentada por los vecinos en 2004,
por hechos que remontaban a un par de años antes. Como
consecuencia de las fumigaciones varios pobladores del área
sufrieron severas consecuencias sanitarias.
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Como consecuencia de las fumigaciones varios
pobladores del área sufrieron severas
consecuencias sanitarias. |
Médicos que trabajan en el área informaron de más de 200
casos de cáncer y afecciones respiratorias varias. Una
muchacha de 20 años con insuficiencia renal agravó su cuadro
y murió “gracias a los venenos que tiraron sobre el
pueblo”, según denunció su madre.
Las fumigaciones cordobesas habían sido instaladas en el
debate público nacional gracias a la acción de varias
asociaciones, como Madres de Ituzaingó o Paren de
Fumigar.
Medardo Ávila Vázquez,
secretario de Salud de la provincia, fue uno de los
denunciantes.
Ávila
es también integrante de la asociación Médicos de Pueblos
Fumigados (MPF), surgida, según dijo al semanario
uruguayo Brecha,
“como respuesta al reclamo de contención de los equipos de
salud diseminados en la provincia y que carecen de apoyo
para tratar enfermedades ligadas a los agroquímicos y la
fumigación en general”.
El MPF sostiene que hay actualmente en Argentina 12
millones de personas viviendo en zonas sobre las cuales los
productores echan 300 millones de litros de agroquímicos
cada año.
Ávila
valora tanto más el fallo de esta semana cuanto se hace
difícil el reclamo de los vecinos en pueblos “en que de
inmediato sobreviene el enfrentamiento con el intendente
local y con los propietarios de los campos, que en general
son también los vecinos más poderosos”.
El secretario y dirigente social denuncia el papel que
cumplen los organismos estatales que en principio deberían
encargarse del control de estas temáticas.
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Actualmente en Argentina 12 millones de personas
viviendo en zonas sobre las cuales los
productores echan 300 millones de litros de
agrotóxicos cada año. |
Uno de ellos es el Servicio Nacional de Sanidad Animal,
donde –dice- los grandes productores hacen y deshacen.
“Es un organismo vinculado exclusivamente a la producción y
a lo comercial en el que no hay una mirada de salud ni de
ambiente. Más bien son como el león, la pantera y el tigre
determinando qué van a hacer con los pobres ratoncitos que
viven debajo de los aviones que pasan fumigando”, dijo
el dirigente del MPF a Brecha.
A fines del año pasado, otra denuncia fue elevada a la
justicia cordobesa por daños a la salud de 30 habitantes de
una colonia rural afectados por fumigaciones no autorizadas.
Y desde julio, la provincia es escenario de un conflicto
ambiental “duro” tras la ratificación, por los gobiernos
provincial y nacional, de la construcción de una planta de
la transnacional Monsanto para llevar a cabo estudios
sobre semillas de maíz transgénico.
El 19 de julio, asociaciones de diverso tipo, desde
ambientales hasta humanitarias, y sindicatos de varias
ramas, lograron reunir a unas 6.000 personas en la ciudad
para manifestar “en defensa del derecho fundamental a un
ambiente sano”. La convocatoria abarcaba el reclamo
contra Monsanto, el juicio por las fumigaciones y las
protestas contra la acción de la gran minería en el sur y el
norte del país.
Uno de quienes apoyó la manifestación fue Adolfo Pérez
Esquivel. El premio Nobel de la Paz argentino se hizo
presente también en Córdoba en los últimos días. “Lo
que está en causa en estas movilizaciones es un mismo modelo
que sólo persigue la maximización de las ganancias por parte
de las empresas multinacionales, de los empresarios sojeros
y de los pools de siembra, en detrimento de la salud
pública de todos los habitantes y del medio ambiente en
general”, dijo Pérez Esquivel en ocasión del
juicio cordobés.
“
Sin que se modifique el modelo económico de explotación de
la tierra los conflictos seguirán”,
agregó.
Según el último informe de la Red Agroforestal Chaco
Argentina, hacia 2010 había en Argentina 153 casos de
conflictos por tierras y 16 por temas ambientales.
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