La injusticia reina en Rincon'í

Por medio de esta queremos expresar nuestra profunda indignación al conocer la inacción de la Fiscalía en el caso judicial que enfrentó a la comunidad de Rincon'í con la empresa estadounidense Delta & Pine, ya laudado por la Justicia paraguaya.

En 1998 esta corporación desechó en un predio de una hectárea, a 50 metros de una escuela y dentro de la comunidad, 660 toneladas de semillas de algodón vencidas pretratadas con cuatro agrotóxicos y una bacteria modificada. Como es obvio, esto afectó y continúa afectando la salud de los pobladores, su ambiente y su modo de ganarse la vida.

Con fecha 14 de julio de 2004 el juez Penal de Liquidación y Sentencia de Paraguarí, doctor Germán Torres, resolvió: “Tener por probada la existencia del hecho punible contra el medio ambiente y de procesamiento ilícito de desechos, y la participación del acusado Nery Guzmán Rivas en calidad de autor directo y de Julio César Chávez en calidad de cómplice en la perpetración del hecho".

Nery Rivas, ingeniero agrónomo y funcionario de confianza de la Delta & Pine, fue condenado a dos años de prisión en calidad de responsable directo, y Chávez, el propietario del terreno donde se abandonó la basura tóxica, a 15 meses de prisión. Ambas penas quedaron suspendidas "a prueba durante tres años", según lo habilita la ley paraguaya en situaciones especiales, lo que implicaba, en este caso, una multa de aproximadamente 30 mil dólares entre ambos, la prohibición de salir del país y cambiar de domicilio sin autorización judicial y la obligación de presentarse al juzgado cada cuatro meses. Este régimen debía ser estrictamente respetado durante tres años por los condenados, y en caso contrario podrían ser conducidos a la cárcel para que cumplieran la totalidad de la pena de prisión.
 

No menos importante fue otra resolución incluida en la sentencia del juez Torres por la cual permanece abierto este proceso en relación con el estadounidense Eric Lorenz, representante en Paraguay de la Delta & Pine Company, quien huyó del país poco después del crimen y que está declarado formalmente "en rebeldía" por la Justicia paraguaya.

Finalmente, el juez Torres estimó necesario que se integrara una comisión bipartita entre los vecinos afectados por la contaminación y representantes del Ministerio de Salud Pública, para administrar de forma conjunta el dinero proveniente de la multa que tendrían que pagar los acusados y que debía utilizarse en lo que esa comisión determinara.

Puede decirse, por tanto, que la victoria judicial de los vecinos de Rincon'í fue total, contundente y sin ambigüedades.

Sin embargo, la Fiscalía –representada para este caso por las doctoras Celia Beckelman y Artemisa Marchuk– ha permanecido completamente inactiva desde hace dos años hasta ahora, y no ha implementado la ejecución de la pena, esto es, de la multa o la prisión de los condenados, incurriendo de esta forma en un acto flagrante de impunidad.

Ante los requerimientos de los vecinos organizados de la comunidad de Rincon'í, cuya lucha fue acompañada permanentemente por esta Secretaría Regional, las fiscalas responden que para ejecutar esa pena se necesitan recursos económicos que la Fiscalía no tiene.

A pesar del enorme daño que se le ha causado a la comunidad de Rincon'í, destruyendo su ambiente, su salud y en muchos casos su trabajo, los pobladores continúan creyendo en la Justicia. Solicitamos la intervención de Última Hora para que los niños que allí están creciendo y los jóvenes que fueron testigos de los hechos por lo menos puedan mañana tener fe y confianza en las instituciones paraguayas.

Gerardo Iglesias
Secretario regional UITA