La Ley de las Compañías Bananeras
En Ciudad Nemagón viven cientos de afectados por un poderoso
pesticida del mismo nombre, que además de matar a los
nemátodos del plátano mata también a las personas, y fue
empleado abundantemente por empresas bananeras
estadounidenses en Nicaragua y otros países, aun después de
haber sido prohibido en Estados Unidos, tras probarse sus
efectos cancerígenos. Las poderosas trasnacionales que lo
fabricaron y usaron presionan para que, en el marco del
acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y
Centroamérica, se olviden los reclamos de más de 20 mil
campesinos afectados
"Nosotras también salimos afectadas porque no nos daban
mascarillas para protección y respirábamos todos los
químicos. Todo eso pasó a nuestros hijos". Nimia Esperanza
Regla, cuya hija nació con una malformación.
En 1984 Nicaragua llevó un caso al Tribunal Internacional de
Justicia de La Haya en el que denunciaba las constantes
agresiones que sufría por parte de Estados Unidos. Para los
sandinistas, que hacía apenas cinco años habían entrado
triunfantes a Managua, el triunfo de la revolución no
significó el fin de la guerra, sino el comienzo de nuevos
ataques financiados y dirigidos desde Washington. Para los
nicaragüenses, aquellos fueron años difíciles que costaron
la vida a más de 40 mil personas.
Ante las numerosas evidencias presentadas, el Tribunal
Internacional condenó a Estados Unidos en 1987 por la
destrucción de vida y bienes del gobierno y pueblo
nicaragüenses. El fallo también ordenaba el pago de una
indemnización que se calculó en 17 mil millones de dólares.
Washington rechazó el dictamen y desconoció al Tribunal. Más
tarde obligó a Nicaragua a retirar la demanda y vetó dos
resoluciones de la ONU promovidas por el país
centroamericano en las que se llamaba a los países miembros
a respetar la legalidad internacional. Para los
nicaragüenses afectados, la justicia nunca llegó.
Pero esos 17 mil millones resuenan una vez más en los
tribunales de Nicaragua. Esta vez no involucran a dos
Estados, sino a seis compañías trasnacionales y a unos 20
mil campesinos que exigen el pago de esa cantidad como
indemnización por haber sido expuestos a pesticidas tóxicos.
De aprobarse el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (TLCCA),
uno de sus primeros efectos sería frenar las demandas de los
campesinos o neutralizarlas con las nuevas leyes
comerciales. Esas leyes fueron cuidadosamente revisadas por
la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a la que pertenece
una de las compañías acusadas, la Dow Chemical Company.
Y mientras los diputados nicaragüenses deliberan sobre el
TLCCA, unas 600 personas, entre niños de pecho y ancianos,
en su mayoría del departamento de Chinandega, acampan desde
hace cinco meses frente al edificio de la Asamblea Nacional.
El campamento ya ha sido bautizado como Ciudad Nemagón,
porque ahí viven cientos de afectados por un poderoso
pesticida del mismo nombre, que además de matar a los
nemátodos del plátano mata también a las personas, y fue
empleado abundantemente por empresas bananeras
estadounidenses en Nicaragua y en otros países de
Centroamérica, el Caribe y Asia, aun después de haber sido
prohibido en los Estados Unidos en 1979, tras comprobarse
que tenía efectos cancerígenos.
Campesinos y trasnacionales
"Aquí ya van muchos muertos dice Paulo Martínez. Igual que
en Irak. Sólo que de los que mueren aquí nadie dice nada."
Paulo tiene 77 años. Es originario de Chinandega y llegó a
Managua el 2 de marzo luego de 12 días de caminata en la
llamada Marcha sin retorno. Lleva cinco meses durmiendo
sobre una hamaca, en una champa (choza) hecha de plásticos
negros y cartón que comparte con cinco compañeros. Sentado,
mientras termina su sopa, cuenta que entró a trabajar a la
hacienda bananera "María Elsa" cuando tenía 49 años. En los
seis años que estuvo ahí tuvo que ser trasladado cinco veces
de emergencia al hospital de Chinandega por haber estado
expuesto al químico. La intoxicación era tratada con un
lavado de estómago y suero. Desde entonces Paulo no tiene
apetito ni puede retener los alimentos y confiesa que no ha
sido fácil acostumbrarse a alimentar un estómago enfermo que
ya no aguanta ni un pedazo de carne.
Paulo dedicó su vida entera al campo. Su padre también fue
campesino, al igual que su abuelo. Sembraban maíz, frijol,
papa y yuca. Si sobraba algo lo vendían en el mercado. Fue
en los sesenta cuando llegaron las compañías bananeras y las
cosas se pusieron más difíciles. La creciente demanda de
plátanos en el mercado internacional incentivó la
producción, y propició que las haciendas de las
trasnacionales se extendieran sin control, desplazando a los
antiguos propietarios y desequilibrando los modos de
producción y la vida de los campesinos. Las empresas cavaron
pozos de agua más profundos y desviaron el cauce de los
ríos. "Algunos pueblos se quedaban secos agrega Paulo. No
había trabajo ni plata para comprar comida. Sólo quedaba
vender la tierra." Las compañías ofrecieron trabajo al
creciente número de campesinos desterrados y desempleados,
muchos de los cuales terminaron trabajando las mismas
tierras que habían pertenecido a su familia.
Breve historia de un país y un pesticida
El clima caluroso de Chinandega es excelente para cultivos
como el algodón, el plátano o la caña. La capacidad
productiva de este departamento ubicado al noroccidente del
país fue advertida desde el siglo XIX por las compañías
ferrocarrileras. En 1863, tres años después que un
filibustero estadounidense de nombre William Walker fuera
fusilado luego de haber pretendido crear una "República
independiente", el país otorgó el primer contrato para la
construcción de un ferrocarril, y en 1866 se fundó la
Nicaraguan Railway Company. Desde entonces las vías de tren
comenzaron a extenderse a lo largo y ancho del territorio.
La primera sección en construirse comunicaba el puerto de
Corinto con Chinandega, que en 1880 vio llegar por primera
vez una locomotora de vapor. En seis años el ferrocarril
conectó a Chinandega con las ciudades de León, Managua,
Masaya y Granada, y los campesinos se integraron, más por la
fuerza que por gusto, a la dinámica del mercado
internacional. Eso marcaría el primer momento del auge
platanero y el despunte de las plantaciones algodoneras. Más
tarde, en la segunda mitad del siglo XX, dos condiciones
favorecieron un segundo y más importante "boom" de la
industria bananera: la construcción de nuevas carreteras y
el surgimiento de la llamada "revolución verde", con la cual
los grandes laboratorios químicos y las empresas agrícolas
prometían nuevos y mejores pesticidas que arrasarían con las
plagas, aumentarían la producción y acabarían con el hambre.
Uno de esos productos es el Nemagón, nombre comercial del
1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP) que fue creado en los
laboratorios de la Dow Chemical y de la Shell
para combatir a los nemátodos que atacan la planta del
plátano. Estos gusanos microscópicos decoloran la fruta
haciéndola menos atractiva, lo que ocasiona un grave
problema para el mercado internacional, tan obsesionado con
las apariencias. El pesticida, utilizado masivamente a
partir de los sesenta, también ayuda a la planta a crecer
más rápido y a dar racimos más grandes, pero es un químico
tóxico de lenta descomposición que puede permanecer en el
subsuelo por cientos de años, causando daños a los seres
vivos y al medio ambiente.
Un informe interno de la Dow de 1958, señaló que el DBCP
causaba esterilidad y otras afecciones graves en ratas de
laboratorio. Pero fue hasta 1975 cuando la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos determinó que el
Nemagón tenía propiedades cancerígenas. Para entonces,
cientos de millones de litros se habían regado y se regaban
en plantaciones de plátano alrededor del mundo. Dos años
después algunos estudios demostraron que la tercera parte de
los trabajadores que fabricaban el DBCP en los laboratorios
de la Occidental Chemical Corporation habían quedado
estériles.
El uso del Nemagón se prohibió en los Estados Unidos en
1979, pero la historia fue otra en las llamadas Repúblicas
Bananeras. La Standard Fruit, que ya había comprado
suficiente Nemagón para varios años más, amenazó a la Dow
con una demanda multimillonaria si no continuaba
suministrándole el pesticida. Así las cosas, las bananeras
consideraron que el químico estaba prohibido sólo en Estados
Unidos pero no en otros países, donde se podía seguir usando
con total impunidad. En Nicaragua, el Nemagón se siguió
empleando hasta que las trasnacionales abandonaron el país
en 1982, y hasta 1985 en algunas fincas nacionalizadas por
el Estado revolucionario.
Las secuelas
El movimiento de los bananeros comenzó a principios de los
noventa, cuando ocurrieron las primeras muertes relacionadas
con el químico y cuando la cantidad de gente afectada se
multiplicó. En aquellos días los hospitales de Chinandega
comenzaron a recibir muchos casos de mujeres que perdían a
sus hijos durante el embarazo o que tenían niños con
malformaciones físicas. En 1997, un estudio de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), realizado
a 154 madres en el hospital de Chinandega, demostró que 153
de ellas presentaban altos niveles de químicos. Los rastros
se encontraban principalmente en la leche materna, la sangre
y el cordón umbilical. Dos años más tarde, otro estudio de
la UNAN señaló que uno de cada ocho pozos de donde se
extrajeron muestras de agua estaba contaminado. En las zonas
rurales de Chinandega sólo 4% de los hogares cuenta con agua
potable proveniente de tuberías, el resto se abastece en
pozos, ríos o manantiales, donde se arrojaba la mayoría de
los envases que contenían el plaguicida.
"Llegábamos a los hospitales y sólo nos decían: vengan el
otro mes, y al otro mes nos decían lo mismo, que teníamos
que renovar la cita hasta que hubiera lugar. Entre
renovación y renovación recorrí hospitales de Chinandega,
León, Matagalpa y Trinidad." Digna Emérita Jirón.
Saturnino Martínez, de 62 años, trabajó siete años en la
hacienda Paraíso. Ni su esposa ni sus siete hijos tuvieron
que ver directamente con las bananeras, pero todos muestran
algún tipo de padecimiento. "Cuando ese veneno era regado le
llegaba a toda la gente dice Saturnino. Ahí vivíamos y
tomábamos el agua y salíamos al baño y lavábamos nuestra
ropa con esa agua." Su esposa padece de los riñones. Sus
hijos sufren de migraña y su último hijo nació en carne
viva, a consecuencia del veneno. "Hasta los 16 meses empezó
a echar pellejo. Ahí estaba la pobre madre con los pañales
todos llenos de sangre. Hoy tiene 22 años, aún se le ve su
piel maltratadita y todavía no ha echado pelo en la cabeza."
Los patos tirándole a las escopetas
Saturnino resume así la historia del movimiento: "Hemos
marchado a Managua en cuatro ocasiones. La primera vez fue
en 1999 y la última este año, pero ya desde antes la gente
se estaba organizando. Al principio nadie nos hacía caso.
Presentamos varias propuestas pero el gobierno las ignoró.
Los partidos políticos nos dieron la espalda. Así que
tuvimos que presionar con huelgas de hambre y otras acciones
hasta que en enero de 2001 la Asamblea Nacional aprobó la
ley 364." Dicha ley, llamada Ley Especial para la
Tramitación de Juicios Promovidos por las Personas Afectadas
por el Uso de Pesticidas Fabricados a Base de DBCP, es hoy
en día la única esperanza que tienen los campesinos de ser
indemnizados, ya que les permite contar con el apoyo
económico y el respaldo legal del Estado para iniciar
juicios contra las compañías trasnacionales.
Gracias a esa ley, en marzo de 2001 se interpusieron las
primeras demandas en contra de la Shell Oil Company,
Dow Chemical Company, Occidental Chemical
Corporation, Standard Fruit Company, Dole Food
Company y Chiquita Brands International . Un año
más tarde un tribunal nicaragüense falló a favor de unos 600
campesinos, ordenando a las trasnacionales el pago de 490
millones de dólares, pero ninguna de las compañías reconoció
el fallo y los juicios se encuentran en un punto muerto. Ese
mismo podría ser el destino de la nueva resolución emitida a
principios de este mes por la jueza Socorro Toruño, de
Chinandega, que ordenó el pago de 97 millones de dólares a
favor de 150 trabajadores luego de haberse probado los
graves daños físicos y morales que sufrieron.
La cantidad de dinero en juego es enorme. Se calcula que el
monto total de las indemnizaciones asciende a unos 17 mil
millones de dólares. Dicha cantidad ha atraído a muchos
oportunistas que buscan un pedazo del pastel, entre bufetes
jurídicos y algunos líderes que dicen representar los
intereses de "los legítimos afectados", mientras se acusan
entre sí de aceptar entre sus filas a gente "que en su vida
ha pelado un plátano". Este argumento ha servido a las
trasnacionales para denunciar que se ha inflado de manera
fraudulenta el número de afectados. Con ello se pretende
deslegitimar su lucha y dar largas a los juicios. Algunos
medios de comunicación han hecho eco de estas acusaciones y
entre los nicaragüenses no falta quien desconfíe de los
campesinos.
Sobre esto Saturnino Martínez señala: "Hay gente que cree
que somos unos vagos, como si nos gustara llevar casi cinco
meses aquí, cociéndonos por el calor, pasando hambre. Aquí
se nos muere alguien casi cada semana y ya los periódicos no
dicen nada." Y agrega: "Los que deberíamos de contrademandar
somos nosotros. Figúrese que las empresas argumentaron que
nuestros padecimientos eran enfermedad común. ¡No! Común el
catarro y la tos que todo el tiempo han existido. Pero una
enfermedad que te comienza a dar de 1997 para acá, no puede
ser común. Porque antes había gente que moría de
insuficiencia renal o de cáncer, pero eran casos de uno
entre mil. Y al día de hoy ya han muerto más de dos mil
compañeros bananeros y otros tantos cañeros."
Tragedia en familia
Visité tres veces a Digna Emérita Jirón y a su esposo José
de Jesús Rayo. Digna trabajó durante ocho años en la
hacienda Mercedes empacando el plátano. Tenía 17 años cuando
comenzó a trabajar y a los 25 ya mostraba algunas de las
molestias típicas, como ardor en el cuerpo y migrañas. Su
hermana murió de cáncer y su hermano se regresó a Chinandega
a finales de junio porque la barriga le había crecido
desproporcionadamente en cosa de días.
"La verdad es que ahora ya no servimos. Con esto que nos
está pasando, si nosotros llegamos a una finca a pedir
trabajo ya no nos dan porque al que pasa de 50 años no les
dan trabajo." Julio Francisco Meneses.
Digna recuerda que hasta hace un par de años era delgada.
Para demostrarlo busca en una bolsa que guarda bajo su
hamaca y saca una fotografía. "Yo era así. Ahora ya boté mi
dentadura. He sido operada tres veces. Me sacaron la matriz
y un tumor que tenía debajo de los ovarios. Después me
sacaron los ovarios y en esa última operación se me rompió
la telilla y se me resaltó la hernia del ombligo." Digna
continúa su relato: "Tengo varios años con esto y uno cree
que se acostumbra pero luego a uno le vienen más fuerte los
dolores. A veces el medicamento lo medio levanta a uno, pero
no nos dan la medicina apropiada, sólo Diclofenax o
pastillas para la calentura."
Su esposo José, de 56 años, es jefe de grupo y tiene a su
cargo a unas 58 personas. En los cinco meses que lleva
acampando frente a la Asamblea Nacional se le han muerto dos
compañeros y dos más fueron enviados de regreso a Chinandega
en estado grave. José llegó a ser Teniente primero en el
Ejército Popular Sandinista y como él, muchos de los
afectados y casi todos los líderes fueron combatientes del
Frente. Su experiencia política se refleja claramente en su
capacidad organizativa, lo que les ha permitido sortear con
mejor suerte las dificultades legales y económicas de los
juicios, así como las divisiones internas y la apatía de la
gente. Pero su pasado sandinista también ha traído costos.
La antigua militancia política de los afectados vino como
anillo al dedo a las autoridades, quienes durante años
ignoraron sus demandas con la excusa de que éstos estaban al
servicio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Por su parte, las veces que el Frente se ha acercado a ellos
ha sido para sacar provecho de su organización. Hace unos
meses, el FSLN llevó un camión lleno de piñas a la Asamblea
Nacional. Este gesto humanitario escondía otras intenciones
que fueron expuestas sin ningún disimulo: si los campesinos
apoyaban al Frente en tomas de camiones y cierres de calles,
el partido se comprometía a abastecerlos con productos
provenientes de alcaldías sandinistas.
Como dice José, "la gente con la que luchamos codo a codo en
la revolución, es la misma contra la que peleamos hoy en
día. Por eso buscamos separarnos de cualquier bandera
política, porque sabemos que no estamos peleando por un
puesto en la Asamblea, sino porque se nos garantice un
cuidado médico y una muerte digna."
Niños, mujeres y trasnacionales
Sandra Elisa es la menor de las hijas de Digna y José. Tiene
11 años y padece hepatitis. Como ella hay cerca de 70 niños
más viviendo en Ciudad Nemagón, jugando a dos metros de la
avenida, entre los desperdicios que genera el propio
campamento y la mirada apática de transeúntes y
automovilistas. Ahí crecen, aguantando la misma hambre que
sus padres, mojándose como ellos cuando llueve y sufriendo
por el calor que se genera bajo los techos de plástico negro
de las champas. Ahí conviven todos, los sanos y los que
heredaron enfermedades de sus padres, como la hija de Nimia
Regla, que nació con una malformación en la pierna
izquierda. Nimia estuvo dos años empacando plátanos en la
Candelaria, ahora presenta excoriaciones en la piel y tiene
la espalda y el pecho cubiertos de manchas. Su esposo murió
de cáncer hace varios meses. Ella es una más de las cientos
de viudas que han perdido a sus parejas por causas
relacionadas con el Nemagón. Una más de las madres que deben
procurar costosos tratamientos médicos para cuidar la salud
propia y la de sus hijos. Y una más de las miles de mujeres
contratadas por las bananeras para trabajar en pésimas
condiciones, a cambio de un salario mísero.
"Somos chatarra dice ella. A mis 53 años, con una niñita
mala y con tanto padecimiento es imposible conseguir
trabajo. Si usted quiere trabajar, lo primero que le piden
es hacerse exámenes. Si sale con la afectación por químicos
ya no lo contratan. Si uno va a otra empresa le piden su
examen de salud. A cualquier persona que vaya a buscar
trabajo y se enteren que tiene alta la creatinina o que
tiene Nemagón en la sangre, la rechazan. Si no nos morimos
por la enfermedad nos vamos a morir de hambre."
Los niños y las mujeres son un tema delicado para la opinión
pública. Cuando una transnacional afecta a cualquiera de
estos grupos, considerados como vulnerables, es casi seguro
que la cobertura noticiosa generará una matriz de opinión
adversa a la empresa. Es por esto que las compañías pagan
sumas millonarias para limpiar su imagen por medio de
campañas publicitarias destinadas a presentar una cara más
atractiva, ecológicamente conciente, socialmente
comprometida y laboralmente responsable. Y mientras se
alimenta esta mentira al público, millones de dólares más se
gastan en abogados que lo único que saben hacer es dilatar
juicios eternamente, y en lugar de resarcir los daños hechos
a las personas y al medio ambiente, las compañías utilizan
su poder para dejar sin efecto la única ley que protege a
los campesinos nicaragüenses.
La Dow Chemical ejerce desde la Cámara de Comercio de
los Estados Unidos una enorme presión para la eliminación de
la ley 364. Gracias a su poder la Dow introdujo una
adenda a la Enmienda Cuarta del TLCCA, que permite a los
inversionistas iniciar juicios de compensación en contra de
los Estados contratantes si consideran que una ley del país
o una sentencia emitida por jueces locales viola el
principio de "trato justo y equitativo". Como señaló
recientemente Gustavo Antonio López en el diario
nicaragüense La Prensa, "aunque la letra del tratado no se
refiere específicamente a la ley 364, una vez ratificado por
la Asamblea Nacional algunas normas regulatorias de la
inversión extranjera permitirán la neutralización de dicha
ley."
"Los más afectados eran los que regaban porque ellos eran
los que manoseaban ese producto y lo preparaban para regarlo
a través de tuberías. Muchos de ellos ya perdieron el color
de la piel o los tejidos. Algunos ya murieron y otros más se
encuentran hospitalizados." Modesto Torres Ruiz
Ese trato "justo y equitativo" que solicitan las
corporaciones trasnacionales pareciera una burla cuando los
demandantes son campesinos pobres. La capacidad del Estado
nicaragüense para ejercer presión en las negociaciones del
TLCCA es casi nula. Qué podría ofrecer el segundo país más
pobre de América Latina que no sea mano de obra barata y
facilidades para la inversión. Mientras tanto, la Dole
Foods ofreció este año volver a invertir en Nicaragua si
el gobierno retiraba las demandas en su contra por el uso de
pesticidas. Este tipo de ofertas y arreglos extrajudiciales
causan rabia entre los afectados que observan cómo se
intenta hacer tabla rasa con sus vidas.
En busca de la miseria humana
Una vez más los campesinos se encuentran en el ojo del
huracán, insertados por la fuerza en la lógica del
capitalismo y la globalización, aunque desde el extremo
menos privilegiado. Su único pecado fue haber nacido pobres
en tierras que eran aptas para la producción masiva de
plátanos. En una sociedad como la nicaragüense, altamente
polarizada, sumida en la pobreza y desilusionada por años de
corrupción y oportunismo político, las cambios que se
reclaman desde abajo parecieran hoy más lejos que nunca.
Son las siete de la noche en Ciudad Nemagón y el sol empieza
a caer. Un muchacho con apariencia de extranjero se acerca
al campamento y toma unas fotos. Nimia me llama y me dice
que en Chinandega está la gente más afectada, la que no
puede venir porque a duras penas camina. Algunos periodistas
y curiosos quieren llevarse a su país un torcido recuerdo de
la miseria humana que habita en Nicaragua y sólo se acercan
para ver si es verdad que el Nemagón convirtió a los
campesinos en monstruos. Pero Nimia me dice, "a esos que
vienen cámara en mano y se van directo a Chinandega, yo les
digo que no vayan tan lejos, que la miseria humana también
la pueden encontrar en Managua, adentro de la Asamblea
Nacional, o en Estados Unidos, donde los responsables de
nuestra tragedia caminan tranquilos por la calle." En
efecto, ahí gozan de su libertad quienes envenenaron
impunemente a miles de trabajadores y contaminaron el medio
ambiente. Ahí están los responsables de los abortos y de los
niños que nacieron con deformidades. Ahí están los que
condenaron a miles de campesinos a una muerte lenta. "Así
que ¿dígame usted pregunta Nimia, si en verdad es
necesario ir a Chinandega para conocer la miseria humana?"
Javier Otaola Montagne
EcoPortal
29 de
setiembre de 2005
