De manera inesperada,
un consistente grupo de bananeros afectados
por el pesticida Nemagón (DBCP) junto a miembros del bufete "Ojeda,
Gutierrez, Espinoza y Asociados" (OGESA), se hicieron presentes en una de
las gasolineras de la Shell en Managua y cubrieron con una manta el
logo de la trasnacional norteamericana.
El mensaje que llevaba la manta no dejaba ninguna duda sobre el sentido de
la acción "Marca embargada por Bufete OGESA de parte de 4.200
bananeros afectados por el Nemagón."
EL 11 de diciembre del 2002, la juez Tercero Civil del Distrito de Managua,
Vida Benavente, dictó sentencia a favor de 466 ex trabajadores y
trabajadoras afectados por el Nemagón, condenando a las compañías
"DOW
CHEMICAL
también conocida como DOW AGRO
SCIENCES,
SHELL OIT COMPANY,
STANDAR FRUIT AND VEGETABLES CO INC.
y DOLE FOOD CORPORATION INC"
a pagar
"en
concepto de pago por daños especifico y compensación por daños morales y
punitivo, todo lo cual suma un total de cuatrocientos ochenta y nueve
millones cuatrocientos mil dólares (US$ 489,400.000) o su equivalentes en
córdobas" (extracto de la
sentencia del 11 de diciembre del 2002).
El siguiente año, la misma
jueza Benavente, dictó otra sentencia en que se beneficiaba a otro grupo de
bananeros con aproximadamente 64 millones de dólares como indemnización por
los daños padecidos.
La
primera sentencia
fue
enviada los Estados Unidos por su ejecución, pero después de un largo
proceso, la jueza Nora Manella de la Corte Federal de Los Ángeles -
California, desechó el caso por supuestos errores de los abogados de los
afectados, entre los cuales figuran nombres inexactos de empresas demandadas
(Shell Oil Company en lugar de Shell Chemical Company y Dole Food
Corporation en lugar de Dole Food Company), violaciones de procedimientos
jurídicos de leyes estadounidenses, vacíos legales de la sentencia en
Nicaragua y hasta la sospecha de fraude.
La mayoría de las otras denuncias presentadas por el Bufete OGESA en
Nicaragua contra las empresas, quedaron atascadas y no llegaron nunca a una
sentencia.
La estrategia del bufete se dirigió hacia otros países dónde las empresas,
sobre todo Dole y Shell, tienen propiedades (Colombia,
Bolivia, Venezuela y Ecuador), con el objetivo de ejecutar la sentencia de
diciembre 2002 en, poder embargar los bienes de las trasnacionales y poder
conseguir las indemnizaciones para los afectados.
A pesar de las informaciones confusas y a veces contradictorias, parece que
hasta el día de hoy estas acciones aún no han alcanzado una sentencia
definitiva y en algunos de estos países ya fueron desechadas por falta de
jurisdicción.
El 18 de mayo de 2004, la
misma sentencia de 2002 fue nuevamente desechada en la Corte de Distrito
Central de California, quien atendió el recurso presentado por la Shell,
ya que "en la ejecución de la sentencia, la Corte nicaragüense no tiene
jurisdicción en los Estados Unidos".
Ahora, la nueva acción del grupo OGESA, que
afirma representar aproximadamente a 4.200 ex trabajadores y trabajadoras de
las bananeras, agarró de sorpresa a la trasnacional Shell. Un
centenar de ex bananeros se presentaron, juntos a sus abogados, en la
gasolinera de la transnacional situada en la Carretera a Masaya y
el juez
Felipe Jaime
embargó la marca de la compañía.
Según la declaraciones que el juez brindó a El Nuevo Diario, el embargo se
refiere a la marca y no a la estructura y a la actividad comercial.
"Los propietarios pueden seguir trabajando normalmente, pero los pagos por
la concesión quedarán retenidos hasta que la juez decida qué hará con ellos.
El mandamiento del juez ordena el embargo en contra de todas las marcas de
la Shell inscritas en Nicaragua, lo que ya se procedió a hacer en el
Registro de la Propiedad".
La
jueza Benavente,
en una comunicación con el mismo periódico, declaró que en el mes de
diciembre dictó un mandamiento de ejecutoria de sentencia contra Shell,
Shell Great Britain Internacional y Shell Internacional Petroleun
para resarcir a las víctimas del Nemagón por los daños materiales y
morales.
Según el abogado
Angel
Espinoza, "Shell
podrá seguir vendiendo sus productos con tal de que no contengan ni expongan
la marca registrada Shell y si no paga lo que indica la sentencia de
la jueza Benavente, procederán a la subasta y el remate de la marca, por lo
que ésta cambiará de nombre y de dueño, ya que la marca pasará a ser
propiedad de ellos, por lo tanto ellos podrán venderla, rentarla o
comercializar petroquímicos a nombre de la empresa.
Quedamos en posesión de la
marca Shell -continuó Espinoza- la cual debe responder por el valor
total de la indemnización, debido a que la ley establece que la obligación
es solidaria, (puede ser cobrada a cualquiera de las tres empresas
sindicadas)".
Actualmente, Dow Chemical,
Dole y Standard Fruit no tienen actividades comerciales en
Nicaragua y por lo tanto no ha sido posible notificar la decisión de la
jueza Benavente.
En los próximos días, un perito tendrá que efectuar un evalúo de las marcas
Shell registradas en el país y al mismo tiempo, el Bufete OGESA
pedirá la ejecución de otra indemnización de 36 millones de dólares que la
jueza ordenó pagar en julio del 2005 a las trasnacionales, a favor de otro
grupo de 75 campesinos nicaragüenses.
La respuesta de la
transnacional
Las
primeras reacciones de
Shell no
se hicieron esperar y Mauricio Aranda, Gerente general de Shell
Nicaragua S.A, firmó un comunicado en el cual afirma que "las acciones
tomadas el día de hoy por la autoridad judicial no son de aplicación a
Shell Nicaragua S.A., ya que es una empresa constituida bajo las leyes
de la República y posee personalidad jurídica propia, y no tiene relación
con los juicios antes indicados, llevados a cabo en contra de otras
entidades. Todas las estaciones de servicio de nuestra red están funcionando
con total normalidad, ya que ningún derecho de Shell Nicaragua S.A.,
ha sido afectado por las acciones judiciales acaecidas". Es probable que en
los próximos días Shell mueva los primeros pasos para enfrentar la
situación.
También
es importante recordar
que el grupo de ex trabajadores y trabajadoras
representados por el Bufete OGESA, no tienen nada que ver con las miles de
personas asociadas a la ASOTRAEXDAN y otros grupos, quienes organizaron las
cuatro marchas de Chinandega a Managua pidiendo el respeto de sus derechos
violados. Esos mismos grupos son los que, el año pasado, acamparon por más
de 8 meses frente a la Asamblea Nacional, firmando acuerdos con las
instituciones nicaragüenses.
Uno de los motivos que llevaron a esos grupos (Asotraexdan y otros) a romper
relaciones con el Bufete OGESA, fue la sentencia del 2002 que, que fue
desechada al siguiente año por la jueza norteamericana Nora Manella, por una
serie de errores cometidos por los mismos abogados.
La división interna al movimiento de los bananeros es uno de los elementos
que más hicieron daño a su lucha y de la cual siempre se aprovecharon las
trasnacionales y las mismas instituciones nicaragüenses. La actitud de
muchos abogados fue además un elemento que profundizó esa división y
separación, debilitando el frente contra las trasnacionales, culpables de
todas estas atrocidades.
Según
Victorino Espinales,
uno de los dirigentes de Asotraexdan, "lo que hoy hizo ese sector de los
bananeros no va a servir para nada y se trata sólo de una acción más para
poder llegar a negociar con las trasnacionales. ¿Si es cierto que están
consiguiendo grandes éxitos en otros países con la ejecución de la sentencia
del 2002, por qué de repente vuelven a intentarlo en Nicaragua?
Han embargado una marca que no tiene nada que ver con Shell Nicaragua
S.A y me parece una aberración jurídica, porque aquí la propiedad es
completamente nicaragüense.
Creo que todo se va a desinflar en pocos días. Esa sentencia del 2002 ya
murió en los Estados Unidos y los abogados son los culpables y están
tratando ejecutarla en otros países y ahora en Nicaragua, utilizando la
vigencia de la Ley 364 (Ley especial para los afectados por productos a base
de DBCP)".
Asotraexdan y los otros grupos, después de los acuerdos con las
instituciones nicaragüenses y cansados de los repetidos problemas con los
abogados nicaragüenses y norteamericanos, decidieron abandonar el camino de
las demandas judiciales y buscar una negociación directa con las
trasnacionales, con la participación de la sociedad civil nicaragüense, el
Centro nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la iglesia y las
instituciones interesadas, como prevé la Ley 364 (Gobierno y Asamblea
Nacional).
A pesar que por el momento resultó imposible
contactarse con el representante legal de la Shell, pudimos hablar
con el representante de la Dole, una de las trasnacionales
sentenciada con la resolución de la juez Vida Benavente.
El
Doctor Humberto Hurtado
declaró a la
"Lista Informativa Nicaragua y más..." que "el intento de este sector de
afectados es una medida desesperada porque ya se dieron cuenta que, hace
poco en los Estados Unidos, la ejecución de la misma sentencia contra
Shell fue desechada en cuanto la Corte nicaragüense no tiene
jurisdicción en los Estados Unidos. Es un intento más. Dicen que ahora están
intentando darle ejecución en otros países. No sé como les va allá, pero
esta sentencia en Estados Unidos deja todo muy claro y seguramente en los
próximos días Shell va a dejar sentada su posición".
Giorgio Trucchi
18 de enero de 2006
Fotos: La Prensa y El
Nuevo Diario
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