A fines de julio pasado,
hortifruticultores del departamento de Salto realizaron una
acción inhabitual en ellos, habitualmente tan pacíficos:
cerraron una calle. Protestaban de esa manera ante la
presencia en la ciudad de inspectores del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, que les exigían la observancia
de acciones preventivas en el manejo de específicos
agropecuarios, mayoritariamente pesticidas de alta
toxicidad.
Según relevamientos oficiales,
entre los departamentos de Salto y Artigas, ambos de la zona
del litoral del río Uruguay, se desarrollan cultivos en 422
hectáreas bajo cubierta (invernáculos, túneles y
microtúneles) con una fuerte inversión (entre 40 y 50 mil
dólares por hectárea). Principalmente en los meses de
invierno, la granja de la zona surte a la totalidad del
mercado nacional, como ocurre con hortalizas como el tomate,
el morrón y otras variedades. En el año 2000, la
horticultura del litoral norte generó, de acuerdo a cifras
del Banco Central, unos 42.100.000 dólares, equivalentes al
28,5 por ciento de toda la producción hortícola uruguaya.
Ello incide en la región como
una generadora genuina de mano de obra. En la zona norte,
3.352 personas trabajan en forma permanente en la
horticultura. Dos tercios de ellos son productores y sus
familias, y el tercio restante asalariados. Pero además el
sector emplea importante cantidad de mano de obra zafral. El
83 por ciento de los productores vive con su familia en el
propio predio, demostrando su importancia como factor de
radicación de la familia en el medio rural. El 41 por ciento
son menores de 40 años.
Los productores hortícolas y sus
asalariados manipulan habitualmente los agrotóxicos de
diversa índole que se aplican en sus cultivos. La inmensa
mayoría de ellos desconoce las consecuencias que para su
salud puede acarrear la inadecuada manipulación de esos
productos, y no respetan ninguna de las medidas de seguridad
a las que los obliga la ley. Los propietarios están muy mal
asesorados al respecto, y los trabajadores, por su escaso
nivel de formación y sindicalización, ignoran los peligros
que corren. El vicepresidente de la Mesa Hortícola de Salto,
Alejandro Gutiérrez, fue claro: “han salido inspectores de
la Oficina de Trabajo y Seguridad Social a hacer
inspecciones en los establecimientos hortícolas y a exigir
cosas, muchas de las cuales tenemos dudas de que estén bien
y otras que desconocemos”, señaló. Y el productor Heber
Moreira, a quien se le controló el funcionamiento de sus
equipos de fumigación, dijo: “exigen que estos equipos, al
igual que los productos, estén cerrados en forma hermética,
así como la presentación de la denominada ficha de
seguridad, algo que yo no sabía qué era. Se trata de la
lista de riesgos del producto, la forma de curarse en caso
de afección, etcétera”.
A la ignorancia puesta de
manifiesto por estas declaraciones se suma que el
empresariado hortifrutícola se niega a asumir los costos que
la seguridad conlleva. Un alto porcentaje de estos
empresarios son de pequeño o mediano porte, y han logrado
sus inversiones a costa de reiterados endeudamientos, de los
cuales habitualmente no pueden desembarazarse. Producir cada
vez en mayor volumen y más rápidamente, buscando en el
mercado los mejores precios y las colocaciones que les
permitan vivir con sus familias y amortizar parcialmente la
calesita de préstamos a los que se han visto obligados a
recurrir, es su consigna. Los gastos en seguridad no entran
en sus cálculos.
Que en el cinturón hortícola de
Salto se echa mano de manera indiscriminada a los
agrotóxicos, incluyendo algunos prohibidos en los países
industrializados, no es novedad. Pero parece que pocos son
los que se alarman por las frecuencias de aplicación y los
tiempos de espera en el uso de agroquímicos en razón de las
urgencias comerciales. A diario los consumidores ingieren
productos que podrían afectar su salud a corto plazo sin que
se registren demasiadas reacciones de su parte. Entre los
más utilizados en la zona figuran el agroquímico Tamaron, el
fungicida Swites y el herbicida Gramoxone, todos sumamente
tóxicos. El Gramoxone tiene como principio activo el
Paraquat, sustancia prohibida mundialmente hace varios años.
Análisis practicados en aguas del Lago de Salto Grande para
determinar la presencia de pesticidas organoclorados y
organofosforados detectaron, por ejemplo, siete plaguicidas
en cantidades que superan el valor limite de protección de
vida acuática.
Los horticultores sostienen que
usan o proveen a su personal de indumentaria protectora,
como botas, impermeables o máscaras, y aseguran que no se
han presentado problemas de salud entre los trabajadores.
Sin embargo, aunque los síntomas de envenenamiento se
manifiestan paulatinamente, ya ha habido casos de
trabajadores, o incluso productores y sus familias afectados
en su sistema inmunológico, hormonal y/o respiratorio por el
manejo poco responsable de agrotóxicos.
Por otra parte, se carece en
Uruguay de una ley referente al control de residuos tóxicos,
así como de dependencias oficiales que realicen una tarea
efectiva de fiscalización del uso de agrotóxicos y
determinen su incidencia en la salud laboral, ambiental y
del consumidor.
Diego
Fernández
© Rel-UITA
3 de setiembre
de 2004
