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25 años
después, la colza mata
El
aceite fue distribuido a través de la venta ambulante, de
ahí que afectara a las personas menos pudientes
económicamente que acudían a mercadillos |
Niños, jóvenes,
adultos, abuelos, hombres, mujeres..., no hubo distinción
entre las víctimas que sufrieron hace veinticinco años el
envenenamiento masivo por la ingestión del aceite de colza.
Eran los tiempos del gobierno de la UCD, pocos meses después
del intento de golpe de Estado de Tejero, cuando la
confusión y el miedo se volvieron a instaurar en la
población española que no supo el qué, cómo o por qué de
pronto se presentaba aquella enfermedad para cebarse con los
más débiles. Lo más grave fue que cuando el Gobierno quiso
reaccionar para alertar a su población 40 días después de la
primera muerte y en medio de varias tesis sobre el causante
de aquel mal, aquella pesadilla ya se había cobrado un buen
número de víctimas.
.
Fue un 1 de
mayo, el de 1981, el día en que los trabajadores aglutinan
sus reivindicaciones, un niño de 8 años,
Jaime Vaquero García,
fallece en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Es
la primera víctima del envenenamiento.
Desde ese momento y
a lo largo de estos 25 años, 3.000 personas han fallecido y
20.000 padecieron y padecen diversas enfermedades como
consecuencia de la ingestión del aceite tóxico.
Cifras que aporta la Coordinadora Nacional de Asociaciones
de Afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico y que no
coinciden con las oficiales, que sólo reconoce 346 víctimas
mortales y 18.500 afectados.
En los
primeros momentos del
Síndrome de Aceite
Tóxico
(SAT) a la enfermedad se le denomina "neumonía atípica",
parecía ser una epidemia y a los enfermos se les aislaba en
los hospitales para evitar el contagio. El entonces ministro
de Sanidad, Jesús Sancho Rof, atribuye el mal a "un bichito
que si se cae de la mesa, se mata". Poco después se
demostraba que el único bichito que se cobraba las vidas y
la salud de tantas personas era el correspondiente a una
partida de aceite de colza desnaturalizado, importado de
Francia,
desviando su uso
industrial al consumo humano; el tóxico se hallaba en las
anilinas que se añadieron durante el proceso, que convertía
el aceite en un tóxico que paralizaba los músculos y causaba
la muerte.
El aceite fue distribuido a través de la venta ambulante, de
ahí que afectara a las personas menos pudientes
económicamente que acudían a mercadillos, aunque también lo
despacharon en las tiendas y "te lo daban con cacillo o con
un grifo desde el barril", comenta una afectada. No sólo se
engañó en el contenido, se vendía fraudulentamente como de
oliva o girasol.
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Juan Antonio Sánchez fue uno de los afectados
por el SAT. Tenía 29 años en 1981, casado, dos
hijos y trabajaba en un taller de chapa. Estuvo
al borde de la muerte. Actualmente cobra una
pensión por incapacidad permanente total, poco
más de 300 euros, y sufre diversas secuelas. |
De igual
forma que con las cifras, se especuló con las causas que
provocaron la tragedia. A lo largo de estos años han surgido
diferentes teorías. En 1981, el doctor Antonio Muro sostuvo
que el origen de la enfermedad estuvo en una partida de
tomates cultivados en Almería y tratados con insecticidas.
Empezó a cobrar luz la tesis de que el envenenamiento masivo
con los tomates fue intencionado para cubrir un accidente de
guerra química ocurrido en la base militar de Torrejón de
Ardoz como resultado de un experimento de los americanos.
Tendrá que intervenir el prestigioso doctor sir Richard Doll,
epidemiólogo de la OMS, para concluir que el causante de la
epidemia fue el aceite tóxico. Pero entonces, se empezó a
hablar de un pacto de silencio entre los poderes públicos
para evitar que se supiera que aquí se había aplicado a
seres humanos una nueva combinación química e impedir así
que el auténtico criminal salga a la luz.
El primer
juicio se celebró en 1987, el llamado "juicio de los
aceiteros". Se sentó en el banquillo a 38 empresarios
aceiteros que fueron acusados de envenenamiento masivo, pero
sólo 13 tuvieron penas de cárcel y sólo tres fueron a
prisión; el juicio duró un año y tres meses y se tardó en
dictar sentencia casi otro año. En 1995 se celebra el
llamado "juicio de los altos cargos", que terminó en febrero
de 1996, condenando simbólicamente a un funcionario para que
el Estado se haga cargo de las indemnizaciones. El 26 de
septiembre de 1997, el Tribunal Supremo (16 años después)
condena a dos funcionarios por imprudencia temeraria a 6
meses y un día y al Estado como responsable civil
subsidiario a pagar la totalidad de las indemnizaciones.
Actualmente quedan 36 expedientes por concluir y unas 300
personas por indemnizar que no han presentado reclamación.
Juan
Antonio Sánchez fue uno de los afectados por el SAT. Tenía
29 años en 1981, casado, dos hijos y trabajaba en un taller
de chapa. Estuvo al borde de la muerte. Actualmente cobra
una pensión por incapacidad permanente total, poco más de
300 euros, y sufre diversas secuelas. Entonces, pertenecía
al movimiento vecinal de Leganés, igual que ahora. Cada
martes, cuando hay plenario, se reúne con su grupo de la
coordinadora del SAT a las puertas del Parlamento. Quieren
hacerles llegar a sus señorías que todavía están ahí, que
además de sufrir el mayor envenenamiento alimenticio de la
historia de España, están olvidados y abandonados a la
enfermedad que les arrebató la salud. Exigen que equiparen
sus ayudas públicas a las víctimas del terrorismo, pues unos
y otros tienen un tratamiento completamente distinto.
Según la
Coordinadora de Afectados, "la propia Organización Mundial
de la Salud, 25 años después, sigue definiendo la enfermedad
como nueva, distinta, desconocida y de la que jamás se podrá
hablar de curación sino, en el mejor de los casos, de
aparente mejoría".
Antonia
Fernández
Madrid Sindical
Convenio La
Insignia / Rel-UITA
5 de junio
de 2006
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