Aunque pueda sonar a broma, el langostino, generalmente procedente de las zonas tropicales, ese pequeño animal considerado un manjar que corona tantas mesas en estas épocas navideñas, es una bomba ecológica. Él no es el culpable, sino, como siempre, el hombre que ha visto en él un negocio de vastos beneficios sin importarle el medio ambiente.

Hace no muchos años el langostino fue considerado un producto de lujo. Ante ello, muchos países en vías de desarrollo construyeron piscinas para su cría ya que vieron en esta práctica una salida a sus más que pobres economías. Estados Unidos, Japón o la Unión Europea con España a la cabeza se relamían al ver que la producción de este crustáceo se disparaba y se podía consumir de forma casi diaria por la bajada de los precios.

Durante la década de los 80, el mismo Banco Mundial y otros Bancos de Desarrollo, así como la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) apostaron por esta industria. Más de cincuenta países de América Latina y Asia instalaban camaroneras en sus zonas litorales, siendo Ecuador, Tailandia e Indonesia los principales productores. Poco a poco se fueron privatizando las costas de estos países y empezaron a llegar ayudas y subvenciones de inversores privados y de agencias internacionales como la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional y la Comisión Europea. Pero detrás de este negocio “fácil” (ya que no requiere una gran inversión inicial) se encuentra el sempiterno daño colateral: el medio ambiente.

La instalación de camaroneras en la mayoría de ocasiones se realiza en zonas de manglar, arrasándolos por completo. De hecho, en los últimos 20 años ha desaparecido el 35% de los manglares. Equivalentes a las selvas húmedas en las costas tropicales, los manglares constituyen ecosistemas con una amplia variedad de plantas y animales, así como una defensa de la costa ante la erosión y las tormentas. También ofrecen recursos económicos a las comunidades locales que encuentran en ellos su única forma de subsistencia. Al instalar una piscina para la cría de langostino, todo esto desaparece junto al manglar.

Las zonas adyacentes a los manglares desaparecidos, tanto terrenos como cursos de agua, también sufren daños. En las camaroneras se usan una gran cantidad de productos químicos y farmacéuticos con los consiguientes efectos que pueden tener sobre la salud y sobre el medio ambiente. Los pesticidas son de uso habitual, así como los antibióticos para evitar que los langostinos enfermen y tener una producción más amplia y sin riesgo de pérdida económica.

Esta práctica, denominada acuicultura, fue considerada la panacea dentro de la pesca para, por un lado, ayudar a los países más pobres y, por otro, disminuir la amenaza que las pesquerías oceánicas ejercían sobre los langostinos silvestres. Incluso se le llegó a denominar “Revolución Azul”. Pero ha constituido un fracaso ya que las unidades de langostino salvaje siguen disminuyendo y el arrastre, el sistema empleado para capturarlo en su hábitat natural, ataca con fiereza los arrecifes de coral y esquilma al año diez millones de toneladas de otras especies no objetivo, según denuncia Greenpeace.

Detrás de estos ataques al langostino salvaje, así como los cometidos contra los manglares por las camaroneras, se encuentra un floreciente negocio que mueve al año alrededor de 7.000 millones de dólares, un 20% del total de todos los productos pesqueros comercializados en el mercado internacional. En 1999, la cría de langostinos daba un resultado de 700.000 toneladas, un 50% del comercio mundial de langostino. Y en 2001 el 35% de los langostinos y gambas producidos procedían de la acuicultura, la forma más salvaje de cría.

El langostino, víctima inocente de la mano del hombre, ha pasado a ser un arma peligrosa contra el medio ambiente por el beneficio que conlleva su cultivo o pesca. En el pasado, símbolo del consumo de los países ricos por ser un producto de elevado precio; en la actualidad, símbolo del abuso de los países ricos sobre los países pobres.

Christian Sellés

Agencia de Información Solidaria (AIS)

30 de diciembre de 2003