Nicaragua

Día mundial del Agua

El derecho de acceso al agua

es el derecho a la vida

Denis Meléndez

 

 

En ocasión del Día Mundial del Agua, Nicaragua se enfrenta a un gran reto y al mismo tiempo, a un gran peligro.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea Nacional va a terminar en estos días de aprobar la Ley General de Aguas Nacionales y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) pretende implementar una política pública sobre el recurso hídrico. Las diferentes organizaciones de la sociedad civil se han movilizado para presentar sus planteamientos frente al futuro de ese recurso tan esencial para la vida, pero también para denunciar su explotación indiscriminada y los abusos que se siguen perpetrando. Además, alertaron sobre el peligro de que estas medidas institucionales que se están tomando sin un diálogo abierto con la ciudadanía, puedan abrir el camino a la privatización, lo que consideran sería un verdadero crimen social.

 

La Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua (CODA) y el Comité de Acción Global organizaron un foro-debate con la participación de diferentes actores sociales comprometidos con la lucha por el derecho de acceso al agua y dieron a conocer una carta abierta que enviaron al presidente de la República, Daniel Ortega, sobre ese tema. En esta carta plantearon que “el agua es un recurso natural, limitado, esencial para la vida de las personas y el medio ambiente. El agua es un derecho humano, y por tanto el Estado tiene la obligación de su suministro en cantidad y calidad. El agua es un derecho universal irrenunciable, al cual todas las personas tenemos derecho a acceder en calidad y cantidades necesarias. En Nicaragua, a partir de la aprobación en lo general de la Ley General de Aguas Nacionales en febrero del 2005, se corre el riesgo de que miles de personas no tengan acceso a este vital liquido. El 23 de noviembre 2006 se aprobó en lo particular hasta el artículo 45 de dicha norma. Con este acto, quedan establecidas las bases para que la privatización de los recursos hídricos sea una realidad en Nicaragua en detrimento de la calidad de vida que nos merecemos los y las nicaragüenses”.

 

Según los organizadores del Foro, el artículo 4 de la nueva ley establece que “el servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna, directa o indirecta, y será considerado siempre de carácter público. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas para tales efectos o de las que se creen en el futuro”. La modificación que propusieron y que no fue tomada en cuenta por los legisladores, tenía el objetivo de que no sólo se garantizara la no privatización del servicio de agua potable, sino también del recurso Agua y del servicio de saneamiento, plasmando esta propuesta de la siguiente forma: el agua y su ciclo hidrológico como patrimonio nacional no serán objeto de privatización alguna, directa o indirecta.

 

El agua potable para uso doméstico, medicinal y para acueductos, y los servicios o actividades relacionados con esos usos, como el saneamiento, no serán entregados bajo figura ni forma alguna a la empresa privada. Estos servicios son de carácter público bajo prestación exclusiva del Estado o las Municipalidades. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas para tales efectos”. Al ser aprobado de la manera en que está planteado, las organizaciones pedirán al presidente de la República de que vete la ley para que sea reformada.

 

Atentado contra los recursos hídricos

 

El foro no planteó solamente el riesgo de una privatización del agua y de la creación de una política pública que no ha sido consultada con la población, sino que el problema del agua hay que verlo de manera integral.

 

Carmen Ríos, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC) recordó como “en el occidente de Nicaragua, a causa de los agrotóxicos sintéticos que se utilizan en los cañaverales, se ha contaminado el manto acuífero y han muerto miles de personas. Otras miles están sufriendo de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y el Ingenio San Antonio ha perforado unos 300 pozos para abastecer sus cultivos y su producción. Nadie ha estado cuidando de ese recurso ni se ha interesado por lo que estaba pasando. Esta situación se repite en todo el país y no podemos seguir sólo quejándonos de que no hay agua, sino que tenemos que denunciar que las grandes empresas se están aprovechando de ese recurso y lo están destruyendo. No podemos seguir teniéndoles miedo sólo por el hecho de que nos dan trabajo, porque además de darnos trabajo, nos están quitando la vida”.

Gustavo Ruiz

 

El problema de la contaminación por agrotóxicos no se limita al occidente del país. El profesor Gustavo Ruiz de la Red en Acción de Plaguicidas presentó el caso del Río Aranjuez, que se encuentra dentro de una microcuenca protegida legalmente como reserva natural y designada para suministrar agua potable a la ciudad norteña de Matagalpa. En el 2005, el Ministerio del Ambiente (MARENA) detectó en dos puntos del río fuertes presencias de DDE (metabolito del DDT), Endosulfan, DDT, Heptaclor y de Lindano. Tres de estos contaminantes están prohibidos en Nicaragua y en gran parte del mundo y hasta la fecha no se tiene conocimiento de las acciones emprendidas por el gobierno pasado, para investigar los hechos y mitigar el desastre ambiental.

 

Según Denis Meléndez del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) “el país necesita una Ley General de Aguas Nacionales, porque los grandes usuarios de aguas, las grandes empresas que explotan el recurso hídrico, no pagan nada. Las maquilas, los ingenios azucareros, los arroceros, las empresas embotelladoras, las licoreras, las cerveceras, las industrias lácteas, todos ellos perforan sus pozos, se abastecen del agua y no pagan. Es importante que comiencen a pagar lo que consumen y que inviertan parte de las utilidades en la “cosecha del agua”, es decir, remediar parcialmente el daño ocasionado”.

 

Además, Meléndez denunció el hecho de que la Política Pública sobre recursos hídricos que ENACAL pretende aprobar es algo que se elaboró en total secretismo y sin la participación de la ciudadanía, que no va a tener ninguna posibilidad de pronunciarse sobre esa política. “Pedimos también –concluyó Meléndez– que en todas estas políticas se recojan las necesidades del campo, porque es donde el problema del agua es más urgente y complejo. Ahora se va a poner más difícil con los proyectos que se están comenzando a impulsar para producir biodiesel, a través de la siembra de palma aceitera y caña. Se está impulsando también la siembra de eucaliptos y en diferentes lugares, ya las bombas no levantan el mismo chorro de agua de antes y en el futuro el problema va a ser mucho más grave. Para nosotros es importante poder incidir. Tenemos ideas concretas y queremos aportar, porque de eso se trata cuando hablamos de participación ciudadana ”.

 

En Managua, Giorgio Trucchi

© Rel-UITA

22 de marzo de 2007

 

 

 

Fotos: Giorgio Trucchi

 

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