Uruguay

Con Adriana Marquisio*

Agua, desarrollo y soberanía nacional

 

La reforma constitucional de 2004 que consagró el derecho humano al agua y la definió como un bien público permitió que se volviera casi por completo al servicio estatal de agua potable y saneamiento. Pero otros aspectos clave de la ley, como la gestión integral de los recursos hídricos, avanzan lentamente con la estructura actual del Estado y, por lo visto, exigen una mayor discusión sobre qué modelo productivo se quiere para nuestro país.

 

 

-¿Cuál es el balance que hace de lo ocurrido desde la aprobación de la reforma?

-El balance es muy positivo con respecto a la recuperación de los servicios de agua y saneamiento que habían sido privatizados, más allá de que algunos temas se mantienen en disputa, como la sociedad de economía mixta que presta el servicio al este del arroyo Maldonado, donde el capital privado sigue siendo, en forma inconstitucional, dueño del 40 por ciento de la empresa. Pero las empresas trasnacionales más importantes que estaban actuando en el país, como Aguas de Barcelona y Aguas de Bilbao, que operaban en el departamento de Maldonado, al este de Montevideo, se retiraron como consecuencia de la reforma constitucional.

 

-¿Y en cuanto al manejo de los recursos hídricos?

-Haber incluido este articulado en la Constitución tuvo más impacto fuera de Uruguay que adentro, porque no existe una normativa internacional semejante. Sin embargo, aquí se profundizó el modelo de forestación y, si hacemos un balance de los últimos cuatro o cinco años, las aguas de nuestras cuencas y las aguas pluviales que se depositan en territorio uruguayo han sido sumamente comprometidas por ese tipo de “desarrollo”.

Estamos muy preocupados porque esto avanza. Al principio se dijo que era una herencia de acuerdos previamente firmados, pero ya no es así, es una política para sacar al país adelante con este tipo de inversiones. Entonces, la reforma no ha frenado esta nueva privatización del agua que es llevársela en los troncos, en los procesos de producción, con ese valor agregado. Es el caso de la planta de celulosa Botnia, de origen finlandés, a la que se le entregan gratuitamente 80 millones de litros de agua por día, lo que equivale a casi un 20 por ciento del agua dulce utilizada en el verano por OSE para abastecer a la población.

En los países desarrollados que no poseen grandes reservas de agua dulce las reglas que se aplican son otras. En Estados Unidos la privatización no llega ni al 10 por ciento de los servicios públicos. En Inglaterra lo mismo y aplican severas sanciones por deterioro ambiental. En Europa está prohibida la forestación masiva con eucaliptos y otras especies. Es una lógica que no rige en sus países pero que la promueven en los nuestros.

 

-El tercer gran tema de la reforma fue el concepto de gestión con base en el modelo de cuencas hídricas y sustentado en la participación de la población.

-Visto en una perspectiva de cuenca, el tema del agua tiene que ver con todas las áreas de la vida, con el desarrollo, la tierra, la energía, los servicios. Cómo prevenir los conflictos de cuenca ya debería ser un tema central en la agenda del Mercosur.

Ya tenemos uno vinculado a Botnia, no supimos abordarlo y, evidentemente, se ha lesionado a los pueblos, a la gente. ¿Por qué?, porque no nos dimos la instancia para debatir algo que va a seguir sucediendo. Ante un recurso escaso todo lo que se instale sobre cuencas de la importancia del río Uruguay va a generar conflictos entre países. Esta es la realidad en Oriente Medio y en todo el planeta. Hablar de la reforma nos lleva a hablar de la realidad geopolítica y de qué tan maduros estamos para discutir estas cosas.

El gobierno debía reglamentar este nuevo artículo de la Constitución. Era muy importante concentrar en una sola entidad todos los usos de las aguas, porque hoy Uruguay tiene al menos siete ministerios con competencia en la materia. No hubo consenso político para reunir todo en un ministerio y se creó la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINASA), en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

 

-¿Qué ha pasado en el ámbito de la DINASA con respecto a este tema?

-Fue creada la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento (COASA), que se integra con representantes de organismos públicos y privados, de la sociedad civil y los usuarios. En la COASA se ha tratado de avanzar en la definición de una propuesta para sancionar una ley que regule todo lo referido a los recursos hídricos y la participación social. Hemos logrado ver las dificultades que existen para avanzar. Es decir, hay una enorme diversidad de políticas, cuando la política de aguas tiene que ser una, con una misma concepción y adaptada a la coyuntura.

En esto está el debate y, como todo es lento, mientras tanto se acumulan los problemas, las urgencias. Estos megaproyectos siguen entrando en América Latina y se mantiene una impronta de sobreexplotación de los recursos naturales como la única salida económica para la región. Esto atado al proyecto IIRSA (la Iniciativa de Infraestructura Regional Sud Americana), en donde se prevén los corredores de salida a nivel fluvial, carretero y ferroviario para la exportación de nuestros productos naturales.

Ante eso, realmente, no basta con esta reforma constitucional.

 

-La reforma fue producto de una discusión y una movilización de la sociedad. En términos de movilización, ¿hoy qué se plantean?

-Ha sido mucho más difícil reconstruir el tejido social en esta etapa de lo que fue antes de este gobierno. Realmente este gobierno progresista ha desmovilizado al movimiento social. Más allá de conflictos puntuales, desmovilizado en el sentido de esa discusión grande, de qué país queremos, hacia dónde vamos, cuánto de esto es parte de una cadena productiva, hacia qué proyecto político de cambio estructural real estamos yendo. Y esto ha costado porque las organizaciones sociales hemos tenido que atender lo que ha sido el shock de tener grandes liderazgos del movimiento sindical y social en el gobierno.

Esto desmoviliza porque movilizarse se entiende como un ataque a esa representación en el gobierno, y estamos recién aprendiendo a separar las responsabilidades a nivel de gobierno, de la administración, de los cometidos de un movimiento social o una organización no gubernamental. Somos muchos, en distintos lugares, buscando definir adónde vamos, para qué, y si el gobierno integrado por antiguos compañeros está siguiendo verdaderamente un proyecto de cambio.

 

-¿Estos temas sobre la política del agua son acompañados desde el PIT-CNT?

-Poco, realmente poco, a pesar de que tenemos un compañero de nuestra Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) que integra el Secretariado del PIT-CNT y que fue designado para representarlo ante la COASA. También se instaló la Comisión de Asuntos Agrarios, que trata sobre el agua y la tierra, pero no hay una comisión de agua en el PIT-CNT y no estamos teniendo un trabajo estable a nivel programático sobre este tema en la central.

 

-¿Y en la preparación del Congreso del Pueblo?

-Ahí sí, hay un eje central que tiene que ver con tierra, agua, energía y soberanía. Tenemos una coordinación con la Federación ANCAP, con FUCVAM y otros movimientos, que surgió naturalmente ante estas reflexiones en conjunto. Está tomando cada vez más fuerza, de cara al Congreso del Pueblo y las instancias orgánicas del PIT-CNT. La central tiene un debate no menor sobre fuentes de trabajo, trabajo y cadena productiva, cruzado con qué tipo de trabajo, en qué condiciones, para qué y con qué fines.

Lo que ha sido Botnia, por ejemplo, no va a cambiar, al contrario, se va a profundizar. Y bueno, esas nuevas fuentes de trabajo son espejitos de colores, pan para hoy y hambre para mañana. El modelo forestal hay que pararlo, hay que hacer una ley que diga basta, que el millón de hectáreas ya plantadas son más que suficientes. Este tema ya lleva 30 años y en el movimiento social no tuvimos la capacidad suficiente para prever el impacto que esto iba a tener. No lo vimos, como tampoco vimos en los años 90-92 las privatizaciones hasta no percibir sus impactos.

No vimos que esto forma parte de un movimiento empresarial muy fuerte a escala mundial, que busca apropiarse de recursos naturales como el agua para transformarlos en capital. Se discute cuál es el precio justo del agua, pero una cosa es el agua de uso doméstico y otra el agua para transformarla en capital. Estamos hablando de un líquido vital que no tiene sustituto, se está acabando, se está malgastando, y tenemos estos emprendimientos para transformar el agua en capital. Este es el debate.

 

Víctor L Bacchetta

Brecha

12 de febrero de 2008

 

 

* Presidenta de la Federación de Funcionarios de OSE y coordinadora,

   junto a otras organizaciones, de la Comisión Nacional

   en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV).

 

 

 Volver a Portada

 

 

  UITA - Secretaría Regional Latinoamericana - Montevideo - Uruguay

Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 -  902 1048 -  Fax 903 0905