Las medidas fueron anunciadas ayer por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en una conferencia de prensa de la que también participaron el gobernador bonaerense, Felipe Solá; el jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, y el secretario de Obras Públicas, José López.

De Vido acusó a Aguas Argentinas de no haber cumplido con el plan de obras comprometido para la expansión y mejora del servicio, y de "poner en peligro la salud de la población" por el nivel de nitratos encontrado en algunas localidades del conurbano, como Llavallol. "El incumplimiento de la concesionaria registra tal persistencia y afecta garantías tan primarias de los usuarios que (el Estado) se ve obligado a rescindir el contrato de concesión por culpa del concesionario", dijo De Vido. López anunció que el Gobierno invertirá $ 144 millones para resolver el problema de los nitratos, al tiempo que el año próximo se destinarán 205 millones para el mejoramiento del servicio. También aseguró que no habrá ajustes de tarifas ni despidos.

La nueva empresa se llama Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA), y será presidida por el abogado Carlos Humberto Ben, que hasta ayer se desempeñaba como director adjunto de la compañía. El 90% estará en manos del Estado nacional y el 10% seguirá en manos del sindicato de empleados. Ayer, el secretario general, José Luis Lingieri, celebró la reestatización en la sede de Aguas, rodeado de un centenar de trabajadores: "Volvemos al Estado, pero a un Estado que invierta, como se comprometió el presidente Néstor Kirchner".

La empresa, por su parte, rechazó los argumentos del Gobierno, y recordó que durante su operación "se incorporaron dos millones de personas al servicio de agua potable y un millón a los servicios de desagües cloacales", y precisó que "se invirtieron US$ 1700 millones".

En rigor, ya en septiembre del año pasado Suez, principal accionista de la empresa y el mayor operador del negocio del agua en el mundo, había anunciado que dejaba la concesión ante la falta de avances en la renegociación con el Gobierno. Los puntos que trabaron el acuerdo fueron el ajuste de tarifas que pedía la empresa, la necesidad de inversiones para garantizar la expansión del servicio (que demanda alrededor de $ 400 millones anuales) y una abultada deuda de US$ 670 millones, que hizo inviable la operación luego de la devaluación.

Reclamo por tarifas

Aguas fue de las primeras empresas en firmar un acta acuerdo con el Gobierno, que contemplaba un ajuste tarifario del 53% en dos años. Sin embargo, el temor a la inflación hizo que el mismo Kirchner le bajara el pulgar al acuerdo.

La presencia de nitratos en el agua había sido denunciada por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino. También fue motivo de múltiples multas por parte del ente regulador del sector (Etoss), que preside Carlos Vilas. "Pero los incumplimientos son sólo una parte del asunto, la realidad es que el Gobierno se puso más duro con Aguas que con el resto de las privatizadas", dijo un analista. Luego de negociar largamente con Suez, de intentar armar una empresa mixta, de tentar a Aguas de Barcelona, de escuchar la propuesta de distintos fondos de inversión (entre ellos Latam y Fintech), e incluso sumar al empresario Eduardo Eurnekian a la lista de interesados, el Gobierno decidió tomar en sus manos el servicio.

"Si hubiera habido la posibilidad de transferir la concesión a otro privado, se habría hecho. Pero Suez puso constantemente palos en la rueda", dijo un alto funcionario de Planificación.

Ahora quedan algunos asuntos pendientes: definir, por ejemplo, quién pagará la deuda que arrastra Aguas, la mitad contraída con organismos multilaterales de crédito. "La deuda le queda a la empresa, nosotros empezamos de cero", dijo un funcionario de Planificación. También, el reclamo por entre 1200 y 1700 millones de dólares que mantienen los accionistas ante el tribunal del Banco Mundial (Ciadi).

Los accionistas cifran su esperanza en que el tribunal falle en contra de la Argentina por incumplimiento de contrato. Aguas Argentinas también arrastra una serie de reclamos judiciales por parte de asociaciones de consumidores, que reclaman $ 300 millones por falta de presión del servicio.

Ayer, a las 15.30, José López, secretario de Obras Públicas, fue en persona a notificarle a la empresa la rescisión formal del contrato. López iba acompañado por el flamante presidente de la compañía, Carlos Ben. Mantuvieron una reunión de más de dos horas con Jean Bernard Lemire, director general de Aguas, a quien le entregaron la notificación.

Josefina Giglio

La Nación online

22 de marzo de 2006