La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
(CNDAV), en la que el EP-FA tenía, y tiene,
representación, estima en cambio que tanto la letra
como el espíritu de la reforma estipulan claramente el
cese inmediato de todos los contratos con privados.
Este lunes 30, la CNDAV y el sindicato de funcionarios
de la empresa estatal de agua OSE (FFOSE) presentaron
ante el Poder Ejecutivo un recurso de revocación
contra el decreto del 20 de mayo. De no ser aceptado,
como se presume, elevarán al Tribunal de lo
Contencioso Administrativo un recurso de nulidad. “La
voluntad del pueblo no se interpreta, se acata. Con la
Constitución todo, sin la Constitución nada”,
proclaman volantes elaborados por la CNDAV. FFOSE
prepara por su lado un paro de actividades de 24
horas.
Básicamente, el argumento que ha llevado al
gobierno a aceptar, por un lado, la implantación de
las dos plantas de celulosa y, por el otro, a
postergar la validez plena de la “reforma del agua” es
el mismo: dar “certezas a los inversores” de que
Uruguay “honra” los contratos que firma, en el
entendido de que esas inversiones son generadoras de
empleo y portadoras de desarrollo. En ambos casos,
además, el Ejecutivo de izquierda puede aducir que es
heredero de decisiones tomadas por gobiernos
anteriores, ya que los acuerdos iniciales con Botnia y
ENCE fueron suscritos bajo la administración de Jorge
Batlle y los convenios con las prestadoras de
servicios en agua y saneamiento datan de otras
gestiones conservadoras.
“Hay sectores en el Frente Amplio que creen que es un
mérito continuar la política que se venía realizando
antes. Yo creo sin embargo que no se votó eso, que la
gente votó para que el país cambie”, comentó Galeano a
la prensa,
Rel-UITA
incluido, al término de la concentración del viernes
27.
De la misma opinión fue, por ejemplo, Julio Faravelli,
de la Comisión Nacional de Organizaciones Sociales del
Uruguay. “Nos hubiera gustado evitar esta primera
concentración contra resoluciones del gobierno. Tal
vez para muchos sectores de la población actuamos de
manera precipitada, pero nosotros, así como
aplaudiremos cuando las cosas se hagan bien, diremos
nuestra discrepancia cuando pensemos que se está yendo
contra los intereses del país”, dijo Faravelli a SIREL.
“Este es mi gobierno, pero se está planteando una
contradicción en una zona tremendamente delicada como
el funcionamiento democrático de la sociedad: en el
tema del agua el pueblo votó una cosa, y el Poder
Ejecutivo decidió algo limitativo a lo que expresó la
voluntad de la gente. Esto me preocupa”, declaró por
su lado a
Rel-UITA
Carlos Coitiño, representante del Frente Amplio en la
CNDAV.
“Hay que tener en cuenta, eso sí, que accedimos al
gobierno pero no al poder, y aquí hay un problema de
intereses sociales. Yo no quiero a mi gobierno por
encima de las clases, lo quiero priorizando a los más
necesitados”, agregó Coitiño, que es también dirigente
del Partido por la
Victoria del Pueblo, un pequeño grupo de origen
anarquista.
Eduardo Rubio, dirigente de otra pequeña organización
miembro de la coalición de izquierda, el Movimiento 26
de Marzo, se declaró a su vez dolorido por “participar
en una movilización cuando está al frente del país la
fuerza política con la cual conquistamos el gobierno,
justamente para cambiar la sociedad y el país
neoliberal que heredamos”. Sin embargo, se
dijo decidido a “seguir luchando” tanto para evitar
que Botnia y Ence concreten sus planes como para
lograr que el gobierno “cumpla la reforma
constitucional del agua”.
“Porque fui votante del Frente Amplio es que me siento
con mucho más derecho a discrepar con aquellos que
tienen que ser mis representantes”, consideró el
ingeniero químico Ignacio Stolkin, integrante de la
Comisión Multisectorial.
El gobierno uruguayo no puede “usar idénticos
simbolismos a los usados por otros. Por ejemplo, las
famosas inversiones, en aras de las cuales se
justificaría cualquier cosa”, dijo Stolkin a
Rel-UITA.
A principios de mayo Stolkin protagonizó una polémica
pública con el nuevo subsecretario del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
Jaime Igorra, quien calificó de “ecofascistas” a
grupos ecologistas (que no identificó) opuestos a la
construcción de las plantas de celulosa.
“Somos parte del cambio político histórico que hubo
en el país pero queremos que ese cambio sea profundo y
que cuestione y vuelva a discutir políticas que no
deseamos más para Uruguay ni para esta región”, dijo a
Rel-UITA
Adriana Marquisio, una de las máximas exponentes de la
CNDAV y dirigente de FFOSE.
“Esto no es sólo una batalla uruguaya, es una batalla
de los pueblos latinoamericanos y del mundo en contra
de un modelo capitalista depredador que ha excluido a
los más débiles del acceso a necesidades básicas como
el agua, la energía, el combustible, los recursos
naturales. No vamos a dejar que se siga vaciando al
continente de sus recursos naturales, no vamos a dejar
que se siga vaciando a los pueblos de la decisión de
mantener su soberanía nacional. El modelo económico
sigue haciendo presión sobre los gobiernos de nuestros
países, y resistir a ello forma parte también del
compromiso del movimiento social y sindical”,
proclamó la secretaria general del gremio de
funcionarios de la empresa pública del agua.
Varios de los interrogados por
Rel-UITA
pusieron el énfasis en dos temas: la pesada herencia
legada al actual gobierno por sus predecesores
conservadores, que le restringiría enormemente el
margen de maniobra, y la ignorancia, o la mala
información, del Ejecutivo en temas ambientales.
Mari Cárcamo, integrante de la Red de Acción contra
los Plaguicidas de América Latina (RAP-Al), subrayó,
refiriéndose al caso de las plantas de celulosa: “En
el gobierno no saben lo que están haciendo desde el
punto de vista ambiental. Dicen que van a poder
controlar el funcionamiento de esas instalaciones para
evitar daños graves al ambiente, pero no tienen las
herramientas necesarias para hacerlo. No dudo de su
voluntad en ese sentido, como tampoco de la voluntad
del gobierno finlandés, algunos de cuyos integrantes
me afirmaron que iban a realizar controles. Pero
estamos hablando de dos enormes monstruos, de
capitales transnacionales independientes de los
gobiernos”, observó.
“Seguramente en Uruguay, una vez instaladas las dos
plantas, van a aumentar las emisiones de dioxinas y
furanos, en vez de reducirse, como nos obliga a
hacerlo el Convenio de Estocolmo, del cual este país
es signatario”, pronosticó.
El gobierno está tomando decisiones muy apresuradas
que pueden hipotecar al país por los próximos cien
años, como en el caso de las celulosas. Tenemos que
ayudarlo haciéndole notar sus equivocaciones,
diciéndole: “por aquí no, por este camino vamos mal y
queremos un país en que no sea extranjerizado ningún
recurso, en particular la tierra y el agua”, expresó
la ingeniera agrónoma Anahit Aharonián, de la Comisión
Multisectorial.
Raquel Núñez, del Grupo Guayubira, sostuvo que “éstos
son temas estratégicos, que van a definir nuestro
futuro, por lo que es esencial que todas las voces
sean escuchadas”. “Me imagino dijo- que las
autoridades uruguayas están empantanadas en la
herencia maldita que recibieron y en consideraciones
económicas bastante alejadas de la gente. El gobierno
debe
mirar hacia ésta”.
Eduardo Galeano destacó “el error” del presidente
Vázquez al referirse a la escasa incidencia sobre el
ambiente que han tenido las empresas papeleras
actualmente en funcionamiento en la provincia
argentina de Entre Ríos. Unos 40.000 habitantes de la
ciudad entrerriana de Gualeguaychú, y dos mil
uruguayos de Fray Bentos, protagonizaron el 30 de
abril, en el puente sobre el río Uruguay que separa a
ambos países, una enorme manifestación contra la
construcción de las papeleras.
“Creo que Vázquez se equivoca. Justamente por tener
varias papeleras funcionando los habitantes de la
ciudad de Gualeguaychú saben de qué se trata, como lo
saben en Valdivia, Chile. Habría que leer con mucha
atención los informes técnicos de la Universidad de
Valdivia sobre las barbaridades que ha hecho una
papelera en términos muy semejantes a los de la
inversión que se anuncia ahora, ofreciendo también el
oro y el moro en trabajo y en inversiones y asegurando
que no iba a contaminarse nada. Los primeros que
murieron fueron todos los cisnes del lago. De ahí en
adelante el informe técnico de la Universidad advierte
sobre daños a la salud humana muy graves que no se
perciben en el corto plazo”.
La celulosa de Valdivia, cerrada en varias
oportunidades por el gobierno chileno, pertenece a la
finlandesa Botnia, la misma que se instalaría en
Uruguay.
También los representantes de delegaciones extranjeras
manifestaron su deseo
de que el gobierno de izquierda uruguayo “reaccione”.
Así lo expresaron Andrés Rivas, periodista de Radio
Máxima de Gualeguaychú, Alicia Muñoz, integrante de
RAP-Al Chile y de la Asociación Nacional de Mujeres
Rurales Indígenas de ese país, y Jesús Gómez Miño,
miembro de la Comisión Nacional de Migración del
Bloque Nacionalista de Galicia, región española donde
la empresa ENCE causó graves daños al ambiente.
Rivas llegó a pronosticar, en caso de que el Ejecutivo
uruguayo no cambie de posición, la posibilidad de un
conflicto binacional. “La
cancillería argentina hizo
un pedido expreso a Uruguay de que se suspendiera por
180 días la construcción de las plantas de celulosa
para relocalizarlas lejos del río Uruguay, y no pasó
nada. Lamentablemente, del lado argentino se
están haciendo oír posiciones extremistas de gente que
habla de volar los puentes internacionales, de volar
la ruta. Tenemos esperanzas de que Tabaré Vázquez se
dé cuenta que es más importante la hermandad entre los
pueblos que las relaciones con los organismos
internacionales”.
Galeano también confía en que “las cosas cambien”.
“Siempre se está a tiempo de cambiar. Pero eso va a
depender mucho de que haya presión popular, que la
gente de veras se haga notar en la calle sin el miedo
de que toda discrepancia sea confundida con una
herejía o un pecado de traición”, concluyó el
escritor.
Daniel Gatti
Entrevistas: Rubén Yizmeyián
© Rel-UITA
30
de mayo de 2005
