El 31
de octubre último, el mismo día en que se consagró el
triunfo de la izquierda en las elecciones
parlamentarias y presidenciales, 64 por ciento de los
uruguayos aprobaron una reforma constitucional que
obliga a estatizar los servicios de agua y
saneamiento.
Sin
embargo, poco después de esa decisión popular,
comenzaron las polémicas en cuanto al alcance de la
reforma, incluso en el seno de quienes promovieron la
iniciativa.
La
incertidumbre respecto a lo que haría la coalición
Encuentro Progresista-FrenteAmplio-Nueva Mayoría
(EP-FA-NM), que asumió el poder el 1 de marzo, surgió
poco antes de las elecciones, cuando, luego de viajar
a España y entrevistarse con los directivos de
empresas que tienen inversiones en Uruguay –entre
ellas Aguas de Bilbao–, el entonces candidato de
izquierda y ahora presidente Tabaré Vázquez anunció
que los contratos asumidos por el gobierno saliente
serían respetados.
El
anuncio generó inquietud entre los impulsores de la
reforma constitucional, una comisión integrada por
organizaciones sociales, no gubernamentales, gremios y
partidos políticos, entre ellos el EP-FA-NM. En aquel
momento sorprendió que después de meses de adhesión
explícita a la reforma –que incluyó la participación
de un delegado de la coalición de izquierda en la
mencionada comisión– el candidato izquierdista
adelantara que, de aprobarse, la norma no sería
aplicada de manera retroactiva.
En la
comisión pro referéndum, llamada “En Defensa del Agua
y de la Vida”, prevalecía en cambio la opinión de que
la reforma constitucional determinaba la anulación de
los contratos vigentes. Antes de las elecciones,
varias figuras políticas relevantes de la coalición de
izquierda –algunas de las cuales hoy son ministros o
legisladores– se manifestaron en el mismo sentido.
Máxime, precisaron, cuando en el texto constitucional
se establece cómo se reparará a las empresas privadas
concesionarias por la entrada en vigencia de la
reforma.
Esa
interpretación fue incluso defendida por directivos de
algunas de las compañías involucradas, que ya
pretendían, cierto es, retirarse del mercado uruguayo
y aprovechaban para reclamar al Estado una
indemnización por el cese de la concesión.
Prestigiosos abogados constitucionalistas se
dividieron igualmente entre quienes estiman que no hay
dudas respecto a que las concesiones deben cesar y
quienes consideran que la obligatoriedad de que los
servicios sean prestados únicamente por entidades
públicas no afecta a los contratos firmados antes del
31 de octubre.
Esta
última interpretación es la que el gobierno determinó
aplicar en los últimos días. La única rescisión que se
pretenderá llevar a cabo, y sin indemnización,
concierne al contrato firmado con la empresa Uragua,
pero no por la aplicación de la reforma constitucional
sino por incumplimientos contractuales de la firma.
El
flamante vicepresidente del ente estatal del agua
Obras Sanitarias del Estado (OSE), Fernando Nopitch, y
el subsecretario del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jaime
Igorra, declararon esta semana que –salvo el caso
excepcional de Uragua– la voluntad del gobierno es
mantener las concesiones.
El
todopoderoso ministro de Economía, Danilo Astori, se
ha manifestado en el mismo sentido, aduciendo que el
gobierno de izquierda debe dar certezas a las empresas
que respeten sus obligaciones de que sus inversiones
serán protegidas.
El
presidente Tabaré Vázquez todavía no se ha pronunciado
explícitamente sobre el asunto, por lo cual los
integrantes de la Comisión en Defensa del Agua y de la
Vida mantienen aún tenues esperanzas de que sea
respetado el espíritu de la reforma constitucional
aprobada.
Medios de prensa uruguayos informaron que, para salir
del (mal) paso, el gobierno estudia una “solución” que
podría pasar por la elaboración de un proyecto de ley
interpretativo que despeje las “confusiones”
existentes estableciendo qué empresas podrán seguir
operando estos servicios y cuáles no.
En
noviembre de 2004, la Mesa Política del hoy gobernante
Frente Amplio resolvió no acompañar una ley de ese
tipo promovida por el centroderechista Partido
Nacional, mientras la comisión promotora de la reforma
alertó a la población “ante la posibilidad de la
aprobación de una ley interpretativa que contradiga el
pronunciamiento de la ciudadanía”.
Más
allá de la claridad u oscuridad de la norma, “lo que
sí es claro es que el pueblo uruguayo votó con la
intención de que desde el momento de la aprobación de
la reforma se suspendiera la gestión privada”, declaró
esta semana Adriana Marquisio, integrante de la
comisión y dirigente del sindicato de OSE.
El
gremio del ente estatal del agua advirtió que aplicará
diversas medidas para hacer cumplir la “decisión
soberana”, entre ellas solicitar la intervención de la
Suprema Corte de Justicia procurando que declare la
inconstitucionalidad de la ley interpretativa
anunciada si llegara a aprobarse.
Virginia Matos
©
Rel-UITA
8 de
abril de 2005
