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En
ocasión del Día Mundial del Agua, la Red Nacional de los Comités de Agua
Potable y Saneamiento (CAPS) y la Coalición de Organizaciones por el Derecho
al Agua (CODA)1, organizaron un
conversatorio en la ciudad norteña de Jinotega, para analizar el estado de
los recursos hídricos de Nicaragua y plantear los retos que la población
tiene con respecto a ese tema de trascendental importancia para su futuro.
El estado de las cuencas hídricas, una de las
reservas de agua más importantes para toda Mesoamérica, la defensa de
los recursos hídricos en territorios indígenas, el fortalecimiento de la
experiencia de miles de comunidades que, a través de la organización, han
logrado un acceso constante al agua, el dramático caso de los trabajadores
azucareros afectados de insuficiencia renal crónica (IRC) por la
ingestión de agua contaminada por agrotóxicos y la promoción de leyes que
regulen el tema, fueron los elementos más destacados de la actividad.
Después de un minucioso análisis de cómo
Nicaragua está todavía muy lejos de una verdadera implementación de un
modelo de desarrollo sostenible, Antonio Ruíz, de la Fundación del
Río, enfocó su intervención en la necesidad de garantizar la protección y el
manejo adecuado de la Cuenca 69, que incluye el Lago de Apanás, el
Lago Xolotlán (o Managua), el Lago Cocibolca (o Nicaragua) y el Río San
Juan, hasta entrar a territorio costarricense.
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Antonio Ruíz |
“Una agenda real para el desarrollo sostenible de
esa Cuenca, que constituye una de las reservas más importantes para el
futuro, no solamente de Nicaragua, sino de toda Mesoamérica,
pasa por una política ambiental de mediano y largo plazo que proteja al
medio ambiente y a sus recursos naturales, el cumplimiento del compromiso
con las comunidades indígenas en un vasto programa de educación ambiental
con énfasis en los recursos hídricos, y el desarrollo de Estudios de
Impactos Ambiental en los planes ambientales municipales. Hay también que
tomar en cuenta –continuó Ruíz– todo lo relacionado con las
contaminaciones que están afectando los mantos acuíferos y la necesidad de
crear parques ecológicos, el uso de tecnología limpia y la prevención y
mitigación de desastres naturales”.
La parte inferior de la Cuenca 69 incluye la
Reserva de Biósfera “Río San Juan-Nicaragua”. Son 2.700 km² que están
amenazados por incendios, concesiones mineras y el avance del monocultivo.
Entre las posibles soluciones al rápido deterioro de este importante
recurso, el experto en temas ambiental presentó la Ley 626, “que crea la
Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y
del Río San Juan”.
Según Ruíz, “La recién aprobada Ley
General de Aguas Nacionales prevé crear la Autoridad Nacional del Agua (ANA),
la cual, con el fin de garantizar la gestión descentralizada y la
operatividad en la gestión integral de los recursos hídricos en todo el
país, deberá proponer al Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
para su aprobación, la conformación de los Organismos de Cuenca. Ese
organismo representa para las comunidades de base la gran oportunidad para
que participen directamente de este enorme proceso”.
En su artículo 97 esta misma ley define que “es
responsabilidad del Estado, con la participación de los gobiernos
municipales, Consejos Regionales, Asociaciones de Municipios, sector
privado, organizaciones no gubernamentales y población en general, la
protección, conservación y destino de las aguas del Gran Lago de Nicaragua o
Cocibolca. Este lago deberá considerarse como reserva natural de agua
potable, siendo del más elevado interés y prioridad para la seguridad
nacional, debiéndose establecer mecanismos y regulaciones específicas que
aseguren y regulen la productividad del agua y, al mismo tiempo, que
aseguren el mantenimiento e incremento de los caudales que permitan el
desarrollo de las actividades económicas, sin menoscabo de la producción de
agua, tanto en cantidad como en calidad, prohibiendo la introducción y
cultivo de especies exóticas invasoras, igual que evitando la contaminación
del recurso y el deterioro de su ecosistema por vertidos industriales y
domésticos”.
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Cuenca 69
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A raíz de este artículo, la Asamblea Nacional
aprobó la Ley 626, creando la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca
Hídrica del Lago Cocibolca y del Río San Juan, comisión que se instalaría en
abril próximo durante el desarrollo del III Foro del Gran Lago, y que
contemplará la participación activa de la sociedad civil, de las comunidades
indígenas y campesinas que surgen alrededor de estos importantes recursos
hídricos.
“Es algo histórico, porque en el actual Plan de
Desarrollo Humano y en las metas que se propuso el Ministerio del Ambiente (MARENA)
para este año, eso es una prioridad. Todavía hay esperanzas y las enormes
experiencias de las comunidades organizadas en los Comités de Agua Potable y
Saneamiento (CAPS) van a jugar un papel trascendental y van a tener
un rol estratégico”, concluyó Ruíz.
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Organizaciones comunitarias diseminadas por todo el territorio
nacional crearon más de 5 mil Comités de Agua Potable y
Saneamiento (CAPS), que han trabajado para abastecer a sus
comunidades y han administrado y dado mantenimiento a sus obras |
Los CAPS,
comunidades indígenas
y afectados
por agrotóxicos
Pese al esfuerzo del Estado, el nivel de
cobertura de agua potable en el área urbana es del 75,8 por ciento, y en el
área rural es apenas del 48,5 por ciento. Las metas del Plan Nacional de
Desarrollo, que recoge a su vez las Metas del Milenio, son las de elevar el
nivel de cobertura de agua potable a nivel nacional al 82,5 por ciento, para
2009 y al 90,3 por ciento para 2015. Con respecto al área rural, estas
mismas metas son 63 por ciento y 80,4 por ciento respectivamente.
Frente a esta situación, organizaciones
comunitarias diseminadas por todo el territorio nacional han creado más de 5
mil Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), los cuales han
trabajado para abastecer de agua a sus comunidades, administrando y
manteniendo sus obras, destacándose como “una formidable expresión de
participación ciudadana, autogestión comunitaria y organización popular para
el desarrollo”, según lo menciona la CODA
en su propuesta de ley de promoción de los CAPS.
En la actividad por el Día Mundial del Agua hubo
espacio también para la histórica denuncia de la comunidad indígena de
Jinotega, que desde hace más de 40 años está reclamando sus derechos
sobre el Lago de Apanás.
Según Andrés Granados, presidente de la
Comunidad Indígena de Jinotega, “Este lago está asentado en 7.200
manzanas que pertenecen a nuestra comunidad, y a través de la Planta
Centroamérica, de propiedad de la estatal Hidrogesa, genera el 35 por ciento
de la energía a nivel nacional. El Estado no ha querido reconocer los
derechos de la propiedad comunitaria y tiene una deuda acumulada de casi 2,4
millones de dólares en concepto de canon de arrendamiento, ocupación de
suelo y daños y perjuicios a la propiedad comunitaria”. Granados
informó que, una vez agotadas las instancias nacionales, la comunidad
indígena recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Carmen Ríos |
De igual manera se presentó la dramática
situación de los afectados y viudas de la Insuficiencia Renal crónica (IRC).
Carmen Ríos, presidenta de ANAIRC, recordó a los presentes el
drama que viven miles de ex trabajadores del azúcar que fueron contaminados
por el contacto directo y la ingestión de aguas contaminadas por
agrotóxicos, que se utilizaron indiscriminadamente en el Ingenio San
Antonio, propiedad de la Nicaragua Sugar Estates Ltd. (Grupo
Pellas).
Según los últimos datos recogidos por ANAIRC,
serían casi 2.700 los fallecidos por IRC, 1.500 las viudas y 6 mil
los huérfanos que quedaron a la merced de los eventos. Desde hace más de un
año, los afectados están pidiendo instalar una mesa de negociación con los
dueños del Ingenio San Antonio para lograr una indemnización por los
daños y las muertes provocadas.
Tres leyes
para el futuro de los recursos hídricos
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Denis Meléndez |
Las conclusiones estuvieron a cargo de Denis
Meléndez, del Centro de Información
y Servicios de Asesoría en
Salud (CISAS). “Es necesario crear un marco jurídico y regulatorio
claro sobre los recursos hídricos. Vamos a trabajar fuertemente para que se
apruebe la Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento y para
presentar, desde nuestra perspectiva, las iniciativas de ley de Pagos de
Servicios Ambientales y la de Cánones por Uso y Aprovechamiento de Aguas
Nacionales. Sabemos que es un gran desafío –continuó Meléndez– pero
lo vamos a hacer, y en eso va a ser fundamental el aporte y la experiencia
de los CAPS. Estas instancias deben seguir fortaleciéndose, con esta
misma energía, fuerza y vigor. Nosotros no les vamos a enseñar nada a los
CAPS, al contrario, si queremos aprender de las organizaciones
comunitarias hay que ir a los CAPS. El día de hoy hemos dado un paso
enorme y nos hemos juntado para trabajar por un mismo objetivo que tiene
carácter nacional”.
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