“ENACAL –expuso Ruth Herrera– tiene 480 pozos en todo el país. En Managua hay 130, y de éstos 38 funcionan con energía que le compramos a ENEL (generadora pública), mientras que el resto trabaja con energía que compramos directamente a Unión Fenosa. En los departamentos del interior los 350 pozos utilizan energía comprada a Unión Fenosa. Cualquier alteración o falla en el sistema de distribución de energía nos repercute de forma inmediata y directa, porque los pozos solamente pueden bombear cuando hay energía. Una de las cosas que incomprensiblemente hicieron en la mayoría de los acueductos del país, es que en vez de instalar los tanques junto a la fuente, para que puedan llenarse y bajar por gravedad a la red, los conectaron desde la fuente -ya sea pozo o una fuente superficial- a la red y recién después al tanque. El resultado es que el depósito nunca se llena y dependemos totalmente de la energía y de la empresa que controla su distribución, en este caso de Unión Fenosa”.

Sin estas inversiones, que serán financiadas con un préstamo de 38 millones de dólares otorgado por el BID, resultaría imposible mejorar la desastrosa situación heredada por el nuevo gobierno.

Actualmente la tasa de cobertura del servicio de agua potable a nivel nacional es inferior al 55 por ciento, y sólo 29 ciudades tienen el servicio de alcantarillado. Ese último es un dato muy delicado porque tiene que ver con el manejo de las aguas negras, que muy probablemente se infiltran en el manto freático de donde se saca el agua para beber.

En Managua, sólo el 45 por ciento de la población tiene acceso al alcantarillado, y según Herrera, ese fenómeno no se detecta sólo en los asentamientos espontáneos, sino también en las nuevas urbanizaciones. “Tenemos una buena cantidad de urbanizadoras que ya están contaminando el manto freático porque han construido viviendas sin resolver el problema del alcantarillado”.

Las responsabilidades empresariales

En la reunión se tocaron también otros aspectos que tienen que ver con los recursos hídricos y la situación energética del país.

Según Álvaro Fiallos, de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y presidenta ejecutiva de ENACAL, "Es importante que la Asamblea Nacional apruebe de inmediato la Ley General de Aguas Nacionales. Esta ley nos permitiría intervenir en situaciones que están generando enormes daños a los recursos hídricos del país. Un ejemplo son los grandes productores agrícolas, las grandes empresas embotelladoras o las que utilizan el agua subterránea para sus procesos productivos. Abren pozos, extraen y explotan el agua y no pagan nada.

En Managua tenemos conocimiento de por lo menos 130 pozos privados que han sido abiertos sin ningún control y que están aprovechando excesivamente el recurso hídrico. Todas estas empresas, como las que embotellan el agua y la venden carísima y los grandes productores que la utilizan para el riego, no sólo no pagan nada sino que ni siquiera utilizan mecanismos que permitan infiltrar el agua para restablecer las reservas que hay en el subsuelo. Estas fuentes hay que buscarlas cada vez a más profundidad, los campesinos se quedan sin agua y ENACAL tiene que hacer pozos más caros, poner equipos de bombeo más potentes y gastar más energía”.

En opinión de Herrera, es urgente que el gobierno contribuya a ordenar el uso del recurso, así como a impulsar un verdadero plan de reforestación, de lucha contra la tala ilegal e indiscriminada y la regulación de la explotación privada de los recursos hídricos. Finalmente, denunció la contaminación que está afectando al Lago Cocibolca, la mayor reserva de agua para el futuro del país, responsabilizando a diferentes empresas que nunca fueron controladas por los gobiernos pasados.

Plan de Emergencia

Frente a esta emergencia nacional, el presidente Ortega anunció que en estas últimas semanas de verano se tratará de garantizar por lo menos 20 litros de agua por persona y por día, cantidad mínima prevista por las Naciones Unidas en casos como éste. Se presentará un proyecto de ley para regular de inmediato las actividades de las empresas que están contaminando el Lago Cocibolca, imponiendoles inversiones para garantizar la seguridad ambiental o el traslado de sus actividades. 

En cuanto sea aprobada la Ley General de las Aguas Nacionales, todos los productores y las empresas que están explotando los recursos hídricos del país tendrán la obligación de pagar por el agua que extraen y que utilizan y de adoptar mecanismos para “producir agua”.

Ortega retomó también el tema energético. Entre abril y octubre de este año van a entrar en función las plantas eléctricas instaladas por los gobiernos de Venezuela y Cuba en el marco del ALBA. Según el presidente de Nicaragua “tenemos listo un plan de emergencia en el caso en que Unión Fenosa decida irse. Mientras tanto, seguimos con la idea de continuar con el diálogo".

Las relaciones entre el gobierno nicaragüense y la multinacional española, que mantiene el monopolio de la distribución de energía eléctrica en Nicaragua, subieron de tono en las últimas semanas.

El asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, viajó a España para reunirse con los propietarios de la empresa transnacional y con miembros del gabinete del gobierno español. Según una declaración de Ortega, Unión Fenosa habría garantizado que su sucursal en Nicaragua estaría lista para reactivar las inversiones y respetar el contrato firmado con el gobierno nicaragüense.

Las principales demandas de la administración Ortega tienen que ver con el pago de las cuantiosas deudas que Unión Fenosa tiene con las empresas generadoras de energía, las inversiones para disminuir las fugas de energía en la red de distribución y la garantía de la distribución de energía las 24 horas del día.

Frente a un nuevo rechazo por parte de la sucursal de Unión Fenosa en Nicaragua, el presidente Ortega declaró publicamente su intención de intervenir la empresa y asumir como Estado la distribución de energía.