Uruguay

Aguas revueltas después del pronunciamiento popular

 

La aprobación de la reforma constitucional sobre el agua desató grandes controversias acerca del alcance de su aplicación. Si bien el texto es claro al expresar que los servicios de agua potable y saneamiento serán prestados exclusiva y directamente por el Estado, mientras el gobierno pretende aplicar cabalmente la reforma, los sectores políticos que la apoyaron, sostienen que el nuevo mandato constitucional no debe aplicarse a los contratos existentes con privados.

 
 

Después de casi dos semanas de intensas discusiones respecto a las consecuencias que tendrá la Reforma Constitucional del agua aprobada por el 64,4% de los ciudadanos habilitados para votar el último 31 de octubre-informes jurídicos mediante-el Poder Ejecutivo resolvió que los servicios privatizados de agua y saneamiento deben volver a manos del Estado lo antes posible. El presidente Jorge Batlle dijo que con esta resolución no se hace ni más ni menos que cumplir con la Constitución, cuya reforma aprobada establece que los servicios mencionados podrán ser prestados exclusiva y directamente por el Estado uruguayo. Si bien los argumentos de la decisión del presidente parecen de perogrullo, buena parte de la discusión de los últimos días estuvo centrada en la pertinencia de la aplicación del principio de retroactividad a la reforma.

 

Varios integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV)-promotora de esta reforma-expresaron desde el vamos que el problema no pasa por si el texto constitucional es o no retroactivo y que no hay dos interpretaciones: desde que la reforma está vigente, las empresas están actuando ilegalmente, aseguran. Increíblemente, esta postura es coincidente con la del presidente Batlle y con la de los asesores jurídicos de la empresa Uragua, pero no con la de los partidos y sectores políticos que apoyaron la reforma (Encuentro Progresista y Alianza Nacional, sector del Partido Nacional), que sostienen que la nueva normativa no debería afectar a los contratos de concesión existentes. Incluso, el futuro ministro de Economía del gobierno del EP-FA, Danilo Astori, se mostró contrario a la decisión presidencial y señaló que el gobierno progresista podría revisarla.

 

Esa decisión tomó por sorpresa a la propia OSE ya que no se esperaba que el asunto se resolviera tan rápidamente, sobre todo, teniendo en cuenta que hasta último momento, varios jerarcas habían insistido sobre la falta de claridad respecto del alcance de la norma y lo complejo de la situación que eso generaba. De todos modos, y contradiciendo lo que él mismo había dicho días atrás, el presidente de OSE, Carlos Rodríguez Landoni, aseguró que el ente está en condiciones técnicas y administrativas de retomar la gestión de los servicios, aunque aclaró que “la transición jurídica no va a ser de un día para el otro” y advirtió que será necesario realizar nuevas contrataciones, lo cual fue desmentido por un numeroso grupo de funcionarios técnicos del ente.

 

Pero lejos de calmar las aguas, la resolución presidencial las agitó aún más. Ahora el Partido Nacional anunció que ya presentó en el senado una ley interpretativa que expresa que la reforma no es retroactiva, cuyo objetivo es dejar sin efecto dicha resolución. El vicepresidente electo, Rodolfo Nin Novoa adelantó que esta ley será apoyada por el EP-FA. Pero el directorio blanco fue todavía más lejos: le pidió al gobierno que revea la decisión de estatizar los servicios que prestan las empresas privadas y tal parece que la solicitud será considerada puesto que el Poder Ejecutivo retrasó la comunicación oficial que pensaba realizar el lunes 15 a OSE sobre la caída de las concesiones. Hasta el momento, tampoco las empresas han recibido notificación alguna.

 

Para el pro-secretario de la presidencia, Leonardo Costa, la iniciativa que promoverán los blancos es, desde el punto de vista jurídico, “un disparate”, dada la inconstitucionalidad en la que se incurriría, agregando que “se estaría falseando a la ciudadanía en lo que votó”.

 

Jugadas empresariales

 

Entre las múltiples maniobras pre-electorales llevadas a cabo por el gobierno para confundir a la ciudadanía sobre los alcances de la reforma y desalentarla respecto a su aprobación, estuvo la poco atinada difusión-en plena veda electoral-de la advertencia de Uragua de que si ganaba la reforma, se retiraba del país. Con el resultado de la consulta popular a la vista, los empresarios se dieron cuenta de que le tenían que bajar los decibeles a la amenaza, puesto que según coincidieron los constitucionalistas José Korzeniak y Ruben Correa Freitas, si la empresa rescinde el contrato unilateralmente, pierde el derecho a reclamar cualquier reparación. Y entonces la suavizaron, diciendo que se ponían a disposición del gobierno para saber cómo debían actuar para llevar adelante una transición “lo más ordenada y civilizada posible”.

 

Pocos días después de aprobado el plebiscito, la empresa vasca volvió a arremeter enviando una nota al Poder Ejecutivo en la que le concedía un plazo de 10 días para rescindirle el contrato. De lo contrario, se reservaba el derecho de iniciar acciones legales. Rodríguez Landoni dijo que según el pliego de condiciones del contrato de concesión, “no existe ninguna cláusula que nos obligue a contestar en 10 días”. Esta exigencia empresarial buscaría asegurarse el derecho a la indemnización por la inversión realizada y evitar que Uragua pierda U$S 20 millones que constituyen la garantía de la concesión. Por otro lado, según fuentes periodísticas, la empresa está aprovechando la situación porque ya no le resulta rentable operar en el país puesto que sus ganancias anuales cayeron de U$S 20 millones en 2000 a U$S 9 millones después de la crisis de 2002. Sin embargo, Adriana Marquisio, vicepresidenta del sindicato de OSE (FFOSE) y presidenta de la CNDAV, piensa que en realidad a Uragua no le interesa irse del país, y según el integrante de la CNDAV por Maldonado, Albérico Correa, esos intereses alcanzan a “varios políticos del departamento que están involucrados con empresas dentro de Uragua”.

 

Para el vicepresidente de OSE, Hugo Granucci, el plebiscito terminó haciéndole un favor a Uragua porque la empresa debía rendir explicaciones a OSE antes del 19 de noviembre por los atrasos registrados en la construcción de la red de saneamiento acordada y porque el ente estudiaba adoptar medidas que incluían la posibilidad de "multas multimillonarias” en el caso de que no contestara a lo solicitado. “Ahora ya no podemos discutir”, sentenció.

 

Mientras tanto, Aguas de la Costa, la otra empresa que opera en Maldonado, rompió el silencio anunciando que le envió una carta al presidente Batlle indicando que hará lo necesario para que no caiga su contrato y que en todo caso exigirá "reparación absoluta por daños y perjuicios".

 

Aunque las autoridades uruguayas son muy cautas respecto a los montos de las indemnizaciones que deberían realizarse y todavía no arriesgan cifras, según cálculos empresariales, por ese concepto, el Estado deberá desembolsar unos U$S 50 millones.

 

Aguas de la Costa reconoce que invirtió entre U$S 12 y 16 millones, pero anunció que reclamará una indemnización por U$S 35 millones por concepto de lucro cesante, a pesar de que el texto constitucional aprobado establece expresamente que no se indemnizará por ese concepto, sino que se hará solamente por la inversión no amortizada.

 

Pero a la hora de analizar los montos de las indemnizaciones, para Marquisio, deben pesar los incumplimientos contractuales y los daños ambientales en los que incurrió Uragua, ya que no es lo mismo una concesionaria que cumplió con el contrato que otra que ha incumplido sistemáticamente.

 

Respecto a Aguas de la Costa, “el contrato es muy vulnerable porque no prevé topes de tarifa, ni tiene establecido pago de canon ni regulación alguna. Es un contrato que no dio ninguna garantía a los ciudadanos de ese lugar y que fueron discriminados muy severamente, pagando 700% más que el resto del país, por lo tanto habrá que calcular en estos 13 años de contrato cuánto han recaudado y cuánto han invertido”, consideró la vicepresidenta de FFOSE. Cabe recordar además, que esta empresa secó la Laguna Blanca, de donde tomaba el agua para su distribución a la población.

 

De mantenerse, la decisión del ejecutivo que acata el mandato constitucional, afectará además de a Uragua, Aguas de la Costa (departamento de Maldonado) y Aguas de El Pinar (departamento de Canelones), a otras 11 empresas autogestionadas-en algunos casos por cooperativas de vecinos-que brindan el servicio de agua potable en el interior del país. Marquisio dijo que si bien es cierto que sus instalaciones pasarán a ser propiedad del Estado, por lo cual se tendrá que resarcir por la inversión realizada, la propia reforma plantea la participación de los ciudadanos en todas las instancias de gestión. “Por lo tanto a nuestro criterio, esos emprendimientos deben permanecer. Deben caer las 3 empresas que tienen finalidad de lucro”. En tanto, Granucci dijo que esas 11 empresas operan en régimen de derecho privado y se debe estudiar su situación.

 

Si bien la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) no maneja todos los números como para hacer un estudio contable acabado respecto a las consecuencias financieras que el rescate de las concesiones tendrá para el Estado uruguayo en materia de indemnizaciones, sí manejan cifras aproximadas. La economista Alicia Araujo, integrante del sindicato de OSE, afirmó que la indemnización estimada para Aguas de la Costa asciende a unos U$S 4 millones.

 

En el caso de Uragua pueden plantearse dos situaciones: una, que se vaya por incumplimiento de contrato, y otra, que se tenga que retirar a partir de la entrada en vigencia de la reforma. En el primer caso, el Estado le retiene la garantía de la concesión de U$S 20 millones y debe pagarle el 85% de la inversión realizada. Si la concesión cesa porque la reforma entró en vigor, los 20 millones de la garantía se los lleva la empresa y el estado debe pagar la inversión no amortizada. La CNDAV estima esta cifra de la inversión no amortizada en 5 millones de dólares. Es decir que según la CNDAV las indemnizaciones a las empresas que operan en Maldonado rondarían los U$S 10 millones.

 

Por otra parte, luego de conocerse posturas contradictorias a la interna del EP-FA-NM, respecto al alcance de la reforma, la mesa política del FA resolvió pedir al gobierno de Jorge Batlle que no innove hasta el próximo 1º de marzo, para que sea el nuevo gobierno el que se encargue de resolver respecto al cese o la continuidad de las concesiones a la luz de nuevos informes jurídicos que se solicitarán a la Facultad de Derecho, y de la auditoría que se va a hacer en OSE. El senador Enrique Rubio dijo que se quiere respetar íntegramente el pronunciamento popular pero que el gobierno se apuró en aplicar la nueva norma constitucional, lo cual podría lesionar intereses del Estado en el caso de indemnizar incorrectamente, por ejemplo, a empresas que no cumplieron con los contratos, como es el caso de Uragua.

 

La mesa política también resolvió no acompañar el proyecto de ley interpretativa del Partido Nacional que establece la continuidad de las concesiones. Como resultado de esta decisión, los blancos optaron por dejar en suspenso esta iniciativa.

 

 

Virginia Matos

© Rel-UITA

24 de noviembre de 2004

 

  UITA - Secretaría Regional Latinoamericana - Montevideo - Uruguay

Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 -  902 1048 -  Fax 903 0905