Después de casi dos semanas de intensas discusiones respecto
a las consecuencias que tendrá la Reforma
Constitucional del agua aprobada por el 64,4% de los
ciudadanos habilitados para votar el último 31 de
octubre-informes jurídicos mediante-el Poder Ejecutivo
resolvió que los servicios privatizados de agua y
saneamiento deben volver a manos del Estado lo antes
posible. El presidente Jorge Batlle dijo que con esta
resolución no se hace ni más ni menos que cumplir con
la Constitución, cuya reforma aprobada establece que
los servicios mencionados podrán ser prestados
exclusiva y directamente por el Estado uruguayo. Si
bien los argumentos de la decisión del presidente
parecen de perogrullo, buena parte de la discusión de
los últimos días estuvo centrada en la pertinencia de
la aplicación del principio de retroactividad a la
reforma.
Varios integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del
Agua y de la Vida (CNDAV)-promotora de esta
reforma-expresaron desde el vamos que el problema no
pasa por si el texto constitucional es o no
retroactivo y que no hay dos interpretaciones: desde
que la reforma está vigente, las empresas están
actuando ilegalmente, aseguran. Increíblemente, esta
postura es coincidente con la del presidente Batlle y
con la de los asesores jurídicos de la empresa Uragua,
pero no con la de los partidos y sectores políticos
que apoyaron la reforma (Encuentro Progresista y
Alianza Nacional, sector del Partido Nacional), que
sostienen que la nueva normativa no debería afectar a
los contratos de concesión existentes. Incluso, el
futuro ministro de Economía del gobierno del EP-FA,
Danilo Astori, se mostró contrario a la decisión
presidencial y señaló que el gobierno progresista
podría revisarla.
Esa decisión tomó por sorpresa a la propia OSE ya que no se
esperaba que el asunto se resolviera tan rápidamente,
sobre todo, teniendo en cuenta que hasta último
momento, varios jerarcas habían insistido sobre la
falta de claridad respecto del alcance de la norma y
lo complejo de la situación que eso generaba. De todos
modos, y contradiciendo lo que él mismo había dicho
días atrás, el presidente de OSE, Carlos Rodríguez
Landoni, aseguró que el ente está en condiciones
técnicas y administrativas de retomar la gestión de
los servicios, aunque aclaró que “la transición
jurídica no va a ser de un día para el otro” y
advirtió que será necesario realizar nuevas
contrataciones, lo cual fue desmentido por un numeroso
grupo de funcionarios técnicos del ente.
Pero lejos de calmar las aguas, la resolución presidencial
las agitó aún más. Ahora el Partido Nacional anunció
que ya presentó en el senado una ley interpretativa
que expresa que la reforma no es retroactiva, cuyo
objetivo es dejar sin efecto dicha resolución. El
vicepresidente electo, Rodolfo Nin Novoa adelantó que
esta ley será apoyada por el EP-FA. Pero el directorio
blanco fue todavía más lejos: le pidió al gobierno que
revea la decisión de estatizar los servicios que
prestan las empresas privadas y tal parece que la
solicitud será considerada puesto que el Poder
Ejecutivo retrasó la comunicación oficial que pensaba
realizar el lunes 15 a OSE sobre la caída de las
concesiones. Hasta el momento, tampoco las empresas
han recibido notificación alguna.
Para el pro-secretario de la presidencia, Leonardo Costa, la
iniciativa que promoverán los blancos es, desde el
punto de vista jurídico, “un disparate”, dada la
inconstitucionalidad en la que se incurriría,
agregando que “se estaría falseando a la ciudadanía en
lo que votó”.
Jugadas empresariales
Entre las múltiples maniobras pre-electorales llevadas a cabo
por el gobierno para confundir a la ciudadanía sobre
los alcances de la reforma y desalentarla respecto a
su aprobación, estuvo la poco atinada difusión-en
plena veda electoral-de la advertencia de Uragua de
que si ganaba la reforma, se retiraba del país. Con el
resultado de la consulta popular a la vista, los
empresarios se dieron cuenta de que le tenían que
bajar los decibeles a la amenaza, puesto que según
coincidieron los constitucionalistas José Korzeniak y
Ruben Correa Freitas, si la empresa rescinde el
contrato unilateralmente, pierde el derecho a reclamar
cualquier reparación. Y entonces la suavizaron,
diciendo que se ponían a disposición del gobierno para
saber cómo debían actuar para llevar adelante una
transición “lo más ordenada y civilizada posible”.
Pocos días después de aprobado el plebiscito, la empresa
vasca volvió a arremeter enviando una nota al Poder
Ejecutivo en la que le concedía un plazo de 10 días
para rescindirle el contrato. De lo contrario, se
reservaba el derecho de iniciar acciones legales.
Rodríguez Landoni dijo que según el pliego de
condiciones del contrato de concesión, “no existe
ninguna cláusula que nos obligue a contestar en 10
días”. Esta exigencia empresarial buscaría asegurarse
el derecho a la indemnización por la inversión
realizada y evitar que Uragua pierda U$S 20 millones
que constituyen la garantía de la concesión. Por otro
lado, según fuentes periodísticas, la empresa está
aprovechando la situación porque ya no le resulta
rentable operar en el país puesto que sus ganancias
anuales cayeron de U$S 20 millones en 2000 a U$S 9
millones después de la crisis de 2002. Sin embargo,
Adriana Marquisio, vicepresidenta del sindicato de OSE
(FFOSE) y presidenta de la CNDAV, piensa que en
realidad a Uragua no le interesa irse del país, y
según el integrante de la CNDAV por Maldonado,
Albérico Correa, esos intereses alcanzan a “varios
políticos del departamento que están involucrados con
empresas dentro de Uragua”.
Para el vicepresidente de OSE, Hugo Granucci, el plebiscito
terminó haciéndole un favor a Uragua porque la empresa
debía rendir explicaciones a OSE antes del 19 de
noviembre por los atrasos registrados en la
construcción de la red de saneamiento acordada y
porque el ente estudiaba adoptar medidas que incluían
la posibilidad de "multas multimillonarias” en el caso
de que no contestara a lo solicitado. “Ahora ya no
podemos discutir”, sentenció.
Mientras tanto, Aguas de la Costa, la otra empresa que opera
en Maldonado, rompió el silencio anunciando que le
envió una carta al presidente Batlle indicando que
hará lo necesario para que no caiga su contrato y que
en todo caso exigirá "reparación absoluta por daños y
perjuicios".
Aunque las autoridades uruguayas son muy cautas respecto a
los montos de las indemnizaciones que deberían
realizarse y todavía no arriesgan cifras, según
cálculos empresariales, por ese concepto, el Estado
deberá desembolsar unos U$S 50 millones.
Aguas de la Costa reconoce que invirtió entre U$S 12 y 16
millones, pero anunció que reclamará una indemnización
por U$S 35 millones por concepto de lucro cesante, a
pesar de que el texto constitucional aprobado
establece expresamente que no se indemnizará por ese
concepto, sino que se hará solamente por la inversión
no amortizada.
Pero a la hora de analizar los montos de las indemnizaciones,
para Marquisio, deben pesar los incumplimientos
contractuales y los daños ambientales en los que
incurrió Uragua, ya que no es lo mismo una
concesionaria que cumplió con el contrato que otra que
ha incumplido sistemáticamente.
Respecto a Aguas de la Costa, “el contrato es muy vulnerable
porque no prevé topes de tarifa, ni tiene establecido
pago de canon ni regulación alguna. Es un contrato que
no dio ninguna garantía a los ciudadanos de ese lugar
y que fueron discriminados muy severamente, pagando
700% más que el resto del país, por lo tanto habrá que
calcular en estos 13 años de contrato cuánto han
recaudado y cuánto han invertido”, consideró la
vicepresidenta de FFOSE. Cabe recordar además, que
esta empresa secó la Laguna Blanca, de donde tomaba el
agua para su distribución a la población.
De mantenerse, la decisión del ejecutivo que acata el mandato
constitucional, afectará además de a Uragua, Aguas de
la Costa (departamento de Maldonado) y Aguas de El
Pinar (departamento de Canelones), a otras 11 empresas
autogestionadas-en algunos casos por cooperativas de
vecinos-que brindan el servicio de agua potable en el
interior del país. Marquisio dijo que si bien es
cierto que sus instalaciones pasarán a ser propiedad
del Estado, por lo cual se tendrá que resarcir por la
inversión realizada, la propia reforma plantea la
participación de los ciudadanos en todas las
instancias de gestión. “Por lo tanto a nuestro
criterio, esos emprendimientos deben permanecer. Deben
caer las 3 empresas que tienen finalidad de lucro”. En
tanto, Granucci dijo que esas 11 empresas operan en
régimen de derecho privado y se debe estudiar su
situación.
Si bien la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) no
maneja todos los números como para hacer un estudio
contable acabado respecto a las consecuencias
financieras que el rescate de las concesiones tendrá
para el Estado uruguayo en materia de indemnizaciones,
sí manejan cifras aproximadas. La economista Alicia
Araujo, integrante del sindicato de OSE, afirmó que la
indemnización estimada para Aguas de la Costa asciende
a unos U$S 4 millones.
En el caso de Uragua pueden plantearse dos situaciones: una, que se vaya
por incumplimiento de contrato, y otra, que se tenga
que retirar a partir de la entrada en vigencia de la
reforma. En el primer caso, el Estado le retiene la
garantía de la concesión de U$S 20 millones y debe
pagarle el 85% de la inversión realizada. Si la
concesión cesa porque la reforma entró en vigor, los
20 millones de la garantía se los lleva la empresa y
el estado debe pagar la inversión no amortizada. La
CNDAV estima esta cifra de la inversión no amortizada
en 5 millones de dólares. Es decir que según la CNDAV
las indemnizaciones a las empresas que operan en
Maldonado rondarían los U$S 10 millones.
Por otra parte, luego de conocerse
posturas contradictorias a la interna del EP-FA-NM,
respecto al alcance de la reforma, la mesa política
del FA resolvió pedir al gobierno de Jorge Batlle que
no innove hasta el próximo 1º de marzo, para que sea
el nuevo gobierno el que se encargue de resolver
respecto al cese o la continuidad de las concesiones a
la luz de nuevos informes jurídicos que se solicitarán
a la Facultad de Derecho, y de la auditoría que se va
a hacer en OSE. El senador Enrique Rubio dijo que se
quiere respetar íntegramente el pronunciamento popular
pero que el gobierno se apuró en aplicar la nueva
norma constitucional, lo cual podría lesionar
intereses del Estado en el caso de indemnizar
incorrectamente, por ejemplo, a empresas que no
cumplieron con los contratos, como es el caso de
Uragua.
La mesa política también resolvió no
acompañar el proyecto de ley interpretativa del
Partido Nacional que establece la continuidad de las
concesiones. Como resultado de esta decisión, los
blancos optaron por dejar en suspenso esta iniciativa.
Virginia Matos
©
Rel-UITA
24 de noviembre de 2004
