La constatación,
por organismos del mismo gobierno, de que el
área deforestada de la Amazonía es mayor de lo
imaginado, hace salir a flote las
contradicciones del gabinete ministerial
nombrado por el presidente Lula. Como el
gobierno no tiene un proyecto de nación
-postergado en
función del proyecto electoral-, el gobierno es
un saco cuyos gatos no son todos pardos.
Hay quien defiende al Brasil, como la ministra del
Medio Ambiente, Marina Silva, y hay quien
prefiere proteger los intereses de la añeja
elite de los latifundistas, madereros y
empresarios del agronegocio, como el ministro de
Agricultura, Reinhold Stephanes.
En 2004 el gobierno de Planalto aprobó un Plan de
Acción para la Prevención y Control de la
Deforestación de la Amazonia Legal. Al año
siguiente la Casa Civil admitió que dicho plan
tenía más agujeros que las carreteras que
atraviesan la región amazónica. Proseguía la
deforestación a ritmo acelerado, sin que ninguna
iniciativa se tradujera en una efectiva
prohibición de la actividad depredadora de
ganaderos, mineros, siderurgias y cultivadores
de soja.
Entre 1990 y
2006 el área de cultivo de soja en la Amazonia
se expandió al ritmo promedio del 18 por ciento
anual. Y los rebaños se multiplicaron el 11 por
ciento anual.
Por desgracia, el gobierno está más preocupado por la
repercusión de la deforestación amazónica en el
exterior, que podría perjudicar las
exportaciones de granos, alcohol y carne, que de
la preservación de la selva, patrimonio de la
humanidad.
Los satélites del Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales (INPE) detectaron, entre
agosto y diciembre de 2007, la tala de 3.235 km2
de selva. Es importante recordar que los
satélites no contabilizan los incendios sino
sólo el corte de los árboles. Por tanto no se le
puede echar la culpa a la sequía del segundo
semestre de 2007.
Como los
satélites sólo captan cerca de un 40 por ciento
del área devastada, el mismo gobierno estima que
7.000 km2 han sido talados. Mato
Grosso es responsable del 53,7 por ciento de ese
estrago; Pará del 17,8 por ciento y Rondonia del
16 por ciento. Del total de emisiones de carbono
del Brasil el 70 por ciento procede de los
incendios en la Amazonia.
¿Quién resultará castigado? Todo indica que nadie. La bancada
ruralista en el Congreso cuenta con casi 200
parlamentarios, un tercio de los miembros de la
Cámara de los Diputados y del Senado. Y, estando
en año de elecciones, no hay ninguna señal de
que los gobiernos federal y estaduales pretendan
infligir cualquier castigo a los dueños de las
motosierras con poder de abatir árboles y elegir
($) candidatos. Con el ojo puesto en las
elecciones de 2010, el gobierno federal teme
castigar a la agroindustria, que recibe gruesos
subsidios de los bancos públicos y no cumple la
contrapartida de preservar el 80 por ciento del
área forestal.
|
Los
satélites detectaron, entre agosto y
diciembre de 2007, la tala de 3.235
km2 de selva. El gobierno
admite más de 7.000 |
Hasta 2030 el Brasil corre el riesgo de perder un 21
por ciento de su cubierta forestal, según datos
de la Universidad Federal de Minas Gerais y del
Instituto de Investigaciones Ambientales de la
Amazonía.
Si el ritmo actual de deforestación
prosiguiera, desaparecerán del mapa 670 mil km2
de selva, área equivalente a 22 Bélgicas.
Sería una pérdida inestimable de biodiversidad, aumentaría el
calentamiento global y se reducirían
considerablemente las lluvias entre el
Uruguay, al Sur, y la Florida, en
Estados Unidos.
La niña de los ojos del gobierno federal, el Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC), puede
transformarse en villano si de hecho se abren y
se pavimentan, en los años próximos, 14 mil kms
de carreteras en la Amazonia sin que haya un
control efectivo de la selva ni regularización
de la posesión de la tierra.
Según el Ministerio del Medio Ambiente, el gobierno está
dispuesto a negociar la reducción a menos del 80
por ciento de la reserva legal en las
propiedades rurales en el área de la selva. La
agroindustria presiona para que sea
“flexibilizada” la ley que manda que sólo un 20
por ciento del área de una hacienda pueda ser
deforestada. Según los productores, esta
limitación vuelve a los hacendados
económicamente inviables.
Si el gobierno de Lula quiere proteger la Amazonia
debe equipar inmediatamente al Ibama y al
Instituto Chico Mendes, hacer efectivo el
cobro de las multas ambientales, cortar los
créditos y subsidios, prohibir la exportación de
productos generados por empresas que devastan la
Amazonia y adoptan el trabajo esclavo, y
expropiar las tierras de los reincidentes en
beneficio de la reforma agraria.
En el otro extremo, les toca a los consumidores volver la
espalda a los productos ofrecidos por quien
promueve el ecocidio amazónico.
