Brasil

 

Amazonia devastada

 

 

La constatación, por organismos del mismo gobierno, de que el área deforestada de la Amazonía es mayor de lo imaginado, hace salir a flote las contradicciones del gabinete ministerial nombrado por el presidente Lula. Como el gobierno no tiene un proyecto de nación

-postergado en función del proyecto electoral-, el gobierno es un saco cuyos gatos no son todos pardos.

 

 

Hay quien defiende al Brasil, como la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, y hay quien prefiere proteger los intereses de la añeja elite de los latifundistas, madereros y empresarios del agronegocio, como el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes.

 

En 2004 el gobierno de Planalto aprobó un Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación de la Amazonia Legal. Al año siguiente la Casa Civil admitió que dicho plan tenía más agujeros que las carreteras que atraviesan la región amazónica. Proseguía la deforestación a ritmo acelerado, sin que ninguna iniciativa se tradujera en una efectiva prohibición de la actividad depredadora de ganaderos, mineros, siderurgias y cultivadores de soja.

 

Entre 1990 y 2006 el área de cultivo de soja en la Amazonia se expandió al ritmo promedio del 18 por ciento anual. Y los rebaños se multiplicaron el 11 por ciento anual.

 

Por desgracia, el gobierno está más preocupado por la repercusión de la deforestación amazónica en el exterior, que podría perjudicar las exportaciones de granos, alcohol y carne, que de la preservación de la selva, patrimonio de la humanidad.

 

Los satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) detectaron, entre agosto y diciembre de 2007, la tala de 3.235 km2 de selva. Es importante recordar que los satélites no contabilizan los incendios sino sólo el corte de los árboles. Por tanto no se le puede echar la culpa a la sequía del segundo semestre de 2007.

 

Como los satélites sólo captan cerca de un 40 por ciento del área devastada, el mismo gobierno estima que 7.000 km2 han sido talados. Mato Grosso es responsable del 53,7 por ciento de ese estrago; Pará del 17,8 por ciento y Rondonia del 16 por ciento. Del total de emisiones de carbono del Brasil el 70 por ciento procede de los incendios en la Amazonia.

 

¿Quién resultará castigado? Todo indica que nadie. La bancada ruralista en el Congreso cuenta con casi 200 parlamentarios, un tercio de los miembros de la Cámara de los Diputados y del Senado. Y, estando en año de elecciones, no hay ninguna señal de que los gobiernos federal y estaduales pretendan infligir cualquier castigo a los dueños de las motosierras con poder de abatir árboles y elegir ($) candidatos. Con el ojo puesto en las elecciones de 2010, el gobierno federal teme castigar a la agroindustria, que recibe gruesos subsidios de los bancos públicos y no cumple la contrapartida de preservar el 80 por ciento del área forestal.

Los satélites detectaron, entre agosto y diciembre de 2007, la tala de 3.235 km2 de selva. El gobierno admite más de 7.000

 

Hasta 2030 el Brasil corre el riesgo de perder un 21 por ciento de su cubierta forestal, según datos de la Universidad Federal de Minas Gerais y del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía. Si el ritmo actual de deforestación prosiguiera, desaparecerán del mapa 670 mil km2 de selva, área equivalente a 22 Bélgicas. Sería una pérdida inestimable de biodiversidad, aumentaría el calentamiento global y se reducirían considerablemente las lluvias entre el Uruguay, al Sur, y la Florida, en Estados Unidos.

 

La niña de los ojos del gobierno federal, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), puede transformarse en villano si de hecho se abren y se pavimentan, en los años próximos, 14 mil kms de carreteras en la Amazonia sin que haya un control efectivo de la selva ni regularización de la posesión de la tierra.

 

Según el Ministerio del Medio Ambiente, el gobierno está dispuesto a negociar la reducción a menos del 80 por ciento de la reserva legal en las propiedades rurales en el área de la selva. La agroindustria presiona para que sea “flexibilizada” la ley que manda que sólo un 20 por ciento del área de una hacienda pueda ser deforestada. Según los productores, esta limitación vuelve a los hacendados económicamente inviables.

 

Si el gobierno de Lula quiere proteger la Amazonia debe equipar inmediatamente al Ibama y al Instituto Chico Mendes, hacer efectivo el cobro de las multas ambientales, cortar los créditos y subsidios, prohibir la exportación de productos generados por empresas que devastan la Amazonia y adoptan el trabajo esclavo, y expropiar las tierras de los reincidentes en beneficio de la reforma agraria.

 

En el otro extremo, les toca a los consumidores volver la espalda a los productos ofrecidos por quien promueve el ecocidio amazónico.

 

  

Frei Betto

ADITAL - Noticias de América Latina y Caribe

21 de febrero de 2008

 

 

 

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