"Asia,
América Latina y la ribera del Pacífico: ese será casi
seguramente el rumbo que tomarán en la década actual las
industrias del cloro, tras haber sido 'desterradas' de
Europa y Estados Unidos por las continuas protestas de las
organizaciones ecologistas", decía un artículo de Kenny
Bruno y Jed Greer, titulado "La nueva amenaza tóxica",
(Revista del Sur Nº 23, agosto de 1993). Han transcurrido
doce años y no hay cómo desmentirlo.
Según
Bruno y Greer, la migración de industrias tóxicas cumplía
las siguientes etapas:
1a.)
desarrollo en el Norte industrializado;
2a.)
propagación hacia el Sur menos industrializado;
3a.)
decadencia en el Norte, en virtud de factores ambientales,
sanitarios y económicos; y
4a.)
permanencia en el Sur, donde, debido a la falta de
reglamentación o al incumplimiento de las normas vigentes,
provocan todavía más daños que en el Norte.
El cloro
se encuentra en la base de algunos de los productos más
tóxicos, persistentes y acumulativos en los organismos
vivos. La química del cloro combina el elemento cloro con
hidrocarbonos para formar una gran variedad de compuestos
químicos organoclorados. El gas de cloro fue uno de los
primeros tóxicos de los gases que atacan al sistema nervioso
del ser humano utilizado en las guerras (p.ej. Segunda
Guerra Mundial).
Los
plaguicidas DDT y pentaclorofenol, los PCBs, los CFCs que
agotan el ozono, el Agente Naranja, una variedad de
disolventes tóxicos como el tetracloroetileno y
percloroetileno, subproductos como las dioxinas y los
furanos, pertenecen a los organoclorados. Sus efectos
abarcan el cáncer, malformaciones de nacimiento, problemas
reproductivos, de desarrollo y neurológicos, falta de
inmunidad y daños a la piel, hígado, riñones y otros
órganos.
La
migración de la industria del cloro se encuentra hoy en
América Latina entre el final de la tercera etapa y la
consolidación de la cuarta etapa de expansión. En cuanto a
la producción de celulosa y papel, mientras las tecnologías
en Europa y Estados Unidos ya prescinden casi totalmente del
cloro, en el Sur se han instalado y siguen instalándose
plantas de 'alta tecnología' con procesos de blanqueo
basados en compuestos de cloro (p.ej. el ECF).
Frente a
las economías sedientas de América Latina, la industria de
la celulosa se presenta, con gran despliegue publicitario,
como portadora de grandes inversiones y las tecnologías más
avanzadas, que aseguran crecimiento y desarrollo social,
además de preocupación por el medio ambiente. Los gobiernos
locales, inscriptos en la camisa de fuerza del modelo
neoliberal, acogen alegremente la inversión y hablan de
'control'.
Inclusive en países como Chile, Argentina, Brasil y Uruguay,
en donde la derecha tradicional ha sido desplazada por
partidos o coaliciones de centro-izquierda, los nuevos
gobiernos no muestran intenciones de aplicar un modelo
económico alternativo y llegan a disputarse los
megaproyectos de las industrias forestales y de celulosa. En
medio de 'accidentes' e intentos no convincentes de
exigencia, las poblaciones afectadas resisten.
En Chile, el "juego de la mosqueta"
Las
autoridades chilenas acaban de permitir la reapertura de la
planta de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), ubicada en
la provincia de Valdivia, a unos 790 km al sur de Santiago.
La fábrica fue clausurada el 18 de enero pasado, al
constatarse numerosas irregularidades y en medio de
crecientes protestas ciudadanas por la mortandad masiva de
cisnes de cuello negro en el santuario del Río Cruces, 15
km. aguas abajo del vertedero de Celco.
La
planta comenzó a operar en febrero de 2004 y, poco después,
ambientalistas y vecinos de la zona empezaron a denunciar
que cientos de habitantes de las poblaciones cercanas de San
José de la Mariquina, Rucaco, Rayula y Ciruelos, padecían
problemas respiratorios, irritaciones en los ojos y dolores
de cabeza, entre otras afecciones, atribuidas a emisiones de
gases tóxicos de la planta, ya que ésta es el único elemento
nuevo en la zona.
En el
santuario, que hasta octubre pasado habitaban unos 6.000
cisnes de cuello negro, la mayor población de ellos en
América del Sur, hoy quedan menos de mil. Un estudio de la
Universidad Austral concluyó que la muerte de 120 cisnes y
la emigración de otros 4.000 se debe a los vertidos de Celco,
que provocaron la muerte de un microorganismo que les sirve
de alimento y el alto índice de hierro y parásitos
encontrado en sus organismos.
La
Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) condicionó la
reapertura al cierre de un caño que extraía agua de pozos no
autorizados, a la ejecución de un plan para no superar los
valores de producción permitidos, al control en línea de
diversos parámetros operativos, y a la contratación de
auditorias nacionales y extranjeras. Al mismo tiempo, fijó
un plazo de dos años para estudiar y construir una salida al
mar alternativa al actual vertedero.
Celco
deberá pagar una multa irrisoria de 10.000 dólares por dos
de siete incumplimientos entre octubre y diciembre de 2004.
La Corema aceptó sus descargos en los otros cinco.
Cuatro
de las cinco exigencias de la Corema son acciones de mediano
y largo plazo. "Los impactos ambientales quedarán en
evidencia en forma tardía, cuando resulten irreversibles”,
aseguró la Fundación Terram. Por otra parte, la decisión de
llevar la salida del vertedero al océano significa volver al
proyecto original de Celco, que debió ser descartado entre
1996 y 1998 debido a la firme resistencia y movilizaciones
de los pobladores de la costa.
"Si en
10 meses ocurrieron cambios significativos, qué esperamos
que suceda en 24 meses más", declaró el doctor Eduardo
Jaramillo, coordinador del estudio de la Universidad
Austral. Mientras tanto, desde Chile se informa que ha
corrido nuevamente el alerta en el lafquen Mapu (territorio
Mapuche de la costa) y sus comunidades, ya que ha
trascendido que Celco proyecta instalar el vertedero en los
límites costeros de la novena y décima región.
"La
empresa cumplió las sugerencias y ordenanzas de la Corema
regional”, fue la escueta declaración del ministro
Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal. Fuentes
locales indicaron que la decisión de la Corema permite que
Celco 'deje de perder' 1:000.000 de dólares en ventas y
250.000 dólares de utilidades por día inactivo. No hace
falta mucha imaginación para suponer cuál fue el factor que
pesó en la decisión de reapertura.
Uruguay, un nuevo socio en el club
La
implantación de dos grandes proyectos de fabricación de
celulosa en Uruguay, uno de la empresa española Ence y otro
de la finlandesa Botnia, se inscribe en la política
neocolonial de los últimos gobiernos de los partidos blanco
y colorado, que como antecedente lógico incluyó una ley
forestal que, a fuerza de subsidios y exenciones de
impuestos, abrió el país a la inversión extranjera en
plantaciones masivas de árboles para pulpa de papel.
En el
proyecto de Botnia, anunciado como la mayor inversión en la
historia del Uruguay, se ha demostrado que, de unos 1100
millones de dólares, se gastará en el país sólo un 20%, que
la concesión adicional de una zona franca y puerto libre
implica que el Estado no tendrá otros ingresos regulares y
que los 300 puestos prometidos no compensan los 2000 empleos
del turismo, pesca, apicultura y otras actividades que serán
afectados por la planta.
Esto sin
contar los muy probables perjuicios de las plantas sobre el
medio ambiente de la región circundante, situada en el tramo
medio del fronterizo Río Uruguay, y que abarca las
poblaciones vecinas del lado uruguayo y el argentino, en
particular las ciudades de Fray Bentos (23000 hab.) y
Gualeguaychú (65700 hab.). Hay que agregar también los
impactos propios de la forestación, que será incrementada
por la proximidad de las plantas.
Si
quisiera prever el futuro, el caso uruguayo se podría mirar
en el chileno. La tecnología de producción de celulosa es la
misma (ECF), aunque Botnia-Uruguay pretende producir el
doble de Celco. El ecosistema del Río Cruces, sin el
santuario, se asemeja bastante al del Río Uruguay, por su
rica y no menos frágil biodiversidad. Hasta un ejecutivo de
la poco creíble Celco, Ronald Beare, ha pasado a ser Gerente
General de Botnia-Uruguay.
En
contra del Uruguay corre, además, la menor experiencia y
capacidad de control frente a emprendimientos industriales
de este porte, si se lo compara con Chile, Argentina o
Brasil. El análisis hecho por la Dinama uruguaya del Informe
Ambiental Resumen (IAR) de Botnia llevó menos de un año,
contra seis años del estudio de la Conama chilena, y la
autorización tiene numerosas carencias, ya denunciadas por
técnicos independientes locales.
El
doctor e ingeniero químico Ignacio Stolkin, eminencia
académica y científica internacional, y otros colegas
uruguayos analizaron el IAR de Botnia y concluyeron que
carece de rigor y seriedad científica, es vago en sus
afirmaciones, tiene contradicciones internas y no expone
fuentes bibliográficas que permitan verificar sus
afirmaciones. Y recusaron más tarde la autorización de la
Dinama, que mal podía pretender controlar algo con esa base.
Botnia
dice, por ejemplo, que dioxinas y furanos no son detectables
en efluentes de plantas de ECF y no propone medirlos. La
Dinama no aceptó esa afirmación y exigió un límite de
emisión anual, que los recusantes estiman igual "altamente
peligroso". Para estos técnicos es imposible, asimismo, que
una firma como Botnia ignore la presencia de dioxinas en los
14 millones de metros cúbicos diarios de gases de
invernadero que emitirá la planta.
Sorprendentemente, el gobierno de izquierda presidido por el
Dr. Tabaré Vázquez, instalado el 1º de marzo pasado, asumió
como suyas las decisiones de su predecesor y ha pasado a
defender el proyecto con argumentaciones similares a las
utilizadas cincuenta años atrás y que, en particular,
contribuyeron a destruir el medio ambiente en Europa, razón
por la cual en esos países no se permiten hoy las
tecnologías del cloro y sus derivados.
"Marketing verde" y opinión pública
Desde el
primer paso en el país, las industrias forestal y de
celulosa realizan un despliegue de relaciones públicas y
publicidad sumamente agresivo y eficiente. Aparte de las
típicas tretas de seducción, como los regalos a la comunidad
('cuentas de colores') y los viajes para mostrar cómo hacen
las cosas en la metrópoli ('espejitos'), si se cree el
discurso oficial, no hay nadie más avanzado tecnológica,
social y ambientalmente que ellas.
En
Chile, la agrupación Acción por los Cisnes denunció una
"campaña de desinformación" de Celco. La empresa reparte
volantes, realiza visitas puerta a puerta y llama por
teléfono a los vecinos para decir que ellos cumplen las
normas, que las dioxinas no son una amenaza para la salud y
que la planta genera más de 10 mil empleos. "Datos y
argumentos que faltan seriamente a la verdad", afirmó
Claudia Sepúlveda, en nombre del grupo cívico.
En
Uruguay, la ofensiva publicitaria no ha sido menor. Y al
anunciar, en la última semana de mayo, el comienzo de la
fase de construcción de la planta en Fray Bentos, Botnia
reveló que ha contratado los servicios de Research Uruguay,
una empresa de encuestas de opinión. A la hora de tener que
hacer valer su punto de vista sobre la población, no les
faltan recursos económicos ni aportes 'científicos', incluso
de técnicos y profesionales locales.
Tan
sistemáticamente planificada la campaña por las empresas,
con respaldo del gobierno y de la prensa, puede llevarles
años a las comunidades afectadas y grupos ecologistas para
hacerse oír. En su sección financiera, el diario El Mercurio
de Chile los define como la "traba medioambiental" a la
inversión. Mientras la traba no traba... las ganancias son
enormes. Al final, la gente puede lograr echarlos, pero el
daño hecho suele ser irreversible.
Víctor L. Bacchetta
©
Rel-UITA
3 de junio de 2005
