El megaproyecto hidroeléctrico Río Grande de Matagalpa, conocido como Copalar, tiene el objetivo de generar hasta 980 MW mediante la construcción de tres represas (Copalar, Tumarín y Mojolka), en dos fases consecutivas. Para lograr esta capacidad, que representaría el doble del consumo actual de energía eléctrica de toda Nicaragua, ese proyecto se propone la inundación de aproximadamente 345 Km² en la confluencia de los límites de la Región Autónoma del Atlántico Sur, Atlántico Norte y los departamentos de Boaco y Matagalpa, afectando gravemente a la población de la zona y a los recursos naturales.

 

Ante al peligro de un desalojo forzoso, la población se ha organizado en el Movimiento Multisectorial contra la Represa hidroeléctrica Copalar, y ha tratado de incidir en la discusión que se está desarrollando a nivel nacional sobre el tema energético y de acceso al agua.

Los temores que genera la eventual realización de ese megaproyecto y la prisa de los diputados para aprobar antes de que termine la legislatura la cuestionada Ley General de Aguas Nacionales, están despertando mucha preocupación en el país, y sobre todo en muchas organizaciones de la sociedad civil. Ellas no esconden la sospecha de que, detrás de todos estos proyectos, existen grandes intereses económicos que involucran a todos los sectores políticos y empresariales del país con grandes capitales extranjeros.

 

Actualmente, una Comisión especial de la Asamblea Nacional emitió un dictamen favorable, el que le fue entregado a los 92 diputados para ser sometido al plenario. El dictamen refleja el contenido de la futura Ley Especial para el desarrollo del Sistema Hidroeléctrico Río Grande de Matagalpa. La Asamblea Nacional tendrá ahora que aprobar los mecanismos legales y parte de los requisitos y procedimientos que deberá cumplir el desarrollador del proyecto (Empresa Nicaragüense de Energía Renovable y Ambiental - Energía S.A.), para que se les otorgue la concesión, que tendrá una validez de 30 años. Según esta ley, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y los Consejos Regionales Autónomos de la RAAN y la RAAS serán las instancias que autorizarán la concesión, la cual será regulada por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE). La ley prevé también que la empresa desarrolladora del proyecto tendrá que indemnizar a las miles de personas que serán perjudicadas y reforestar los terrenos alrededor del proyecto.

 

Para abordar este tema, SIREL dialogó con Carlos Larios, presidente del Movimiento Multisectorial contra la Represa hidroeléctrica Copalar.

 

-¿Cuál es la envergadura real de este megaproyecto hidroeléctrico?

-El megaproyecto de 1.200 millones de dólares no va a afectar solamente a los grandes centros habitados, como por ejemplo Bocana de Paiwás, sino que tendrá muy fuertes consecuencias en cinco municipios ubicados sobre un área de 770 Km² y poblados por aproximadamente 40 mil personas. Todo ese territorio será inundado y la gente se verá obligada a desplazarse.

Es gente que tiene allí sus raíces, que está acostrumbrada a vivir en estas zonas donde han vivido sus antepasados, tienen sus actividades económicas, sus propiedades, su estilo de vida. Con este proyecto, además, todas estas propiedades van a ser declaradas de “utilidad pública”, por lo que serán expropiadas a cambio de magras indemnizaciones.

 

-¿Cómo está reaccionando la gente?

-Comenzamos a organizarnos hace años y hemos recurrido a diferentes instancias para dar a conocer nuestra oposición a ese megaproyecto. Actualmente estamos trabajando comunidad por comunidad. La gente está en contra de la represa. Existen ya 24 comisiones locales del Movimiento Multisectorial contra la Represa hidroeléctrica Copalar. Estamos luchando hombro con hombro y dispuestos a todo.

 

-¿La organización está activa en todos los municipios?

-En todos los municipios que directa e indirectamente van a ser afectados. Cuando en mayo pasado se introdujo el proyecto de la represa Copalar en la Asamblea Nacional, nos reunimos periódicamente con los diputados, pero sus discursos son siempre los mismos. Nos dicen que no hay de qué preocuparse, que van a mejorar nuestro nivel de vida, que nos van a construir escuelas, que nos van a mejorar las vías de comunicación... pero la verdad es que queremos seguir con nuestros medios de vida. Sabemos que sólo son promesas y que nos están diciendo mentiras.

Hemos visitado diferentes países de Centroamérica y de América del Sur, donde se han desarrollado megaproyectos como el de Copalar, y hemos constatado que en ningún caso se le cumplió a la gente desplazada.

-Prácticamente todas sus tierras y habitaciones quedarían bajo el agua.… 

-Así es, y estamos hablando de 770 Km². Esta era la extensión del proyecto inicial, pero cuando la gente se alarmó, dijeron que será de “sólo” 350 Km². Pero no les creemos. Están haciendo todo a escondidas del pueblo y debajo de la mesa. Cuando llegamos a la Asamblea Nacional nos ocultan informaciones y sólo nos dicen algunas cosas, como si tuviéramos que rogarles la información. Ya se los hemos dicho en reiteradas ocasiones: las tierras son de nostros, no están en venta, no vamos a ceder y no vamos a dar ni un paso atrás.

 

-¿De qué manera se están organizando?

-Próximamente estamos pensando llegar a Managua, frente a la Asamblea, con unas 6 mil personas, para que los diputados vean que efectivamente la comunidad entera se opone a esta represa. Estamos en contacto con diferentes organizaciones de America Latina que nos apoyan y que están dando a conocer en el mundo lo que está pasando acá. Son organizaciones que ya se han movilizado en sus países contra proyectos muy similares al de Copalar. Hay organizaciones de Brasil, de Honduras, de Mexico, de Chiapas, y a través de ellas hemos visto los resultados desastrosos de estas represas que hasta provocaron muertos. Frente a esta situación nos hemos movilizado para que no nos tomen desprevenidos, como pasó en otros países.

 

-El proyecto fue propuesto por la Empresa ENERGIA SA, con un 70 por ciento de capital extranjero y un 30 por ciento nacional, pero nunca se mencionan los nombres. ¿Ustedes están al tanto de quiénes son?

-Los principales inversionistas son extranjeros, pero hay una contraparte nacional que, supuestamente, va a invertir alrededor de 300 millones de dólares, y aquí están metidos todos los partidos políticos. Y los nombres se saben. Por el Frente Sandinista está Antenor Rosales, por el Partido Liberal está Juan Bautista Sacasa, por Agricorp está Amílcar Ybarra, también se menciona el nombre de Mario Rappaccioli¹, el Ejercito de Nicaragua también está como inversionista. Así que, como dice un refrán nicaragüense: estamos “como burro amarrado y tigres sueltos”.

 

-Con este proyecto se desataría una gran competencia entre los generadores de energía del país…

-Nicaragua tiene un defícit de aproximadamente 400 MW, y estas tres represas producirían hasta 950 MW. Sería suficiente una sola represa para solucionar el problema. Ellos, a costa del sacrificio de nuestras comunidades, lo que quieren es vender energía en el marco del Plan Puebla-Panamá, y esto es lucro personal, no es para beneficio del pueblo.

 

-¿Hasta qué punto la gente está dispuesta a defender sus propiedades?

-La verdad es que en el pasado todas estas zonas han sido escenarios bélicos. Aquí no hay ninguna ideología política, ningún credo religioso, pero estamos todos unidos, estamos juntos en una sola fuerza y dispuestos a defender nuestras tierras y nuestro patrimonio hasta las últimas consecuencias.

En Managua, Giorgio Trucchi © Rel-UITA 7 de diciembre de 2006