-¿Qué evaluación le merece la gestión ambiental durante estos primeros ocho meses de gobierno?

-Se han sucedido muchos claroscuros. Por un lado, el tono de la gestión es más flexible y abierto a la discusión. El ministerio instaló un espacio de discusión y consulta participativo (si bien al principio se opuso) y aprobó un nuevo reglamento de evaluación ambiental que ofrece varios elementos positivos. Pero si bien hubo una mejora, la evaluación ambiental sigue siendo estática y rígida: la empresa pide y los técnicos del gobierno responden, cuando debería ser un proceso de intercambio de informaciones y exigencias, incluyendo la participación de técnicos independientes y la sociedad civil.

En las áreas protegidas, el ministerio ha dado un paso positivo al convocar a una comisión asesora nacional. Pero se repiten las dificultades a la hora de pasar a la gestión concreta y efectiva, ya que el programa que está analizando poner en marcha un sistema de parques y reservas naturales sigue atascado en estudios de diagnóstico.

El diseño de una política nacional avanza en un mar de dudas. Hay metas claras de acción, pero por primera vez en la historia tenemos un subsecretario con un discurso antiambiental. En todas las anteriores administraciones las cuestiones ambientales quedaban en manos del subsecretario, y por lo general los discursos eran favorables aunque después poco y nada se avanzaba. Ahora nos enfrentamos a un subsecretario mediático y con declaraciones que atacan el tema ambiental en defensa de la economía.

-La gestión ambiental involucra además del ministerio respectivo a otros, como Ganadería, Salud, Industria y Economía. ¿Se avanzó en esa articulación?

-Se ha difundido el mito de que toda la gestión ambiental está en manos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), cuando en realidad otros ministerios también tienen un enorme peso en esta área. Por ejemplo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) está muy rezagado en varios planos y carece de los procedimientos de información y participación con los que cuenta el MVOTMA. El MGAP recibirá un préstamo precisamente en el área ambiental: unos 37 millones de dólares provenientes del Banco Mundial y del Fondo Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas para la conservación de los recursos naturales. Un proyecto plagado de problemas por una incorporación inadecuada de los temas ambientales y escasa participación.

En todos estos ministerios hay contradicciones, y creo que eso no sólo se debe a las limitaciones para incorporar la dimensión ecológica sino a la ausencia de una estrategia de desarrollo nacional.

-Usted sostiene que el desarrollo económico no tiene por qué estar reñido con la protección del ambiente. Esta concepción, ¿está incorporada en los gobernantes más allá del discurso?

-No. En ese terreno tenemos un problema muy serio. Mientras la economía moderna incorpora costos y beneficios ambientales, en este gobierno prevalece una visión ortodoxa y anticuada que concibe que primero debemos promover el crecimiento económico y después vendrán las medidas de protección ambiental. Se razona que el país sigue inmerso en una crisis, y por eso lo primero es lograr inversiones y exportar. Pero en realidad la conservación ambiental es una condición para un desarrollo genuino. Además, la falta de cuidado ambiental siempre genera un costo que también es económico y que usualmente se transfiere al resto de la sociedad.

Esto a su vez está relacionado con las incertidumbres sobre las posibles estrategias de desarrollo del país, una discusión que casi no existe. Tenemos una estrategia financiera, lo que podríamos llamar una “contabilidad”, pero carecemos de horizontes claros para el desarrollo productivo.

Uno de los mejores ejemplos de vinculación positiva entre metas ambientales y económicas es la producción de carne orgánica. Uruguay tiene más de 700 mil hectáreas certificadas bajo ese sistema, donde hay un circuito económico exitoso que está en marcha con frigoríficos que exportan el producto. A pesar de todo eso, la documentación disponible sobre conservación de recursos naturales del programa del MGAP ignora este enorme rubro, y por lo tanto se pierde la oportunidad de promover la producción orgánica.

-¿En qué medida es practicable este equilibrio cuando hay fuertes intereses políticos y económicos en juego?

-En América Latina esto ha sido muy difícil. La necesidad de lograr fuertes superávit fiscales junto al pago de la deuda externa, y las debilidades de la inversión interna, hacen que los países caigan en estrategias basadas en la exportación de materias primas, lo que en realidad es exportar la naturaleza. Lamentablemente Uruguay está siguiendo el mismo camino, y en lugar de fortalecer el sector exportador agropecuario que permite generar empleo y valor agregado por medio de un cierto tipo de industrialización (como puede ser el sector agroalimentario), está dando un paso atrás para exportar pulpa de papel con un enorme riesgo ambiental, lo que a su vez genera menos empleo y valor agregado. En este contexto las presiones económicas y políticas contra los temas ambientales son enormes.

La experiencia de los países desarrollados en algunos sectores es similar, pero en otros rubros camina en dirección contraria, incorporando una “calidad ambiental” a la producción. Alemania está apostando a expandir la agroecología y el gobierno de Nueva Zelanda apoya la carne ovina orgánica. Nosotros no parecemos aprender de esos ejemplos.

-Históricamente las ONG han sido una piedra en el zapato para los gobiernos blancos y colorados. ¿Qué rol están jugando actualmente?

-La mayor parte de las ONG ambientalistas viene observando con preocupación las dificultades para pasar a las acciones concretas, como las incertidumbres sobre las estrategias. Pero además tememos un fenómeno que también se ha dado bajo el gobierno de Lula: se cuenta con las instancias de participación pero no se logra afectar las acciones concretas del gobierno, mientras que el área ambiental se debilita frente a la presión que ejercen otros ministerios como el de Economía. Muchos militantes regresan a las ONG cuando la izquierda se desentiende de la temática ambiental, como sucedió en Inglaterra y ahora está ocurriendo en Brasil.

El Estado muestra una débil capacidad para velar por la calidad del ambiente, que es un bien común. Actualmente, con el tema de las papeleras, se ofrece la imagen de un gobierno muy ágil y enérgico en defender las inversiones, pero más lento en asegurar medidas ambientales. Frente a esto es necesario comenzar a pensar en un ombudsman ambiental, o bien un contralor independiente que pueda evaluar no sólo a los privados sino también la eficiencia de las reparticiones estatales para cumplir nuestra normativa ambiental.

-¿Cómo ha manejado el gobierno el conflicto con Argentina por la instalación de las plantas de celulosa?

-No estoy conforme. El MVOTMA y en especial el subsecretario (Jaime) Igorra han insistido en que las plantas no tienen impactos ambientales. Eso es un error conceptual enorme, y hasta las propias empresas admiten que hay impactos en el ambiente y por esa razón proponen medidas de control y mitigación. Pero además nuestro gobierno debería aprovechar esta discusión para promover un protocolo ambiental en el seno del MERCOSUR. Justamente Uruguay es el que más tiene para ganar con un acuerdo regional ya que sufre impactos ambientales no sólo desde Argentina sino también desde Brasil. Tenemos la oportunidad en esta materia de liderar a nivel internacional y dentro del MERCOSUR y la estamos desaprovechando.

Virginia Matos

Convenio Brecha/Rel-UITA

        22 de Noviembre de 2005 

*Eduardo Gudynas es ecólogo social, director del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) y secretario de la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas. Actualmente está coordinando el próximo reporte sobre el estado del ambiente en América Latina y el Caribe para las Naciones Unidas.