Los
ambientalistas uruguayos no cortan puentes, como los
entrerrianos, ni realizan acciones espectaculares,
como los de Greenpeace. Pero siguen movilizados
contra la construcción de las plantas de celulosa.
BRECHA entrevistó a la socióloga María Selva Ortiz,
coordinadora de campañas de Redes y representante de
esta organización ante Guayubira.*
El debate sobre la cuestión ambiental fue desplazado de la
atención pública por el conflicto político con
Argentina, y el clima generado por este
enfrentamiento ha ido restando a los ecologistas
uruguayos tribunas donde expresar sus opiniones. En
cambio, cuentan con el respaldo de organizaciones
ambientalistas internacionales y, en especial, de
las que tienen su sede en Europa –Finlandia y
España, en primer término–, que han manifestado su
rechazo a que empresas de esos países trasladen al
Tercer Mundo sus plantas de celulosa, la etapa más
contaminante del proceso de fabricación de papel.
Ortiz dijo a BRECHA que los ecologistas uruguayos han
preferido abstenerse de participar en el debate
binacional porque creen que la discusión fundamental
es sobre el modelo de país que debe tener Uruguay.
Les preocupa que no existan espacios para esa
discusión y que el Frente Amplio, que mientras fue
oposición se opuso al modelo forestal, una vez en el
gobierno, en lugar de buscar alternativas, se
inclinó por ese modelo impulsado en los últimos
veinte años por los colorados y los blancos con el
aval del FMI y el Banco Mundial (BM). Añadió que es
en aplicación de ese modelo que las grandes empresas
trasnacionales vienen a instalarse a Uruguay, en
zonas francas, para explotar nuestro suelo, nuestra
tierra, nuestra agua, nuestra gente. “Hacen aquí la
parte más contaminante del proceso forestal, y el
valor, que es la fabricación del papel, lo agregan
en los países de origen. Vienen porque tenemos mucha
agua, hay suelos baratos y los eucaliptos crecen más
rápido que en el Norte y además son más altos. Pero
para que suceda todo eso, el suelo se agota –después
ya no sirve para nada– y el agua desaparece, no sólo
de las tierras forestadas sino de sus inmediaciones.
Vienen, además, porque acá se les permite instalarse
en zonas francas, y no pagan impuestos. Los pagan
recién en Finlandia y en España, cuando reciben la
pasta de celulosa y la transforman en papel. No hay
ninguna otra industria en Uruguay que tenga esos
privilegios. Los ganaderos –grandes y chicos– pagan
impuestos, los frigoríficos también, la exportación
de carne ídem. En cambio, en la forestación no paga
ni el productor individual ni la megaempresa, que ha
concentrado la producción y extranjerizado la
tierra. Se eliminaron los subsidios que hubo al
principio, pero quedan los indirectos, no sólo
porque no hay impuestos sino porque hay una enorme
externalización de costos que absorbe el Estado,
como el mantenimiento de las carreteras y del
ferrocarril. En materia de empleo, es muy poco lo
que aporta la forestación: 4,41 trabajadores cada
mil hectáreas, contra 5,84 en la ganadería o 135 en
la vitivinicultura.”
Según Ortiz, no es correcto alegar, en defensa de las plantas
de celulosa, que utilizarán la misma tecnología que
la Unión Europea aceptará a partir del año próximo.
Hay una diferencia sustancial que tiene que ver con
la dimensión de los emprendimientos: en Uruguay se
construirán megaplantas que producirán, cada una, un
millón de toneladas de celulosa por año. Pero en
Europa no hay una sola planta de ese tamaño. A su
vez se suele invocar el ejemplo de la planta de
Stendhal, en Alemania, que utiliza también la
tecnología libre de cloro elemental (ECF). Lo que no
se dice, aseguró, es que esa planta puede emplear
también la tecnología totalmente libre de cloro (TCF):
usan una u otra según los requerimientos del momento
y están preparados para la que sea más conveniente
en el futuro. Porque otro aspecto que se suele
omitir, agregó, es que Uruguay se está casando por
40 o 50 años con una tecnología que ya se sabe que
va a contaminar. Además la planta de Stendhal
produce 550 mil toneladas anuales de celulosa, poco
más de la mitad de lo que producirá Botnia. “Tampoco
se menciona que el costo de construcción fue un 30
por ciento más elevado que el de Botnia y eso se
debe, entre otros factores, a que cuenta con un
circuito cerrado de agua. Las autoridades aseguran
que si hay contaminación las plantas serán
clausuradas. ¿Pero qué garantías hay de que vayan a
actuar de ese modo quienes estén al frente del
ministerio o de la Dinama dentro de 20 o 30 años?
¿Cómo podemos estar seguros de que esas medidas se
tomarán cuando una de las empresas ni siquiera
aceptó detener la construcción durante un par de
meses?”
La coordinadora de Redes añadió a su lista lo que considera
otra falacia de los defensores del modelo forestal:
algo hay que hacer con lo que ya se plantó. Usemos
esa madera para paliar el déficit energético,
propuso, y recordó que la madera ocupó, en la década
del 80, el segundo lugar en nuestra matriz
energética. “No es nada estrafalario pensar que
pueda volver a usarse con ese fin.”
Ortiz señaló una particularidad del caso uruguayo. Recordó
que tanto en Chile como en Brasil el modelo de
producción de celulosa, que ahora se está
implantando en Uruguay, se introdujo durante las
dictaduras militares y que por eso la gente no tenía
cómo protestar. En cambio en Uruguay todo ocurrió
durante gobiernos democráticos. Hasta ahora se
autorizó la construcción de las dos plantas de Fray
Bentos, pero durante el gobierno anterior se anunció
que podrían ser siete y hoy también se habla de ese
número.
Ortiz dijo además que el hecho de que los ecologistas se
hayan quedado sin ámbitos donde expresarse se debe,
sobre todo, al clima creado a raíz del
enfrentamiento con Argentina, que ha hecho que se
los acuse de estar contra el progreso y aun contra
la patria, de no preocuparse por la gente y el
empleo, de defender únicamente los pajaritos y las
ballenas blancas... La intención, sostuvo, parecería
ser descalificar el trabajo de los ambientalistas,
en lugar de responder a sus argumentos.
Guillermo Waksman
Convenio Brecha / Rel-UITA
27
de abril de 2006
* La Red de
Ecología Social (Redes) es una organización uruguaya
que integra Amigos de la Tierra, una federación
internacional de grupos independientes con sede en
64 países. En Uruguay Redes forma parte de Guayubira,
un grupo fundado en 1997 en defensa del monte
indígena y contra los monocultivos forestales.
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