Debatirse entre un presente de escasez y un futuro
prometido, apostando al esfuerzo propio pero dependiendo
mucho de la buena voluntad y los apoyos externos, algo muy
difícil en los tiempos que corren, es el desafío asumido por
la ingeniera Alicia Torres, directora de la Dirección
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), dependiente del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente.
Torres es ingeniera agrónoma y profesora de geografía,
egresada del Instituto de Profesores Artigas. Antes de
asumir la dirección de la DINAMA,
en marzo, se desempeñó en la docencia, en la Facultad de
Agronomía y en enseñanza secundaria, y como encargada de
educación ambiental en Probides, el programa de conservación
de la biodiversidad y desarrollo sustentable de los
humedales del
Este.
-Vamos a
partir de la decisión política existente hoy, que supone la
instalación de dos plantas de celulosa en las cercanías de
Fray Bentos. ¿Considera que la DINAMA está en condiciones de
efectuar el control ambiental de plantas industriales de
este tipo?
-Sí. Ahí tenemos tres temas distintos: la DINAMA actual; el
proceso de instalación de esas dos empresas; y cómo yo veo
el futuro del funcionamiento de las empresas en el escenario
nacional.
De la DINAMA actual, nuestro diagnóstico de este ministerio,
como se ha hecho de otros, es que encontramos un Estado que
muchas veces ha ido reduciendo su capacidad de operación y
gestión en el territorio. Y también de unos ministerios –que
sintieron también la crisis económica del país– que dejaron
muchas veces de tener funcionarios técnicos ejerciendo a
pleno las tareas de inspección, saliendo al Interior o
estableciendo unidades ejecutoras en el Interior. Nuestro
ministerio está mayormente concentrado en Montevideo y tiene
algunos funcionarios en el Interior.
En cuanto al proceso de desarrollar una política de control
ambiental, al que se suman en el escenario estas dos
industrias, nosotros por un lado tenemos la estrategia de
trabajar asociados. DINAMA cuenta con un laboratorio de
buena capacidad técnica y equipamiento pero que debe ser
potencializado y, a la vez, articulado con otra serie de
laboratorios de buen nivel existentes en el país. Tenemos el
LATU, la Universidad de la República, la Facultad de
Química, la Intendencia de Montevideo. También la
Intendencia de Fray Bentos va a tener uno. Lo primero que
estamos construyendo es una red de laboratorios, viendo cuál
es la especificidad de cada uno y qué potencial tiene para
el análisis de determinados parámetros, buscando la
complementariedad, no la duplicación, funcionando
articulados. Una de nuestras observaciones de diagnóstico de
la situación pasada es que se tendía a reproducir todo en
cada institución, lo que era inconducente, porque nunca
alcanzan los recursos para tenerlo todo. También constatamos
competencia entre los laboratorios. Creo que la Universidad
tiene muy buen equipo técnico, y el LATU mucha experiencia
de trabajo.
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SOBRE
LAS "MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES"
Las disposiciones ambientales de la
Unión Europea establecen, a partir de 2007, la
prohibición del blanqueo por medio del cloro
elemental, aceptándose la tecnología ECF (elemental
chlorine free, libre de cloro elemental, que usa un
compuesto de cloro, el dióxido, en esa parte del
proceso) o mejores.
Pero mientras las autoridades
uruguayas y las empresas involucradas han dicho que no
habrá contaminación o que será controlada y
despreciable, debería decirse que la tecnología ECF es
contaminante y que lo que se hace son esfuerzos para
limitarla en cierta medida. Para dar una evidencia de
esta afirmación, una cita: “El uso de cloro elemental
para el blanqueo no se recomienda. Sólo los procesos
ECF son aceptables y, desde una perspectiva ambiental,
los tcf son preferidos” (Manual de prevención y
abatimiento de la contaminación, Banco Mundial, 1998).
En Estados Unidos el dióxido de cloro
está clasificado por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, en inglés) como un gas de riesgo agudo
y altamente explosivo. El Ministerio de Transporte
prohíbe el transporte de dióxido de cloro sin procesar
y exige que sea producido en las propias plantas que
lo usan como componente.
El proceso de blanqueo tcf (totally
chlorine free, totalmente libre de cloro), como el
nombre lo dice, ha eliminado completamente el cloro y
sus compuestos, y al suprimir este componente de
riesgo elimina los problemas de control del proceso
ECF que, a pesar de estos controles, no puede evitar
la ocurrencia de “accidentes”.
Las pruebas están a la vista. La
planta de ENCE en Pontevedra, España, aplica ECF, y
debido a los impactos registrados enfrenta diversos
procesos judiciales y protestas de la población. Los
problemas de la Planta Valdivia de la empresa Celco-Arauco
en Chile, que llevaron a su actual cierre, también han
sido con la tecnología ECF.
El sistema tcf utiliza blanqueadores a
base de oxígeno, tipo peróxido de hidrógeno (agua
oxigenada), ozono y oxígeno gaseoso, una tecnología
que ha demostrado ser eficiente, posible y
económicamente conveniente. Finlandia se precia de
haber construido la primera planta con tcf, pero sigue
usando el ECF.
Si es claro que existen tecnologías
mejores que la ECF, ¿por qué se la sigue usando? Por
la misma razón que se siguen usando combustibles
fósiles en lugar de fuentes de energía limpia, a pesar
de saberse los impactos nocivos de los primeros sobre
el planeta. Porque a los inversores les sale más
barato y ganan más.
Aunque se use hoy por hoy la ECF, la
diferencia entre Europa y Uruguay es que la primera
viene investigando y discutiendo este asunto desde
hace mucho tiempo y ha adoptado un proceso de
eliminación progresiva de la contaminación. En Uruguay
parece que para industrializarnos debemos seguirle el
paso a Europa.
Mientras que en Europa existe un
complejo proceso de inspección y control ambiental,
logrado a través de arduas negociaciones y acuerdos
entre las empresas y los gobiernos, en Uruguay no hay
nada de esto hasta el presente. El traslado de estas
industrias al Sur incluye este desfasaje en las
ventajas comparativas.
“La creciente fortaleza y confianza de
los productores latinoamericanos fue demostrada
adicionalmente por el ritmo creciente de las nuevas
inversiones en la región, que casi doblaron el índice
de depreciación y el índice de inversión de la
industria como un todo”, se señalaba en el informe “La
industria global de madera y papel”, elaborado por la
consultora Price Waterhouse Cooper en 2004. |
-En el caso
de las plantas de celulosa no existe experiencia en el país,
es bastante más complejo que lo visto hasta ahora y de una
envergadura muy grande, incluso dentro de la realidad
internacional. Para Uruguay es inmenso.
-Sin duda tenemos mucho que aprender. Lo que nos damos en
este proceso son plazos. A través del Ministerio de Medio
Ambiente de Finlandia conseguimos la cooperación de quienes
trabajan en la evaluación ambiental de las empresas de la
industria forestal. Van a venir dos técnicos finlandeses a
colaborar con nosotros en el diseño de esos controles,
cuáles son, dónde se aplican, qué tipo de instrumental. A la
vez, nuestros técnicos están haciendo una revisión
bibliográfica, consiguiendo precios, estándares...
-¿Es un apoyo
para crear una capacidad de control independiente?
-Sí, sí, es del ministerio de Finlandia al ministerio de
Uruguay, para generar nuestra capacidad técnica. A la vez se
le va a exigir a las empresas que hagan sus propios
controles. Deben realizar el control de sus parámetros
ambientales, del tipo de trabajo, de afectación a los
trabajadores, etcétera. Además tiene que haber un control
independiente y de laboratorios acreditados. Podemos no
hacerlo nosotros, pero el laboratorio que lo haga para
nosotros tendrá que ser un laboratorio acreditado.
-La
resolución de la DINAMA en vigor asume que se producirán
impactos sobre el medio antrópico, tales como ruidos, olores
molestos, afectación de las actividades turísticas,
pesqueras y recreativas de la zona inmediata a Fray Bentos,
y exige la presentación de un plan de mitigación y
compensación. ¿Cuáles serían a su criterio medidas
compensatorias para estos impactos?
-Lo que se estudió es el tema de la calidad del agua. En ese
sentido, no veíamos que hubiera afectación para el área
turística de Las Cañas. Se hizo un modelo y se evaluó ese
impacto. Con respecto a olores...
-¿Ese es un
estudio de la DINAMA?
-No, lo hace la empresa, es parte de lo que se le pide de
manera de demostrar cuál es justamente la afectación que
realiza. Ahí hay toda una metodología científica, que la
llevaron a cabo incluso técnicos de este país.
-Este es
justamente un tema delicado. Por ejemplo, en el caso
chileno, con la Planta Valdivia de Celco, fueron seis años
de va y viene de pedidos, estudios, antes de que las
autoridades aprobaran el proyecto. Aun así, en pocos meses
de operación se verificaron impactos que condujeron a la
crisis actual con la planta cerrada.
-Claro, porque hay varias etapas. Una es cómo se diseña el
proyecto en los papeles, otra es cómo eso se pone en la
realidad. Si uno es muy exigente y riguroso en el diseño, en
los papeles, pero luego no va a ver lo que pasa en la
realidad, que en lugar de pasar por la planta de tratamiento
el caño va directo, porque sin duda es más barato para la
empresa... Entonces, uno no sólo tiene que analizar en
profundidad los papeles sino que debe estar a la vez atento
a la instalación de la planta para ver que en la obra no
aparezca nada raro. Hay que hacer el seguimiento para
comprobar que se esté cumpliendo con todo lo que se aprobó
en el plan de gestión.
-En una
conferencia pública, la empresa Botnia anunció que tenía un
proyecto de instalación de una “isla química” y que estaba
en conversaciones con el gobierno para su aprobación. ¿Este
es otro emprendimiento aparte?
-La planta que se analizó es la que produce celulosa. Ese
proceso utiliza determinados insumos, y estos insumos
conviene que sean producidos en el entorno de esas plantas.
Tanto Botnia como la española ENCE, cuyos proyectos están
situados en un terreno mayor, han planteado que,
posiblemente asociadas, instalen otras industrias, dentro
del terreno o fuera. Dentro del predio hay que estudiarlo
como emprendimiento nuevo y, a la vez, ellos son
responsables de todo lo que funciona en ese predio. Ahora
también nos han llegado otros proyectos, con propuestas de
instalarse en otros lugares y abastecer. En todos esos casos
habrá que hacer un estudio específico.
-¿Las
emanaciones de mal olor son sólo molestas o dañan también a
la salud?
-Las emanaciones tienen que estar dentro de lo que se ha
establecido como parámetros de calidad exigibles en Uruguay.
Tendrán que poner lo necesario para evitar que las emisiones
se excedan. El olor puede ocurrir en determinados períodos,
por eso pienso que la afectación es más que nada por ese
aspecto de la incomodidad.
-Con respecto
a la emisión de dioxinas y furanos, hay una diferencia entre
el informe de Botnia, que no las menciona, y la resolución
de la DINAMA, que las incluye. Por otra parte, es sabido que
en Finlandia no se hace este control. ¿Qué piensa hacer la
DINAMA para resolver este aspecto?
-Dioxinas y furanos (COP) podemos tener por los dos lados.
Por el lado del agua, uno de los problemas en la industria
papelera en las décadas del 70 y el 80 fue que el blanqueo
con cloro elemental generaba altos índices de COP. Esto en
el blanqueo con dióxido de cloro (sistema ECF) ha sido
modificado drásticamente y no es esperable en las emisiones
al agua. El factor que tienen estas industrias, como todas
las del país, incluso las panaderías, es la emisión de COP
al aire por combustión. Ahí, justamente, el país tiene que
empezar a caminar. Los técnicos tienen que capacitarse,
debemos saber qué es lo que nos interesa medir y dónde.
-Pero este
caso tiene una importancia muy grande por la magnitud de los
dos emprendimientos.
-Se les pusieron condiciones de emisión de dioxinas y
furanos.
-¿Existe una
definición o documento sobre cómo las empresas se harán
cargo del pago del costo de esos controles que hará el
Estado? El ministro y otras autoridades han reiterado que
las empresas van a pagar lo que al Estado uruguayo le cueste
el control.
-Por un lado puede ser la empresa, por otro lado nosotros
también apostamos a la cooperación internacional.
-Son aspectos
bastante costosos.
-Sí, pero es una inversión que se debe el país, más allá de
las empresas. Primero, el país tiene bajas emisiones, porque
comparativamente sufrió un desdesarrollo, una
desindustrialización, en la que pasamos a los mínimos,
mínimos. Nos tenemos que dar un nivel de tolerancia. Si va a
haber desarrollo industrial, vamos a tener que aceptar un
determinado nivel de emisión de COP y buscar controlar
aquellas emisiones no controladas, como las quemas de
campos, mejorar las prácticas, etcétera.
-La pregunta
precisa –más allá de la política general– es si hay algún
compromiso de las empresas o con las empresas respecto del
financiamiento de las actividades que se le planteen al
Estado uruguayo para controlar su actividad.
-Han manifestado su voluntad de colaborar, no hemos llegado
al plano de la discusión de en qué, cómo y cuándo. Pero, a
la vez, nosotros sabemos que eso tenemos que solucionarlo
porque es una necesidad para todo el país. Estamos viendo
qué cosas pueden venir vía el apoyo de la empresa. Otras
pueden venir por la cooperación, como esta asistencia
técnica de Finlandia. Y estamos elaborando otros proyectos
para mejorar el desempeño del país en este aspecto.
Entonces, además de un desafío, es una oportunidad que tiene
el país para asumir este tema en su conjunto.
-No existe un
modelo de mejores tecnologías disponibles (MTD) para plantas
de celulosa, ni una combinación de MTD aplicable por igual
en Europa y en Uruguay. La práctica es decidir en cada caso,
dependiendo de la escala del proyecto, las MTD de cada
proceso y el ambiente local. ¿Cómo se hará en este caso?
-Eso está puesto como condición. Luego viene la etapa de los
planes de gestión. En el caso de Botnia, ahora estamos con
el plan de gestión de la obra, luego entrará el plan de la
operativa de la fábrica. En este plan vamos a firmar el
acuerdo, técnica por técnica, de cuáles son las disponibles,
cuáles son las más actualizadas, qué mejoras hacen en los
procesos. Lo veremos entonces en esta etapa de discusión.
-¿La DINAMA
tiene o ha encomendado un estudio de impacto ambiental que
incluya los efectos del funcionamiento de las dos plantas,
ENCE y Botnia, juntas?
-La propuesta de ENCE entró cuando no se sabía de la
intención de Botnia. Cuando entra la propuesta de Botnia, en
algunos parámetros se le exigió que cumpliera ciertos
niveles teniendo en cuenta las emisiones de ENCE. En la
actualidad, avanzó más el emprendimiento de Botnia que el de
ENCE, entonces en los planes de gestión podemos hacer rever
alguna de esas cuestiones. De todos modos, supimos también
que el Banco Mundial estaría pidiéndoles, dentro de la
revisión que hace para conceder los préstamos, evaluaciones
ambientales cruzadas. Le dijimos al Banco Mundial que nos
interesa disponer de esa información, porque nos salva así
ese desfasaje entre las propuestas.
-La toma de
agua de ose para la ciudad de Fray Bentos, que se estima
debería trasladarse hacia el norte de la planta, ¿quién la
resuelve y quién la financia?
-Si hay cambio de la toma, la empresa se comprometió con ose
a financiarlo. Esto lo estamos discutiendo con el directorio
de ose.
-¿No está
decidido aún?
-Creo que con respecto a la toma sí, lo que estaba en
discusión era con respecto al saneamiento. La posibilidad de
hacer el saneamiento asociado a esa obra.
-La DINAMA no
había aceptado hasta ahora esta opción, porque al mezclar
las aguas servidas de Fray Bentos con las de la planta se
confundía el origen del efluente.
-Sí, pero en términos de calidad ambiental, el dar una
solución a este tema mejora la calidad del río Uruguay en
todos los aspectos. El problema es la dependencia que genera
con la planta y esto todavía se está analizando en el
equipo.
Víctor L.
Bacchetta
Convenio
Brecha-Rel-UITA
Viernes 29 de
Julio de 2005
