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Costa de Marfil

La muerte ambulante

 

El tráfico ilegal de desechos tóxicos desde los países ricos a los pobres continúa dejando un tendal de víctimas y de severas consecuencias ambientales. Empresas transnacionales que lo practican intentan a toda costa deslindar responsabilidades. A veces no tienen más remedio que asumirlas.

 

Los mil euros por cabeza que la transnacional holandesa Trafigura aceptó este septiembre pagar a 31 mil habitantes de Costa de Marfil que la demandaron por el derrame de 528 toneladas de desechos tóxicos, en 2006, parecen de risa vistos los daños causados, pero son una confesión de parte.

 

La solución llegó tras  negociaciones entre los representantes de la compañía con sede en Inglaterra y los abogados de las víctimas, y pocas semanas antes de que el caso comenzara a ser tratado por la Alta Corte de Londres. Y llega sobre todo luego que se conocieran detalles del episodio.

 

Trafigura es una de las principales empresas del mundo en transporte  de hidrocarburos y metales. Tres años atrás, en julio de 2006, 528 toneladas de desechos tóxicos que transportaba el barco de bandera panameña Probo Koala, alquilado por la firma europea, fueron abandonados al aire libre en varios puntos de Abiyán, la capital de Costa de Marfil. Al menos 15 personas murieron y cerca de 108 mil debieron asistirse en centros médicos locales por intoxicaciones de diverso grado, quemaduras, vómitos de sangre luego de haber entrado en contacto con las sustancias.

 

En febrero de 2007 la trasnacional pactó con el gobierno de Costa de Marfil pagar algo más de 152 millones de euros por concepto de indemnizaciones por el vertido del material tóxico. Pero no asumió responsabilidad alguna por las lesiones causadas a seres humanos. “A lo sumo puede haberse producido alguna gripe”, minimizó uno de sus ejecutivos. Y esa versión fue mantenida por la firma hasta hace muy poco.

 

Los 33 millones de euros que aceptó dar ahora a quienes la denunciaron ante tribunales británicos fueron según los directivos de Trafigura “un gesto de buena voluntad”, ya que “nada prueba que haya habido relación de causa efecto” entre el accidente de 2006 y el fallecimiento de personas.

 

Pero no fueron esas las conclusiones a las que llegó Okechukwu Ibeanu, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las consecuencias del transporte y derrame de desechos y productos tóxicos. Ibeanu viajó varias veces tanto a Holanda como a Costa de Marfil. “No conocemos, y tal vez nunca sepamos a ciencia cierta, los efectos del derrame de más de toneladas de productos tóxicos en Costa de Marfil, pero ya a simple vista parece haber pruebas suficientes de que las muertes y las consecuencias sanitarias que padecieron marfileños están ligadas al desastre del barco Probo Koala”, dijo el experto.

 

Las cosas comenzaron a complicarse demasiado para Trafigura luego que se conoció la correspondencia interna de la trasnacional en aquellos años. Se supo, por ejemplo, que el director de Trafigura Claude Dauphin,  estaba al tanto del alto nivel de toxicidad de la carga que transportaba el Probo Koala, una mezcla resultante del refinado (ilegal) de gasolinas en alta mar. "No reveles ni repitas a nadie que llevas esa carga a bordo. Di simplemente que se trata de aguas del lavado de los tanques", exhortaron en abril de 2006 al capitán del cargo los ejecutivos de la firma. Los barriles, ahora se sabe, contenían una combinación de soda cáustica, gasolina y sulfuro de mercaptano, producto del proceso de depuración de un tipo de gasolina sin refinar que Trafigura compró a la mexicana Pemex. Ese proceso de depuración, realizado a bordo del barco a muy bajo costo, genera residuos peligrosos y por ello muchos países lo han prohibido.

 

Ya en 2006 la asociación ecologista Greenpeace alertaba sobre la composición de los desechos químicos. “Creemos que se trata de un lodo rico en hidrocarburos, contaminado al menos por tres elementos: sulfuro de hidrógeno (muy tóxico por inhalación), mercaptano (compuestos sulfúricos) y soda cáustica. Desde el punto de vista sanitario, el sulfuro de hidrógeno puede provocar irritaciones de las mucosas y las vías respiratorias hasta la muerte por envenenamiento de la sangre, pasando por nauseas y vértigos. Estos productos presentan también una toxicidad muy alta para el medio ambiente, que puede resultar catastrófica si alcanzan las capas freáticas o el medio marino. Algunos expertos señalan igualmente la presencia de organoclorados, lo que haría esta contaminación todavía más grave (estos contaminantes permanecen en el medio y penetran en la cadena alimenticia)”.

 

Trafigura buscó un destino de deposición de sus residuos. No podía ser un país europeo, ni Estados Unidos, que prohíben manipulaciones como las realizadas a bordo del buque de bandera panameña, y por supuesto no aceptan hacerse cargo de lo generado. Intentaron descargarlos en  Nigeria, en Túnez, y no pudieron. Pasaron por España. Finalmente, una empresa marfileña aceptó recibirlos, pero no tenía experiencia alguna en el tratamiento de este tipo de desechos. Terminó diseminándolos en una quincena de basurales a cielo abierto en Abiyán, que habitualmente son revueltos de pies a cabeza por marfileños pobres, niños y adultos, en busca de algún alimento o cosa vendible.

 

"Como en el tráfico de armas o de drogas, en el ámbito de la exportación de residuos tóxicos de los países ricos a los países pobres hay un gran negocio ilegal", dijo a la BBC de Londres Katherina Kummer, secretaria ejecutiva del Convenio de Basilea, el acuerdo internacional que desde 1992 controla los movimientos  internacionales de residuos peligrosos. "El origen de este 'negocio' se encuentra en que hay países con leyes estrictas que hacen más cara la gestión de residuos y otros que no tienen las leyes o carecen de los recursos para hacer que se cumplan”, señaló.

 

El Convenio de Basilea, ratificado hasta ahora por 172 países –uno de los que no lo hizo es Estados Unidos prohíbe este tráfico norte-sur, pero el caso del Probo Koala, entre muchos otros, prueba que está lejos de ser respetado.

 

África y Asia han ido desplazando a América Latina como zonas receptoras de estos desechos. Sin embargo, la interceptación, en julio, en Brasil de un buque procedente de Gran Bretaña con 1.400 toneladas de basura tóxica prueba que el sub continente continúa siendo buscado como lugar de destino de estas sustancias a pesar de que todos los países del área han suscrito el Convenio de Basilea y algunos de ellos han adoptado leyes complementarias.

 

Trafigura no es por otra parte una debutante en estas lides. La transnacional, que tiene un capital cercano al billón de dólares y está presente en 36 naciones de Europa, América y Medio y Lejano Oriente, ha sido denunciada por prácticas ilegales en varios países, entre ellos Ecuador, donde se la investiga por presuntas irregularidades en el suministro de gas licuado.

 

En 2007 figuró entre las tres “finalistas”, sobre una lista de 40, de candidatas al título de “empresa más irresponsable” otorgado por “Public eye on Davos”, una red de organizaciones no gubernamentales que pretende “escrutar” a los empresarios de todo pelo y color que cada año se dan cita en el Foro Económico Mundial organizado en la ciudad suiza de Davos.

 

Varias organizaciones sociales europeas, entre ellas Greenpeace, aspiran a que el tema no quede enterrado con el acuerdo extrajudicial alcanzado entre los abogados de la trasnacional y los de algunas de las víctimas.

 

El diario The Independent observa, además, que ese pacto sólo concierne a quienes fueron afectados en los días siguientes al derrame. Quedan expresamente afuera, por ejemplo, las marfileñas que semanas o meses después sufrieron abortos espontáneos o dieron a luz niños con malformaciones.  “En nombre de ellas y para que estos atentados a la vida, la salud y el ambiente no se sigan produciendo este caso no debe quedar así”, dijeron responsables de Greenpeace España.

 

 

 

En Montevideo, Daniel Gatti
Rel-UITA
23 de septiembre de 2009

 

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