Brasil Ι DEFORESTACIÓN
El Código Forestal
se volvió un instrumento
de cambalache
La polémica discusión sobre las alteraciones en el
Código Forestal Brasileño continúa movilizando a la
sociedad y al parlamento. Es un asunto cuyo interés
trasciende fronteras nacionales, ya que en el actual
contexto de cambio climático global, todo el mundo está
atento a los problemas que puedan agravar el
calentamiento del planeta, y entre esos problemas la
deforestación merece énfasis.
La propuesta de alteración del Código se encuentra
nuevamente en trámite en la Cámara de Diputados, que ya
había aprobado un texto el año pasado.
Como ese texto fue alterado por el Senado Federal, las
reglas constitucionales determinan una nueva revisión
por parte de la Cámara baja.
Hay una fuerte presión del sector ruralista para que la
propuesta sea aprobada lo antes posible. Con una gran
representación en el Congreso Nacional, alcanzada por
medio de negociados y abusos de poder económico, la
denominada bancada ruralista quiere que la legislación
ambiental sea flexibilizada a cualquier costo para
liberar a los propietarios rurales de las puniciones por
la falta de cumplimiento de la ley.
El Gobierno se preocupa mucho más con la imagen del país
y de la Presidente de la República ante la opinión
pública internacional que con la conservación ambiental.
Articula en pro de la aprobación del texto del Senado,
intentando vender la imagen de que ese texto es fruto de
un consenso entre ambientalistas y ruralistas y que es
mejor, desde el punto de vista ambiental, que el
proyecto originalmente aprobado por la Cámara de
Diputados. Eso está lejos de ser verdad.
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La real intención oculta es dar tiempo a los
infractores hasta que el nuevo código sea
aprobado, cuando serán beneficiados
definitivamente con la amnistía, garantizando
así que no sean punidos por sus crímenes,
infracciones administrativas y daños practicados
contra el medio ambiente. |
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En su esencia, la propuesta del Senado difiere muy poco
en relación a la propuesta por la Cámara de Diputados en
lo que refiere a la garantía de conservación de la
vegetación nativa. El gran embate librado por el
Gobierno en el Senado visando la modificación del texto
original de la Cámara de Diputados se dio en torno a
garantizarle al Gobierno Federal mayor gobernabilidad
sobre el permiso de desarrollo de actividades de gran
impacto en las áreas de preservación permanente (APP),
que son las franjas de vegetación protectoras que están
principalmente sobre los márgenes de los cursos de agua.
Los diputados querían delegar a los Estados la
competencia para decir lo que puede y lo que no puede
ser realizado en las APPs, pero el Senado votó de
acuerdo con los intereses del Poder Ejecutivo. Los
senadores introdujeron algunas simples mejoras en el
texto como, por ejemplo, el mantenimiento de la
protección de los ecosistemas costeros, como salgados* y
apicums, que había sido retirada por los diputados.
Sin embargo, los dispositivos más dañinos permanecieron,
como la amnistía general a los deforestadores hasta
el 2008, la exención de reserva legal en las propiedades
de hasta cuatro módulos fiscales (que pueden alcanzar a
400 ha) y la utilización de áreas de preservación
permanente (donde están los bosques ciliares) en el
cómputo de la reserva legal.
A pesar de que recibieron del Senado una propuesta de
Código Forestal más volcada aún a los intereses del
agronegocio que a la protección de las florestas, los
diputados no aceptaron las alteraciones en el texto
original y quieren retornar a la versión que aprobaron
el año pasado, empeorando todavía más el texto sometido
a su apreciación.
El Gobierno, que posa de “ambientalmente responsable”,
cree que la aprobación de un código en los moldes como
fue votado en el Senado sería defendible frente a la
Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable, Rio
+ 20, pero teme una derrota en la Cámara baja, una
vez que estamos en un momento de crisis política entre
el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso, se intentó
postergar la votación para después de la
Conferencia.
Acosado por los tradicionales chantajes de los
diputados, que amenazan con la no aprobación de la Ley
General de la Copa, esencial para el gobierno, debido a
sus compromisos de organización del campeonato mundial
de fútbol, el Poder Ejecutivo cedió, y la votación fue
marcada para el día 24 de abril.
Es importante destacar que la aprobación de la propuesta
del nuevo Código Forestal representa un gran retroceso
en la legislación ambiental de Brasil,
pues permitirá más deforestación, beneficiará con
impunidad a aquellos que dejan de cumplir la ley y
retirará instrumentos del Estado que posibilitan la
gestión ordenada de los recursos forestales y de la
vegetación nativa.
Además, existe un amplio consenso entre la comunidad
académica especializada en agricultura y medio ambiente
de que Brasil posee plenas condiciones de
expandir su producción agrícola sin alterar la
legislación y sin permitir nuevas deforestaciones,
utilizando para eso apenas una pequeña mejora en las
técnicas de producción. Estudios demuestran que nuevas
deforestaciones perjudicarán al propio sector agrícola
en el mediano plazo.
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Lo que interesa es el lucro de las
transnacionales que nos venden semillas
genéticamente modificadas, los recursos para las
campañas millonarias de los parlamentarios
bancados por esas empresas y el mantenimiento de
una oligarquía rural que comanda el país desde
su descubrimiento. |
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Además de aceptar el chantaje, pactando la votación del
nuevo código para este mes de abril, el Gobierno fue más
allá en los beneficios concedidos a los ruralistas
infractores. La presidente Dilma termina de
firmar un decreto prorrogando el plazo de exención para
que propietarios rurales asuman el compromiso de
recuperar la reserva legal deforestada de sus
propiedades.
Esta es la quinta vez que el gobierno federal prorroga
el plazo, que venció por primera vez en enero de 2009.
Está engañado quien piensa que estas prórrogas
realmente buscan garantizar que los ruralistas tengan
tiempo para recuperar su pasivo ambiental. La real
intención oculta es dar tiempo a los infractores hasta
que el nuevo código sea aprobado, cuando serán
beneficiados definitivamente con la amnistía,
garantizando así que no sean punidos por sus crímenes,
infracciones administrativas y daños practicados contra
el medio ambiente
A pesar del inminente perjuicio ambiental que gobierno y
parlamento quieren infligir a la sociedad y a las
futuras generaciones, en beneficio único y exclusivo del
gran capital, nacional e internacional, existe una única
ventaja en este juego sórdido en torno del
desmantelamiento de la legislación ambiental. La máscara
ambiental que adorna los gobiernos Lula - Dilma
se caerá en vísperas de la Conferência Rio+20,
haciendo que el país anfitrión muestre al mundo que su
real compromiso es con los grandes productores de
commodities que promueven un efímero equilibrio de la
balanza comercial brasileña cuyo costo es la degradación
y el retraso en el futuro, cuando tengamos que competir
con naciones que pautan su desarrollo en el avance
científico y tecnológico.
Los Jefes de Estado y demás autoridades presentes en la
Conferencia constatarán también que el país sede no
tiene compromiso con la reducción de las emisiones, con
la contención de la deforestación o con los pequeños
productores rurales.
Lo que interesa es el lucro de las transnacionales que
nos venden semillas genéticamente modificadas, los
recursos para las campañas millonarias de los
parlamentarios bancados por esas empresas y el
mantenimiento de una oligarquía rural que comanda el
país desde su descubrimiento.
¿Quién diría que el ascenso al poder de un partido de
izquierda, de base trabajadora, nos llevaría a una
situación como esta?
