En la Operación Curupira, desplegada ayer tras veinte meses de investigaciones, se detuvieron a 74 personas, entre ellas los dos principales funcionarios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) del estado amazónico de Mato Grosso.

Entre las personas detenidas figuran el gerente del IBAMA en Mato Grosso, Hugo José Scheuer Werle, y su segundo, Marcos Pinto Gomes, que, junto con funcionarios de la Fundación Regional de Medio Ambiente, están acusados de ayudar a los madereros a legalizar la madera talada.

Ambos serán procesados por corrupción pasiva y enriquecimiento ilícito.

Según la policía, en dos años al frente del IBAMA, Werle acumuló un patrimonio cercano a 426.000 reales (unos 174.590 dólares), incompatible con su salario.

Los investigadores descubrieron que los funcionarios sobornados expedían licencias que permitían a los madereros talar bosques en áreas preservadas, incluso en reservas indígenas.

De esa manera, los madereros podían transportar y vender madera que había sido retirada ilegalmente de la Amazonía.

La operación de desarticulación, en la que participan 480 agentes de la Policía Federal, está concentrada en el estado de Mato Grosso, fronterizo con Bolivia, uno de los principales frentes de devastación de la Amazonía brasileña, y también en los estados de Pará, Paraná y Rondonia.

Los agentes federales cerraron tres madereras en la región, que distribuían sus productos en Brasil y los exportaban a diferentes países desde el puerto de Paranaguá, en el sureño estado de Paraná.

Según los cálculos de los fiscales ambientales que participaron en las investigaciones, la madera extraída ilegalmente tiene un costo de unos 890 millones de reales (unos 364 millones de dólares).

Los mismos fiscales calculan que el Gobierno tendrá que invertir cerca de 108 millones de reales (unos 44 millones de dólares) para recuperar el área devastada por la organización, que operaba desde hace 14 años.

La ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, informó de que, preventivamente, ha ordenado la intervención del IBAMA en Mato Grosso por un período de 60 días y la suspensión de todas las autorizaciones de tala en dicho estado.

El objetivo de la Operación Curupira es detener a 124 personas acusadas de pertenecer a la red criminal.

La policía puso en marcha el operativo dos semanas después de que el gobierno del socialista Luiz Inácio Lula da Silva fuera blanco de duras críticas de organizaciones ecologistas en Brasil y en el exterior por su incapacidad para detener la destrucción de la Amazonía.

Según cifras oficiales divulgadas el mes pasado, entre agosto de 2003 y agosto de 2004 fueron arrasados 29.050 kilómetros cuadrados de selva amazónica.

El gobierno reconoce que, en los últimos 25 años, colonos, agricultores, campesinos, madereros y mineros han destruido 551.782 kilómetros de selvas, lo que equivale al 14 por ciento del total de la Amazonía o al territorio de Francia.

Igualmente admite que las peores estadísticas se registran en Mato Grosso, estado cuyo gobernador, Blairo Maggi, es el principal productor privado de soja del mundo, con una facturación que en 2003 llegó a 532 millones de dólares.

EFE

3 de junio de 2005