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Desforestación
indiscrimanda
y ausencia del Estado |
Nicaragua perdió en las últimas
décadas alrededor de 150 mil hectáreas de bosques cada año. Y en la
actualidad, la tala ilegal deja pérdidas económicas por más de 100 millones
de dólares.
Según Blanca Jagger, Embajadora de Buena
Voluntad del Consejo Europeo, quien participó en la Conferencia
Internacional Gobernabilidad y transparencia en el sector forestal de
Nicaragua, “Debo de constatar que la corrupción y la impunidad siguen
institucionalizadas en nuestro país. Existen tantas leyes para regular el
sector forestal, pero desgraciadamente no se cumplen y siguen las
irregularidades por parte de grupos económicos muy fuertes, sectores
vinculados a partidos políticos y al gobierno.
Recientemente, en un reporte del Centro de Investigaciones para la
Comunicación (CINCO) leí lo siguiente: “En 1950 una misión técnica de la FAO
presentó un primer informe sobre los recursos forestales de Nicaragua. El
país registraba una superficie boscosa de 6,4 millones de hectáreas, o sea
el 47 por ciento del territorio nacional que se estimaba en 137 mil Km². La
superficie cultivada sumaba sólo 958 mil hectáreas, equivalente al 7 por
ciento del territorio nacional. Medio siglo después, la valoración forestal
de Nicaragua, elaborada por técnicos y especialistas del Instituto Nacional
de Forestación (INAFOR), comparaba la superficie boscosa con el informe
técnico de la FAO, estimando que esta descendió a 3,2 millones de hectáreas.
Es decir que la deforestación supera los 32 mil Km², área mucho mayor que la
superficie total de Massachusetts o de El Salvador”.
Esta tasa de deforestación equivale a un pérdida promedio de 64 mil
hectáreas por año, y en estos últimos 50 años ha desaparecido el 51 por
ciento de los bosques de Nicaragua (el 47,35 por ciento en 2000).
Es importante entender lo que pasó en estos 50 años y sobre todo lo que ha
ocurrido en los últimos 20 años.
“Son muchos los factores –continuó Jagger– que están relacionados con la
elevada tasa de deforestación en el país, destacándose entre otros el avance
de la frontera agrícola, la migración campesina, los procesos de Reforma
Agraria de 1960 a 1978 y los llevados a cabo por el gobierno sandinista de
1979 a 1990.
Otros factores son el fin del conflicto armado y la reinserción en la vida
civil de los grupos en conflicto y, sobre todo, la concesión por parte del
Estado de enormes extensiones de territorio a compañías extranjeras en el
antiguo Departamento de Zelaya (Costa Caribe)”.
Jagger recordó un hecho muy paradigmático ocurrido a comienzo de los años
90, cuando denunció una concesión maderera que se iba a dar a una compañía
taiwanesa y que iba a afectar muy fuertemente a las poblaciones indígenas
miskitas de la zona.
La cosa interesante que se descubrió fue que esta concesión iba a beneficiar
a tres sujetos políticos muy importantes de la época: el Jefe de las Fuerzas
Armadas, Humberto Ortega, el señor Pedro Joaquín Chamorro (hijo de la
presidenta Violeta Chamorro) y el entonces Ministro de la Presidencia,
Antonio Lacayo (yerno de la presidenta Violeta Chamorro).
“Al final se logró encontrar el contrato original, denuncié lo que estaba
pasando y se paró la concesión. Hay que parar la corrupción y la impunidad
que existe en Nicaragua” concluyó Blanca Jagger.
El desarrollo del
sector forestal
Victor Campos, subdirector del Centro Humboldt, cuenta cómo se
desarrolló el sector forestal en las últimas décadas.
“La firma de los Acuerdos de Paz en 1990 trajo consigo la reactivación de
las zonas de frontera agrícola, promovida en parte por la entrega de grandes
extensiones de tierra a grupos de desmovilizados. Ante la ausencia de una
Ley Forestal, el Estado emitió el Decreto Ejecutivo 45-93, constituyéndose
en una norma con poca fuerza legal y muchos vacíos. Rigió por diez años
(1993-2003), hasta la entrada en vigencia de la Ley 462.
Este período se caracterizó por registrar los mayores volúmenes de
extracción legal de madera (235 mil metros cúbicos como promedio anual) e
iguales o mayores tasas de ilegalidad.
Se implementó también la entrega de concesiones a gran escala, como por
ejemplo la que se otorgó a una empresa taiwanesa (125 mil hectáreas) y a la
empresa coreana Sol Caribe SA (62 mil hectáreas).
El Estado demostró una total falta de política sectorial, una falta de
regulación y control y una infraestructura de procesamiento obsoleta”.
Es en este periodo cuando se origina el cambio del Ente Regulador del sector
forestal. Esta institución (Sistema Forestal Nacional –SFN y actualmente
Instituto Nacional de Forestación (INAFOR)- se financiaba a través de los
impuestos, de la permisología, de tasas, multas y subastas.
Esto originaba una carrera para entregar más permisos de explotación
forestales, para tener mas recursos y poder funcionar, lo que no garantizaba
un manejo eficiente del sector forestal. Durante este período se registraron
dos circunstancias que permitieron incrementar el aprovechamiento de madera
con visos de legalidad.
La primera fue la detección de la plaga del “gorgojo descortezador” (Dendroctonus
frontalis) en Nueva Segovia. Esto se aprovechó para un corte indiscriminado
y sin control y sirvió también para el aprovechamiento de más cantidades de
pinos, supuestamente atacados por el gorgojo. La tala ilegal se incrementó
de forma desmedida.
La otra circunstancia fue el Huracán Mitch (1998). También en ese caso se
aprovechó para la tala ilegal y se siguió presentando las grandes cantidades
de madera talada, como “madera caída”. Esto continuó hasta 2004.
El último período
“En 2003 –continuó Victor Campos– se aprobó la Ley 462 y su Reglamento
(73-2003). Ese período se caracterizó por la extracción legal de 180 mil
metros cúbicos (2004- 2005) y por la primera asignación presupuestaria al
INAFOR (2005). Además, se aprobó el reglamento de incentivos forestales
(104- 2005) y de concesiones forestales (106- 2005)
Según declaraciones del Director de INAFOR (en La Prensa, 20 de noviembre de
2003), el volumen de tala ilegal resultó ser cuatro veces más que lo
extraído legalmente.
La Ley 462 estableció la privatización de los mecanismos de regulación y
control del sector forestal, para averiguar cuándo alguien está trabajando
en la legalidad o en la ilegalidad, y es muy difícil comprobarlo. En muchos
casos la ilegalidad es más barata que la legalidad. Esta privatización, a
través de Regentes y Auditores Forestales, permitió que se istalara un
enorme caos en el sector forestal nicaragüense”.
Se estableció también la figura de “Planes Mínimos”, que son menores de 50
hectáreas y que no necesariamente tienen un plan de manejo.
Con esta figura legal se encubrió toda la tala ilegal en el país, con pleno
conocimiento de las autoridades correspondientes.
Es siempre en este período que se registraron los mayores escándalos de
corrupción y se iniciaron procesos de certificación, algunos con prácticas
dudosas, que restan legitimidad a los mismos y frustran la posibilidad de
entrar en una actividad ordenada, productiva, que pueda beneficiar al país.
“En mayo de 2006 –concluyó Campos– se emitió el Decreto de Emergencia
Económica (32-2006).Se suspendieron algunos derechos constitucionales en las
zonas del río San Juan, Nueva Segovia y Regiones Autónomas del Atlántico y
se prohibió todo tipo de actividad forestal. El efecto fue devastador y
aumentaron los casos de corrupción. INAFOR secuestraba grandes cantidades de
madera talada, pero al momento de subastarla aparecía una cantidad mucho
menor. Aún hay que descubrir la verdad, dónde está la madera y quién se
benefició con eso.
Además, la Asamblea Nacional no cumplió el procedimiento adecuado para la
aprobación o denegación del Decreto 32-2006, y al no darse la sanción, la
misma Asamblea emitió la Ley de Veda (Ley 585), la cual entró en vigencia en
junio de 2006. Paralelamente, el 20 de mayo de 2006 fue aprobada la Ley
Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Se
creó la expectativa de que con esta Ley se castigarían a los infractores
ambientales.
Hasta la fecha no se conoce de personas naturales o jurídicas que hayan sido
sancionadas por su efecto.
La Ley de Veda es hoy cuestionada por sus vacíos técnicos y porque no tiene
como objetivo crear un compás de espera, en donde se logre el reordenamiento
del sector forestal. Lejos de ayudar a detener la tala ilegal de los
bosques, incrementó significativamente los flujos de madera hasta en un 50
por ciento.
Toda esta situación de corrupción e impunidad en el manejo de los bosques
pone en riesgo el futuro del capital natural de Nicaragua.
Hay que revisar la Ley de Veda Forestal y la Ley Forestal y abrir un espacio
de diálogo entre los distintos actores para lograr el manejo sostenible de
los recursos forestales para el desarrollo nacional, y resulta necesario
trabajar una política de descentralización del manejo de los recursos
forestales hacia los gobiernos municipales”.
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En Managua,
Giorgio
Trucchi
© Rel-UITA
21 de noviembre de 2006 |
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