Desde que la empresa Dirox se instaló hace 6 años en Libertad, con mayor o menor énfasis, las autoridades de turno le han exigido sin éxito una gestión ambiental que preserve el ambiente y la salud de trabajadores y vecinos. Las últimas exigencias de ajustes en su operativa, plasmadas en una resolución ministerial, cumplieron más de un año en el papel, pero no se han llevado a la práctica. Mientras tanto, vecinos de la zona denuncian que la empresa sigue generando problemas “como el primer día” y esperan una respuesta de las autoridades prometida hace meses.

El negro historial de la empresa Dirox demuestra la ineficacia del Estado en el cumplimiento de su rol de policía ambiental, así como en materia de prevención de episodios de contaminación con sustancias peligrosas.

La empresa de capitales italianos ubicada en la ciudad de Libertad (departamento de San José), produce sales de cromo y taninos, insumos que se usan para el curtido del cuero, y vitamina K, un aditivo usado en raciones para animales. La materia prima fundamental con la cual trabaja es cromo 6, un metal pesado, considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ahí que ya desde antes de su instalación, los vecinos del lugar se manifestaran en contra del emprendimiento. Avizoraban los perjuicios que la actividad industrial acarrearía para su salud y el entorno, teniendo en cuenta que se trata de una zona netamente productiva ubicada sobre uno de los principales reservorios de agua dulce subterránea que tiene el país: el acuífero Raigón.

A lo largo de sus 6 años de funcionamiento la empresa química sufrió varias clausuras por causa de irregularidades comprobadas por las autoridades nacionales y municipales. La primera se produjo en 1996, mientras se estaba construyendo, debido a que se la intimaba a levantar una serie de observaciones realizadas al estudio de impacto ambiental presentado ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

En 2001 fue clausurada por la Intendencia de San José debido a diversas irregularidades que provocaron episodios de contaminación con cromo que afectaron al entorno y la salud de varios trabajadores.

Entre diciembre de 2002 y enero de 2003 fue nuevamente clausurada. Durante ese período, el entonces flamante Director Nacional de Medio Ambiente, Aramis Latchinian, dispuso la realización de una auditoría ambiental que concluyó que la empresa no generaba “impactos ambientales significativos”, aunque “el incumplimiento de varias obligaciones impuestas por el ministerio y la desatención de diversos aspectos operativos, pueden provocar accidentes y daños ambientales de consideración”. Y se le exigió la elaboración de un plan de prevención de impactos ambientales y otro de gestión ambiental actualizado y adecuado a sus operaciones.

La presentación de este plan de gestión ambiental y la corrección de 7 no conformidades ambientales era una de las condiciones sine qua non para la reapertura de la empresa en ese momento clausurada, según consta en una resolución del Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Saúl Irureta fechada en enero de 2003. Sin embargo, aunque Dirox nunca presentó ese plan y no corrigió la totalidad de las no conformidades, se le permitió retomar la actividad.

Al poco tiempo de estar nuevamente operativa fue clausurada por cuarta vez; ésta debido a que en lugar de usar el cromo sólido autorizado, transportó cromo líquido en camiones de una empresa contratada. Como consecuencia del lavado de los camiones, varios trabajadores de esa empresa se contaminaron con el metal cancerígeno.

¿Solución definitiva?

Ni bien asumió a fines de 2002, el biólogo Aramis Latchinian anunció su deseo de encontrar “una solución definitiva para Dirox”, solución que no descartaba su clausura definitiva aunque el jerarca considerara que ese extremo significaría “una frustración en mi trabajo porque implicaría que no logramos que esa empresa produzca de manera limpia”. “Pero por supuesto que si llegamos a una situación crítica debemos tomar esa medida porque lo primero que debemos hacer es proteger el medio ambiente”, afirmaba.

Irureta, quien asumió junto con Latchinian juzgaba en ese entonces lo hecho por sus antecesores ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado: “observando desde afuera creo que la DINAMA ha adolecido de lentitud y dudas frente a la problemática planteada” con Dirox. Y reconocía ante los senadores que “el problema lleva demasiado tiempo (...) Acá nos comprometemos a realizar todas las acciones necesarias de inmediato” anunciaba el ministro, al tiempo que admitía ante los legisladores que los vecinos “tienen razones para estar inquietos”.

En febrero de 2003, una vez culminada la auditoría ambiental, el ministro resolvió la instalación de la “Comisión de Seguimiento Ambiental” de Dirox que trabajó durante casi todo 2003 y que estuvo integrada por representantes de la DINAMA, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Grupo de Vecinos y Productores de Libertad, la Intendencia Municipal de San José, la Junta Departamental de San José, directivos y trabajadores de Dirox.

Las consideraciones del informe final de la Comisión fechado en octubre de 2003, demuestran que casi un año después de la auditoría, Dirox seguía funcionando exactamente en las mismas condiciones. En noviembre, Irureta hizo suyas las recomendaciones que le efectuara el grupo de trabajo y las plasmó en una resolución ministerial.

Casi un año después, los vecinos que habían integrado esta Comisión, se entrevistaron con el ministro para saber por qué las obligaciones impuestas en la resolución no se habían cumplido. Según Daniel Campanella (uno de esos vecinos), reconociendo la omisión ministerial, en aquel momento el jerarca les prometió que en 20 días tendrían una respuesta acabada sobre el asunto. Aún la siguen esperando.

Recientemente Rel-UITA quiso consultar a Irureta sobre el tema. La respuesta obtenida a través de su secretaria fue que el ministro desconocía en que estaba el trámite.

Aduciendo “motivos personales” y “tensiones difíciles de administrar”, en enero de 2004, Latchinian renunció a la dirección de la DINAMA sin haber conseguido ni por asomo la solución definitiva para Dirox, y mucho menos su deseo de instaurar una política preventiva en materia ambiental. El compromiso del ministro Irureta de “realizar todas las acciones necesarias de inmediato” para lograrlo, anunciado a fines de 2002, se diluyó en el tiempo, y como él mismo reconocía entonces, los vecinos siguen teniendo razones para estar inquietos. Con una mezcla de inquietud y expectativa aguardan las medidas que tomará el gobierno entrante.

Virginia Matos