La ocupación, iniciada el lunes, se había reducido en principio al sector de calderas, que detiene el proceso de industrialización de cromo que se efectúa en el lugar.

Los trabajadores se quejan por las condiciones sanitarias en que trabajan, reclaman que la firma incremente los controles sobre las emanaciones tóxicas de la fábrica y que se realice un chequeo sanitario a todos los funcionarios. También piden el reintegro de unos 20 empleados que fueron cesados el año pasado.

Sin embargo, la negativa de la empresa a que ingresen funcionarios con alimentos fue interpretada como "una demostración de fuerza inaceptable" por el sindicato, que tomó el control de toda la planta.

En tanto, dos abogados y un sociólogo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estuvieron en la planta industrial, dialogaron con los ocupantes y luego trasladaron la posición gremial a los directivos de la empresa a última hora de ayer.

Los puntos fundamentales de la plataforma gremial son la reducción de la carga horaria en función de los problemas sanitarios detectados y el carácter insalubre de la función, así como el control médico estricto de los funcionarios a cargo de una institución que "merezca confianza".

José Luis Álvarez

El País

8 de setiembre de 2005