En las últimas semanas, ante las señales desde la Argentina de un eventual conflicto, dado que los impactos de estas plantas pueden afectar tanto al compartido río Uruguay como al medio ambiente y las poblaciones vecinas, del lado uruguayo se respondió simplemente diciendo que "la decisión está tomada", ignorando inclusive las mejores pautas diplomáticas seguidas por el país en las relaciones bilaterales.

Un extremo de esta situación se planteó en la última semana de julio, a la salida de una conspicua reunión en la Cancillería uruguaya entre algunos viceministros e integrantes de las empresas Botnia y Ence, en donde el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jaime Igorra, dijo a la prensa: "No estamos frente a una situación caprichosa, sino que estamos frente a una política de Estado".

¿Algún ciudadano uruguayo registró la convocatoria y el acuerdo formal, como debería ser una verdadera "política de Estado", de todos los partidos políticos y sectores de la sociedad en torno a este tema? ¿Los ciudadanos uruguayos fueron consultados o votaron en algún plebiscito o elección nacional algo así? Pretender imponer "desde arriba" una decisión de ese porte, es un atropello a la democracia.

Pero la idea de proclamar la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos como "política de Estado" ni siquiera parece haber surgido del gobierno. En efecto, el primero en hablar públicamente de ello fue el representante criollo de Botnia, Carlos Faroppa, en el almuerzo de la ADM de junio último, cuando dijo: "Esto habla de políticas de Estado y eso habla que el Estado no tiene colores, tiene un gobierno".

Ahora bien, si más allá de discrepancias internas, se sitúa este problema en el ámbito regional, de las relaciones con Argentina, ya que es evidente que estamos hablando de posibles repercusiones no sólo para este lado de la costa del río Uruguay, sino para el propio río, que es fronterizo y por tanto un recurso compartido, y para el territorio del otro lado, la postura oficial uruguaya tampoco genera tranquilidad.

Es que por más que se quiere pasar la imagen de que en el plano diplomático está todo arreglado, de que no pasa nada, en cada nueva intervención pública los representantes uruguayos reafirman la decisión, con lo cual claramente están diciendo a los argentinos, no sólo al gobierno, sino también a los pobladores de la vecina Entre Ríos, que aquí no hay nada que conversar, pasarse información sí, pero decidir algo no.

La semana pasada el canciller Bielsa viajó a Gualeguaychú a explicar sus actuaciones al respecto y, luego de varias horas de reunión con los representantes locales, rodeado por una multitud que manifestaba su oposición a las plantas, declaró que seguía vigente el planteo argentino al gobierno uruguayo para que se suspendan las obras en Fray Bentos hasta que se haya hecho una evaluación de impacto conjunta.

Simultáneamente se anunció la destitución –por "inoperantes"– de dos delegados argentinos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), encargada de velar por la seguridad ambiental y la calidad del agua del río y, por lo tanto, es responsable de los procesos de contaminación que el mismo pueda sufrir, según lo establecido el Estatuto del Río Uruguay firmado entre Argentina y Uruguay.

Integrantes del Foro Ecologista de Paraná vienen señalando desde hace un tiempo que la CARU no cuenta con un Programa de protección, preservación y sustentabilidad de la cuenca, que no logra desde 1996 que el PNUMA ni el PNUD le financien una suma de unos 300.000 dólares para su realización y que el organismo solo tiene acuerdos mínimos que son meros parches en una realidad avasalladora en la materia.

Los últimos estudios afirman que la calidad del agua del río Uruguay está seriamente comprometida. Los informes de Ence y Botnia lo reconocen y la Dinama ha dicho que no corresponde autorizar ningún vertido que incremente cualquiera de los parámetros con valores críticos, aún cuando el incremento sea considerado por el emprendedor como no significativo. No obstante, la Dinama dio igual esta autorización.

Para justificar dicha decisión, la Dinama alegó que los parámetros en los que la calidad del agua del río Uruguay se encuentra comprometida no son exclusivos de los efluentes de estos proyectos, sino que afectarían al vertido de cualquier efluente industrial o doméstico, y aceptó el vertido propuesto con la condición de que se compense el incremento que sufriría el parámetro crítico por sobre el valor aceptable.

Pero la situación en que se encuentra la Dinama o incluso la CARU para hacerse cargo del cumplimiento de esa condición la hacen impracticable en la actualidad. Sobre todo sabiendo que sólo en valores de nitrógeno y fósforo el efluente de la planta de Botnia equivale aproximadamente a la descarga en el río Uruguay de los efluentes cloacales sin tratar de una ciudad de 65 mil habitantes, o sea, tres Fray Bentos.

Las declaraciones al término de la primera reunión de la comisión binacional, realizada el 3 de agosto en Montevideo, evidenciaron que el "impasse" persiste. "Ningún país puede autorizar una obra que cause daños sensibles a un país vecino, esto es cierto en la comunidad internacional desde hace más de cien años por diversos convenios", dijo el representante especial del gobierno argentino Raúl Estrada Oyuela.

Mientras Estrada Oyuela afirmó, tal vez no queriendo herir susceptibilidades, que hasta este momento "Uruguay parece que se distrajo" en el cumplimiento de esos acuerdos, el viceministro de Industria uruguayo Martín Ponce de León respondió: "Lo importante es mirar para adelante que es sobre lo que se puede decidir" (sic).

Víctor L. Bacchetta

© Rel-UITA

5 de agosto de 2005