Los proyectos de construcción de plantas de celulosa en territorio uruguayo han dado lugar a una guerrilla diplomática entre Uruguay y Argentina. Mientras se espera que alguno de esos emprendimientos derive en la instalación de papeleras, el papel que hasta ahora ha abundado es el que han intercambiado autoridades de los dos países y el de los mensajes que los respectivos presidentes han enviado al Banco Mundial.

El conflicto estalló hace varios meses, cuando tanto el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, como el presidente de ese país, Néstor Kirchner, impugnaron esos proyectos por entender que pueden ser gravemente perjudiciales al ecosistema y la economía de la región. En la vereda opuesta, el jefe de Estado uruguayo, Tabaré Vázquez, defendió arduamente la instalación de las fábricas de celulosa en su territorio, más concretamente en el departamento de Río Negro, vecino a Entre Ríos.

Busti pidió la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que Kirchner amenazó con llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En la última semana, tras un período de calma, la polémica subió de tono luego que se conoció que Kirchner había enviado una carta al Banco Mundial pidiendo que no se otorgaran sendos préstamos por 200 millones de dólares solicitados por las dos empresas celulosas que hasta entonces habían oficializado su interés en construir plantas en Uruguay, la finlandesa Botnia y la española Ence.

Este martes 4, Tabaré Vázquez tomó la iniciativa y mandó su propia misiva al organismo multilateral, solicitándole que “acelere” el trámite de concesión de los préstamos. Se trata, señaló el presidente uruguayo, de emprendimientos que “representan un eslabón fundamental dentro de una larga cadena de inversiones en materia forestal que se viene desarrollando desde hace más de 15 años y que fuera iniciada con la colaboración del Banco Mundial mediante planes de promoción forestal”.

Según Vázquez, “estos proyectos serán importantes generadores de empleo, utilizarán en su mayoría materias primas nacionales y aportarán dinamismo al sector exportador uruguayo. (...) El monto de la inversión es tal (unos 1.500 millones de dólares entre ambas empresas) que sumados equivalen a la inversión bruta interna fija de un año” en el país.

Rechazando que Uruguay no esté en condiciones de monitorear las posibles afectaciones al medio ambiente de ambas industrias europeas, Vázquez adujo que su país “ocupa un sitial de privilegio a nivel mundial en el manejo del medio ambiente”. Citó en su apoyo un informe de las universidades estadounidenses de Yale y Columbia que ubican a esta nación en el primer nivel en esa materia entre las no pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (las economías más industrializadas) y en el tercero a escala planetaria, sólo detrás de Finlandia y Noruega.

También aseguró que “las tecnologías a ser usadas por Botnia y Ence superan los estándares requeridos por la Unión Europea y Estados Unidos” y que Uruguay facilitó a “técnicos de países hermanos y del MIGA (la Agencia Multilateral de Inversiones) y de la Corporación Financiera de Inversiones (CFI) nuevos estudios y nuevas instancias no previstos inicialmente”.

En la polémica intervinieron igualmente los ministros de Economía de los dos países, que intercambiaron cartas y reproches, los cancilleres y, este miércoles 5, el embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Meyer. Este último dijo, en declaraciones al diario uruguayo El Observador, que Uruguay no había brindado aún a Argentina todas las informaciones que ésta requirió para establecer los riesgos que presentan los dos proyectos sobre el río Negro. Uruguay “está obligado” a comunicar esas informaciones, porque así lo establece el Tratado bilateral del Río Uruguay, declaró el embajador. Patiño negó por otra parte que su país rechace la instalación de las celulosas porque aspiraba a que se radicaran en su territorio, como lo han sostenido distintas autoridades uruguayas. “Si Uruguay respeta los más altos estándares de protección ambiental” podrá contar con sus plantas de celulosa, comentó.

Otro punto alto de la disputa fue el retiro de confianza de parte de Uruguay al argentino Alieto Guadagni, representante ante el Banco Mundial de un grupo de países integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Perú. Montevideo acusó a Guadagni de haber tomado partido en favor de la posición del gobierno de Kirchner en un diferendo en el cual debería haberse abstenido de intervenir.

Mientras la polémica subía de tono se conocían diversas noticias que agregaban “picante” al tema de las celulosas.

Por un lado, la semana pasada una nueva empresa extranjera, nada menos que Stora Enso, líder mundial del sector, anunciaba su intención de instalar, a mediano plazo, una planta en territorio uruguayo con una inversión que podría llegar a rondar los 1.000 -1.100 millones de dólares.

Y por otro se divulgaba, el martes 4, un informe entregado por la Comisión Administradora del Río Uruguay a la Comisión de Medio Ambiente del Senado de Argentina en el que se mencionaba la posibilidad de que los altos niveles de contaminación verificados en el río Paraná y de las “excesivas floraciones” de algas en Nueva Palmira, localidad uruguaya sobre el río Uruguay, se debieran a la operativa de las plantas de celulosa que funcionan en Argentina y que se manejan con tecnología obsoleta.

La noticia de la posible llegada de Stora Enso encendió aun más las iras de los grupos ambientalistas uruguayos, ya muy disconformes con la actitud del gobierno del socialista Tabaré Vázquez. Cuando la fuerza política que ejerce hoy el poder en Uruguay, el Encuentro Progresista-Frente Amplio, estaba en la oposición, se oponía a estos proyectos, impulsados por el anterior Ejecutivo, pero ahora “ya no puede invocar la herencia maldita” de sus predecesores, señalaron en un comunicado conjunto las organizaciones Redes-Amigos de la Tierra y Grupo Guayubira.

Las organizaciones ambientalistas cuestionaron también los dichos de Tabaré Vázquez de que las inversiones de las empresas de celulosa generen empleo y sean respetuosas del medio ambiente.

“Reiteramos lo que hemos venido denunciando: que la forestación no es generadora de puestos de trabajo; que desplaza otras actividades como la ganadería, la agricultura, el turismo; que las condiciones de trabajo que ha ofrecido hasta ahora han sido las peores; que ha contribuido a la destrucción de la trama social de la campaña; que ha incrementado la latifundización y extranjerización de la tierra; que deteriora los suelos, altera la fauna y pone en riesgo nuestra riqueza hídrica”, sostienen en su texto.

Y terminan preguntándose: “¿Se seguirá recibiendo con bombos y platillos este tipo de inversiones que hipotecan nuestro futuro? ¿No será hora de sentarse a debatir qué tipo de desarrollo productivo genuino necesita nuestro pueblo para salir de la postración en la que lo dejaron políticas nefastas?”.

Daniel Gatti

© Rel-UITA

7 de octubre de 2005