Río Tinto, una de las mayores empresas mineras del mundo, proyecta construir en Uruguay un megapuerto para el traslado de su producción en Brasil. La firma sostiene que su emprendimiento será ambientalmente inocuo y que generará numerosos puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo inéditas para el país. Los vecinos de la zona no piensan lo mismo, y se movilizan para frenar el proyecto.

 

El puerto se edificará en la pequeña localidad de Colonia Agraciada, en el departamento de Soriano, a orillas del río Uruguay, el mismo río en cuyas orillas ya opera la planta de celulosa de la finlandesa Botnia.

 

En enero pasado Río Tinto adquirió al estatal Instituto de Colonización algo menos de 300 hectáreas ubicadas en las cercanías de un emprendimiento turístico y de áreas donde viven familias de productores apícolas y agropecuarios y pescadores.

 

El objetivo de la trasnacional de origen angloaustraliano, la tercera del planeta en el rubro minero, es sacar a través del puerto de Colonia Agraciada el mineral de hierro extraído de sus yacimientos en Corumbá, localidad ubicada en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, próxima a la frontera con Bolivia.

 

La construcción de la terminal insumiría unos 300 millones de dólares y se prolongaría a lo largo de dos años, ocupando en esa fase a unos 180 trabajadores. Un número similar de personas sería empleado de manera estable una vez que el puerto esté en funcionamiento.

 

Vecinos de Colonia Agraciada y de Nueva Palmira, otra ciudad puerto ubicada sobre el río Uruguay, en el departamento de Colonia, señalan que esos puestos de trabajo pesan poco en relación a los que se perderían, en el sector productivo y en el turismo, como consecuencia de la operativa de esta empresa.

 

“No hacen falta estudios científicos ni técnicos para comprender que convertir nuestra ribera en depósito de hierro, carbón, combustibles y material celulósico, con un tránsito de buques transatlánticos permanente,  pone en riesgo la producción rural, la pesca, la apicultura, el turismo y la provisión de agua potable para toda la población. Además de destruir nuestra red social e identidad cultural”,  señalan en un manifiesto que divulgaron a mediados de noviembre.

 

Además de la terminal de Colonia Agraciada, los vecinos y organizaciones sociales de esa zona del país rechazan la construcción de otro puerto privado, en una zona franca ubicada en las inmediaciones de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, limítrofe con el de Soriano. Ese puerto, que será operado por la firma Cartisur y es promovido por sus impulsores como “el primer parque de grandes líquidos del Uruguay”, podrá albergar gigantescos superpetroleros de ultramar de hasta 240 metros de eslora y contará en tierra con enormes depósitos de etanol, biodiesel, fertilizantes líquidos y distintos derivados del petróleo, entre otros productos.

 

Uno de los puntos comunes entre los dos proyectos es que en ambos está involucrada la firma naviera Christophersen, contratada por Río Tinto para realizar el traslado de su mineral de hierro desde la terminal de Colonia Agraciada , y además propietaria de Cartisur. Christophersen tiene también lazos con Botnia.

 

 En comunicados pagos, seudo reportajes periodísticos y entrevistas en varios medios de comunicación nacionales, Christophersen y Río Tinto han presentado estos emprendimientos como “revolucionarios para el Uruguay” y la región. “Le cambiarán la cara al país”, dijo de ambos Jorge Fernández, uno de los principales responsables de Christophersen. Conceptos del mismo tipo fueron utilizados por ejecutivos de Río Tinto en un comunicado de prensa que divulgaron en respuesta a las denuncias de los vecinos y asociaciones de Nueva Palmira y Colonia Agraciada. “El puerto en Colonia Agraciada aportará a esta zona del litoral del río Uruguay un movimiento económico que hoy no tiene, convirtiéndola en boca de salida hacia el océano Atlántico de la producción minera brasileña”, insistió Fernández.

 

“Sin duda que estos megaemprendimientos cambiarán la cara del país y de la región, pero para mal”, señalan  los vecinos movilizados. Refiriéndose a Cartisur, dicen: “Se anuncian decenas de chimeneas que escupirán dióxido de azufre y llamaradas, producirán un ruido infernal y bastantes riesgos de accidentes. Todo para abastecer a los buques sin pagar la nafta uruguaya, evadiendo todos los impuestos gracias a las regalías que ofrece la zona franca”.

 

Y en cuanto a Colonia Agraciada indican que allí “se depositarán y manipularán toneladas de hierro y carbón que se cargarán en barcos con destino al primer mundo, para exportar el mineral extraído en el corazón de Brasil. Un inmenso puerto privado que solo dejará el aire y agua enrarecidos y un puñado de puestos de trabajo que no es comparable con los productores y pescadores que serán expulsados de su lugar, además de frustrar una inversión turística ya iniciada”.

 

Los vecinos del lugar y quienes los apoyan -entre los cuales figuran el escritor Eduardo Galeano y los cantautores Daniel Viglietti y Leo Masliah, además de decenas de científicos, sindicalistas y personalidades de distintos ámbitos- subrayan igualmente los antecedentes poco fiables de Río Tinto.  Recuerdan, por ejemplo, que en abril el Estado noruego decidió retirar los 640 millones de dólares que tenían invertidos en  la trasnacional “para no ser cómplice de destrucción ambiental  en Indonesia”.

 

Por diversos actos predatorios la corporación ha sido denunciada también en Sudáfrica, Nueva Guinea y Madagascar.

 

Otros de los cuestionamientos básicos de los ciudadanos movilizados contra estos proyectos es que “fomentan un desarrollo industrial desproporcionado con la infraestructura local”, que “no cuentan con laboratorios propios para realizar seguimiento alguno” y que el Estado uruguayo carece de medios suficientes para controlarlos. En este último plano traen a colación el caso de la empresa de productos sulfúricos Isusa, que “a principios de año, con absoluta negligencia, depositó 8.000 toneladas de azufre a cielo abierto en un galpón en construcción (en un área próxima a Colonia Agraciada). A pesar de haberlo denunciado en su momento, todavía no pudimos acceder a los análisis que exigimos a la Dirección Nacional de Medio Ambiente para verificar un posible impacto de azufre sobre agua y tierra. Y fueron necesarios nueve meses y la junta de mil firmas para que (el ente público de agua) OSE aceptara realizar los análisis requeridos para tranquilidad de la población”.

 

Concluyen que “en estas condiciones” es imposible “avalar  nuevos emprendimientos que pueden significar el fin de nuestra región” y llaman a los uruguayos a movilizarse contra “un modelo de desarrollo irracional que solo brinda ventajas a monopolios extranjeros cuyo único objetivo es extraer los principales recursos de nuestro continente al menor costo posible”.