El
Protocolo de Kioto en España implica que el promedio
de las emisiones de gases de invernadero en el
periodo 2008-2012 no puede superar en más de un 15%
las del año base 1990. Pero ya alcanzan el 53%.
Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de
carbono (CO2) equivalente en España han aumentado un
52,88% en el año 2005 respecto a 1990. El aumento de
las emisiones de los seis gases y para todos los
usos en el año 2005 (3,39%) ha sido similar al del
año 2004, debido a que fue un año hidráulico aún
peor que 2004, ya que la producción hidroeléctrica
fue un 40% inferior a la del año 2004, y
consecuentemente las centrales de ciclo combinado de
gas natural y las de carbón funcionaron más horas
(el consumo de carbón aumentó un 1,5% respecto al
año 2004, y el de gas natural un 17,8%). El consumo
de energía primaria aumentó en 2005 un 3%, aunque el
consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y
gas natural) creció un 5,26%, por lo que las
emisiones de CO2 por usos energéticos crecieron un
4,75% en 2005.
Las emisiones en unidades de CO2 equivalente,
considerando los seis gases de efecto invernadero,
han aumentado en un 52,88% en España entre 1990 (año
base) y 2005, cifra indudablemente mala, a pesar de
que en el último año se han elaborado y dictado
normas que sin duda ralentizarán el aumento de las
emisiones en los próximos años, como la Estrategia
Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010
y su Plan de Acción 2005-2007, la revisión del Plan
de Fomento de las Energías Renovables para el
período 2005-2010, el Plan Nacional de Asignaciones,
la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los
Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, el Plan
Nacional de Reducción de Emisiones, el futuro Plan
de la Minería y el nuevo Código Técnico de la
Edificación (CTE).
España es el país industrializado donde más han
aumentado las emisiones. Con este escenario, es casi imposible cumplir el
Protocolo de Kioto, el principal acuerdo para
proteger el medio ambiente y el clima. Según los
escenarios contemplados en los diversos planes
energéticos, elaborados en la actual legislatura,
para el periodo 2008-2012 las emisiones en España
serán superiores en un 52,64% a las del año base.
Con el nivel alcanzado por las emisiones actuales,
esta cifra podría superarse ampliamente, y deberemos
acudir a los mecanismos de flexibilidad contemplados
en el Protocolo de Kioto.
El Plan Nacional de Asignación de emisiones de CO2
derivado de la aplicación de la Directiva Europea de
Comercio de Emisiones, elaborado por el gobierno
socialista, contempla un escenario de crecimiento de
las emisiones del 24% para ese mismo periodo, es
decir, muy por debajo de la tendencia señalada, pero
estas cifras no se corresponden con los planes
citados, y muy especialmente la Estrategia Española
de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010 y su
Plan de Acción 2005-2007, el Plan de Fomento de las
Energías Renovables para el período 2005-2010 y la
Revisión 2005-2011 de la Planificación de los
Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011. Esta
última, sobre todo, contempla un escenario más
realista dada la dinámica actual, de estabilización
de las emisiones en los niveles de 2005, lo que
incluso va a ser difícil, si no hay las dotaciones
presupuestarias adecuadas y no se reconsidera la
política de transportes y la fiscalidad energética.
El consumo de energía primaria en España ha pasado
de 91,8 Mtep (millones de toneladas equivalentes de
petróleo) en 1990 a 146,19 Mtep en el año 2005 (un
59,25% de aumento). En 2005 la dependencia
energética alcanzó el 79,2%, a pesar de que en la
producción nacional se incluye la energía nuclear.
El grado de dependencia energética fue del 66% en
1990. La Revisión 2005-2011 de la Planificación de
los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011,
aprobada en abril de 2006, estima que el consumo de
energía primaria será de 164,7 Mtep en el año 2011,
con un crecimiento anual del 2% para el periodo
2000-2011. El consumo de carbón disminuiría de 21,35
Mtep en el año 2005 (14,6% del consumo de energía
primaria) a 13,96 Mtep en 2011 (8,5%), el de
petróleo pasaría de 72,48 Mtep en 2005 (49,6%) a
74,55 Mtep en 2011 (45,3%), el gas natural de 29,08
Mtep (19,9%) a 40,53 Mtep (24,6%), la energía
nuclear se mantendría en términos absolutos (de 15
Mtep a 15,1 Mtep) y disminuiría en términos
relativos (del 10,3% en 2005 al 9,2% en 2011), y las
energías renovables deberían alcanzar el 12,5%
previsto en el año 2011, pasando de 8,4 Mtep en
2005, incluida la hidráulica, a 20,55 Mtep en 2011).
Si se cumplen estas previsiones, que ya exigen un
esfuerzo importante en eficiencia y energías
renovables, las emisiones se mantendrán en los
niveles actuales, sin aumentar, pero tampoco sin
disminuir, lo que haría difícil cumplir el Protocolo
de Kioto, y obligaría a adquirir cerca de 100
millones de toneladas de CO2 equivalente al año,
unos 500 millones de toneladas durante el periodo
2008-2012.
En cuanto a los sumideros, con el Plan Forestal en
el mejor de los casos se podrían ahorrar el 2,5%
adicional de las emisiones actuales, y un 7,5% para
el año 2030. El Plan Nacional de Asignación prevé un
2%, cifra realista y alcanzable, y que incluso puede
superarse, dadas las cifras que se van conociendo
del Tercer Inventario Forestal Nacional (1997-2006).
Las consecuencias del cambio climático
El cambio climático global es uno de los problemas
más graves a los que se enfrenta el mundo, y España
en particular, con sus secuelas de olas de calor,
muertes directas por hipertermia y por agravamiento
de otras dolencias, incendios forestales, subida del
nivel del mar, sequías y fenómenos meteorológicos
extremos, como la gota fría y las inundaciones, con
graves daños a la agricultura, los bosques, los
ecosistemas marinos y terrestres, el turismo, los
seguros y las infraestructuras.
El
cambio climático agrava los procesos de
desertificación y erosión, la escasez de recursos
hídricos debida a la deforestación, la
sobreexplotación de acuíferos y una pérdida
generalizada de biodiversidad en las zonas húmedas
costeras y en los bosques.
La temperatura media anual ha subido una media de
1,5º C en el periodo 1970-2000 en España, según
datos del Instituto Nacional de Meteorología, y se
prevé un descenso medio de las precipitaciones del
10%, un aumento de la evapotranspiración, un
descenso del 33% de la humedad del suelo y una
subida del nivel del mar, lo que acarreará graves
trastornos ecológicos, sanitarios, económicos y
sociales. Un estudio científico sobre las
consecuencias del cambio climático en España fue
presentado por el MMA, corroborando los efectos
adversos de la alteración del clima. Tales efectos
tendrán costes económicos hoy inconmensurables, pero
en todo caso muy elevados, algo que conviene
recordar cuando se analizan los posibles costes de
cumplir con el Protocolo de Kioto. El coste de no
actuar sería muy superior.
Alejamiento de Kioto y ligera mejora de la
eficiencia energética
Se afirma, no sin razón, que las emisiones por
habitante en España en 2012, sin la aplicación del
Protocolo de Kioto, serán inferiores a la media de
la Unión Europea de 15 países, pero hay que recordar
que la media española es muy superior, más del
doble, de la media mundial. No obstante, en 2005 las
emisiones por habitante fueron de 10 toneladas de
CO2 equivalente, mientras que las de la Unión
Europea ascendieron a 11 toneladas de CO2
equivalente, un 10% superior a la media española. El
importante aumento reciente de la población
española, a causa de la inmigración, dificulta aún
más el cumplimiento de nuestras obligaciones en el
marco del Protocolo de Kioto y los compromisos con
la Unión Europea.
El aumento en España es muy superior al del resto de
los países europeos, y nuestro sistema energético ha
perdido eficiencia, necesitando más energía, y
emisiones de gases de invernadero, para producir la
misma unidad de PIB, aunque en 2005, por primera vez
desde 1990, ha mejorado la eficiencia. La economía
española ha registrado los peores índices de
intensidad energética y de emisiones de la Unión
Europea, lo que perjudica nuestra competitividad y
agrava el déficit exterior, a causa de la subida del
precio del petróleo y del gas natural, importados en
su práctica totalidad. Las políticas europeas se
orientan hacia desacoplar el crecimiento de la
actividad económica del consumo de energía, tanto
final como primaria, lo que permite aumentar el PIB
y el empleo, disminuyendo al mismo tiempo el consumo
de energía y las emisiones.
Durante muchos años ha habido una ausencia de
políticas de ahorro, eficiencia energética y
promoción de la movilidad sostenible, y las
políticas existentes han incentivado los consumos
energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de
competitividad de nuestra economía, situación que
habrá que subsanar en el futuro. Nuestra obligación
es invertir la tendencia sin dañar el nivel de
actividad y la competitividad, y aprovechar Kioto
como una oportunidad de modernización para nuestra
economía.
Dadas las consecuencias del cambio climático en
España (inundaciones y sequías, desaparición de
playas, incendios forestales, daños al turismo, la
agricultura, la salud y a la diversidad biológica)
el Gobierno ha iniciado una política encaminada a
frenar las emisiones, minimizar el impacto del
cambio climático en España y jugar un papel activo
dentro de la Unión Europea, aunque dicha política
requiere aún de un completo desarrollo para ser
efectiva y corregir la tendencia dominante que se ha
mantenido a lo largo de 2005, sin que aún se pueda
observar corrección alguna de tendencia.
Con el escenario actual, que en 2005 mejoró
notablemente respecto a años anteriores, España
incumplirá el principal protocolo para proteger el
medio ambiente y el clima, aunque por primera vez
las políticas gubernamentales pueden estabilizar
para el año 2011 las emisiones en los niveles
actuales. Lo razonable es ahondar las acciones
emprendidas, lo que implica poner los medios, las
políticas y los presupuestos para cumplir el
Protocolo de Kioto, lo que significa promover las
energías renovables, eliminar los obstáculos al
desarrollo de la eólica marina, mejorar la
eficiencia energética y el transporte colectivo. Esa
es una estrategia de ganar-ganar, o doble dividendo,
porque es buena en términos ambientales (menos
emisiones), tecnológicos (innovación), económicos
(mayor competitividad, menor déficit comercial,
menos compra de derechos) y sociales (más empleo).
La energía eólica en España evitó la emisión
de 15 millones de toneladas de CO2
La generación eólica en 2005 alcanzó la cifra de
20.236 GWh, lo que supuso el 7,78% del total de la
demanda (259.950 GWh), superando por primera vez a
la hidráulica, que ascendió a 19.442 GWh. La
generación eólica ahorró la importación de
combustibles fósiles por valor de 728 millones de
euros durante 2005, y evitó la emisión de 14,7
millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin la
aportación de la eólica, las emisiones habrían sido
un 3,4% más que las registradas, compensando el mal
año hidráulico, a causa de la sequía, la peor del
último siglo.
Dado que la eólica plantea problemas de garantía de
suministro, los gestores de REE han sido reticentes
a su desarrollo, pero hoy la visión que debe
prevalecer es intentar superar las dificultades de
integración de la eólica en el mix de generación,
que las hay, y empezar a desarrollar la eólica
marina, eliminando los numerosos obstáculos que
existen.
El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
El sector de la vivienda y de los servicios
representa más del 40% del consumo final de energía
en la Unión Europea. Con la aplicación de las
medidas de eficiencia energética en los edificios,
se podría ahorrar la emisión anual de 450 millones
de toneladas de CO2 al año, cifra que representa la
octava parte de las emisiones actuales de la UE. La
construcción y mantenimiento de los edificios
consume el 25% de la madera mundial, el 17% del
agua, y el 40% de la energía. Los edificios, tanto
su construcción como su funcionamiento, ocasionan el
32% de las emisiones mundiales de CO2.
La industria de la construcción en un sentido
amplio, desde los arquitectos y promotores, a las
empresas constructoras y los propios usuarios, juega
un papel clave en el avance hacia la sostenibilidad.
El aumento del nivel de vida y el desarrollo
económico ha supuesto la sustitución de los
materiales tradicionales, como adobe, ladrillos,
piedra, madera o bambú, por el acero, el aluminio,
el vidrio y el hormigón. Igualmente ha aumentado el
espacio útil por persona en todos los países
industrializados. Los nuevos edificios prestan
nuevos servicios y comodidades a sus residentes,
pero a costa de un enorme aumento del consumo
energético y de agua.
En España en 2005 se han construido 800.000
viviendas, cifra que multiplica por 10 a las
viviendas terminadas en el Reino Unido, o a la suma
de Alemania, Francia e Italia juntas. Hemos perdido
muchos años, pero precisamente para reducir las
emisiones de este sector difuso, cumplir el
Protocolo de Kioto y mejorar la calidad de vida de
la ciudadanía, el gobierno ha creado el Consejo para
la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la
Edificación (CSICE), como órgano de participación de
las Administraciones Públicas y de los agentes de
edificación, y ha aprobado el nuevo Código Técnico
de la Edificación (CTE), en el que se establecen las
exigencias básicas de calidad, seguridad y
habitabilidad de los edificios y sus instalaciones,
para que el sector de la construcción se adapte a la
estrategia de sostenibilidad económica, energética y
medioambiental, con el fin de que los edificios sean
más seguros, más habitables, más sostenibles y de
mayor calidad.
El CTE (BOE número 74, de 28 de marzo de 2006)
establece medidas que favorecerán el ahorro de la
energía necesaria para la utilización de los
edificios, reduciendo su consumo energético y
utilizando para ello fuentes de energía renovable,
incorporando la obligación de criterios de
eficiencia energética y el uso de energía solar,
térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o en
aquellos que se vayan a rehabilitar.
El CTE establece cuatro exigencias energéticas:
limitación de la demanda energética, con valores
límite para los cerramientos (fachadas, vidrios o
cubiertas); eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación; la exigencia de que la
energía solar para agua caliente sanitaria
represente un aporte obligatorio que variará de un
30% a un 70%; y la contribución de la energía solar
fotovoltaica a la generación de electricidad en los
nuevos edificios del sector terciario.
La implantación de las exigencias energéticas
introducidas en el nuevo CTE supondrá para cada
edificio un ahorro de un 30 a un 40% y una reducción
de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40
a un 55%, mejoras que supondrán un coste adicional
del 1% sobre el precio total, una cifra
perfectamente asumible, y que es el primer paso
importante para reducir las emisiones en el sector
residencial.
Más vale tarde que nunca, pero es lamentable que se
haya tardado tantos años en aprobar el CTE.
Tareas pendientes
En 2005 y en los primeros meses de 2006 se han
producido avances importantes que en el futuro
permitirán estabilizar y posteriormente reducir las
emisiones, pero es mucho lo que queda por hacer, y
sobre todo queremos señalar la necesidad de mejorar
e implicar a todas las administraciones y agentes
sociales, impulsar una reforma ecológica de la
fiscalidad y la adopción de medidas encaminadas a
promover la movilidad sostenible.
El Plan Estratégico de Infraestructuras de
Transportes (PEIT) contradice los esfuerzos
iniciados para intentar cumplir el Protocolo de
Kioto por parte del gobierno socialista. En el 2010
el transporte supondrá cerca del 40% de las
emisiones de CO2. Las medidas en el sector del
transporte en España son insuficientes, pues la
política real sigue siendo la de favorecer el
transporte por carretera de mercancías y de viajeros
y el uso del automóvil y el camión.
El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos,
y algunos programas para emplear gas natural y sobre
todo biocombustibles, reducirán en un porcentaje
pequeño el aumento previsto de las emisiones. La
reducción de los consumos unitarios de los
vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de
utilizarlos, es necesaria pero insuficiente. Tanto o
más importante es la reorientación hacia los modos
más eficientes, como el ferrocarril, el transporte
público y los modos no motorizados, y las
actuaciones encaminadas a la gestión de la demanda y
la moderación de la movilidad.
La política municipal debe ir encaminada a reducir
la demanda, promoviendo la ciudad mediterránea
densa, compacta y con mezcla de actividades, con
barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén
próximos en el espacio, aminorando la segregación
espacial y social de las ciudades, y limitando el
crecimiento de las grandes áreas metropolitanas.
El
planeamiento urbanístico y territorial debe ir
encaminado a promover la mezcla de actividades, y no
la segregación, y a posibilitar la movilidad en
transporte público, evitando los crecimientos
urbanos y turísticos que consumen gran cantidad de
espacio.
El ferrocarril debería elevar su participación,
hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías y el
25% de viajeros antes del año 2011. Tal participación puede alcanzarse, pero para
ello se requiere una clara voluntad política,
materializada en las inversiones necesarias para
mejorar el conjunto de la red, la seguridad, la
gestión y los servicios, elevando las tarifas en una
proporción inferior al del Índice de Precios al
Consumo.
Una política decidida, clara y bien estructurada,
para reducir la necesidad de desplazarse y para
orientar la demanda hacia los modos más eficientes
de transporte, significaría una sensible reducción
del consumo de energía, de la contaminación
atmosférica y del ruido, menor ocupación de espacio,
reducción del tiempo empleado en desplazarse, menor
número de accidentes, inversiones más reducidas en
la infraestructura viaria y una mejora general de la
habitabilidad de las ciudades.
José Santamarta y Joaquín Nieto
Convenio La Insignia / Rel-UITA
24 de abril de 2006
Volver
a Portada
